Yolanda Díaz propone bonificar también el aumento de horas en los contratos parciales para atraer a CEOE a la reducción de jornada
El Gobierno mantiene la esperanza de sumar a la CEOE a un acuerdo tripartito, con los sindicatos, para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas pese a la persistente negativa de la patronal de llevar a término la medida mediante una modificación legal del Estatuto de los Trabajadores. En el último intento para seducir a los empresarios, el departamento dirigido por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, propuso este viernes bonificaciones también para el aumento de horas de los contratos a tiempo parcial que se efectúen como producto de la reducción del tiempo de trabajo por ley y además planteó también como novedad que el endurecimiento en el registro horario que se propone como uno de los puntos del conjunto de la normativa tenga singularidades en función de los sectores y la diversidad de las relaciones laborales.
Las medidas se suman de este modo al pliego de concesiones que viene desplegando el Ministerio de Trabajo en las últimas semanas con las cuales pretende sumar a la patronal dirigida por Antonio Garamendi pese a la negativa de la organización. Entre ellas, las bonificaciones en la cotización para los nuevos contratos indefinidos, a tiempo completo o a tiempo parcial, que las empresas de menos de 10 trabajadores tengan que realizar como producto de la reducción de jornada, para cubrir los huecos que se generaran. Las nuevas bonificaciones para el aumento de horas en los contratos a tiempo parcial ya vigentes también se circunscribirían a estas compañías de menos de 10 trabajadores.
Sin embargo, tal y como señalo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey a la salida de la última reunión mantenida con los negociadores de CEOE y Cepyme, y de los sindicatos UGT y CC.OO. queda abierto a propuestas de las organizaciones el nivel de las bonificaciones aplicable. «Hemos cuantificado rangos», señalaba el número dos de Trabajo sobre este punto instando a las empresas y sindicatos a realizar propuestas sobre la medida. Si bien, especificó que no serán las mismas cuantías bonificables por un incremento de horas de un contrato a tiempo parcial que por la nueva contratación.
En este sentido, tal y como avanzaba ABC recientemente sobre la anterior propuesta de bonificaciones que viene recogida en el denominado como ‘Plan PYME 375’, el Gobierno quiere que estos contratos nuevos salgan de forma preferente de entre los 2,5 millones de parados registrados en el SEPE, especialmente mayores de 52 años, mujeres y jóvenes. Cuestión que reiteraba este viernes el secretario de Estado de Trabajo asegurado que la medida debe constituir un incentivo para la creación de empleo.
Desarrollo reglamentario del registro horario
Paralelamente al registro horario que se aplicaría con singularidades en función de los sectores -una de las quejas de la patronal era que este control no se puede hacer de forma homogénea sobre todas actividades y tipos de relación laboral-, el Gobierno anunció que ya ha convocado a un grupo de expertos para trabajar en el desarrollo reglamentario de este registro horario diferenciado. Si bien, también aseguraba que el nuevo control, que será digital, «no manipulable» y al que tendría acceso directo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también tendrá un reflejo legal en el Estatuto de los Trabajadores, con lo que se reformaría en dos niveles.
Apuntaba el Ministerio de Trabajo que esta medida da respuesta a una de las exigencias de UGT, que ha llevado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales el incumplimiento normativo del control de las horas extraordinarios y de la debida mejora retributiva de las mismas.
«El registro tiene que ser electrónico, que no sea manipulable, que sea interoperable por la Inspección y que tenga en cuenta de las singularidades de algunas relaciones laborales o sectores productivos», explicaba Pérez Rey al término de la reunión en que aseguró que estos tendrán que tener una regulación de registro especifica. Es en este punto donde el Gobierno concreta que la medida del registro horario formará parte de la alteración normativa del Estatuto de los Trabajadores que devenga de la reducción legal a 37,5 horas de jornada de trabajo máxima semanal.