Unidas Podemos presenta la «ley desokupa» para que el Govern pueda perseguir el acoso inmobiliario

La coordinadora del partido en Baleares asegura haber sido acosada y amenazada tras ser señalada por el dueño de la empresa Desokupa

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) –

La diputada del grupo mixto en el Parlament y representantes de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha presentado este lunes la que ha bautizado como «ley desokupa», con la que pretende dotar al Govern de un mecanismo sancionador con el que perseguir el acoso inmobiliario y la discriminación en el acceso a la vivienda.

Según ha informado el partido en un comunicado, la proposición de ley pretende modificar la Ley de Vivienda autonómica para incluir el citado mecanismo, con el que también se pretende sancionar el incumplimiento por parte del arrendador de hacerse cargo de los gastos de gestión inmobiliaria.

Esto, han indicado desde el partido morado, permitirá perseguir las prácticas de empresas como Desokupa, que, a su juicio, «se dedican a ejercer el acoso inmobiliario y a realizar desalojos extrajudiciales para expulsar a familias vulnerables de sus casas».

La propuesta legislativa define el acoso inmobiliario como «toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de la vivienda con el fin de perturbarlo en el uso y disfrute pacífico de éste, incluso generándole un entorno material social, personal o familiar hostil o humillante, especialmente si esta conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupando a desalojar la vivienda».

También facilitará ir tras otras formas «más sutiles» para ejercer este acoso por parte de los arrendadores, como no hacerse cargo de las reparaciones de forma reiterada, la manipulación de los precios o la perturbación del uso de la vivienda sirviéndose de terceras personas, entre otras casuísticas.

Según el texto legislativo, este tipo de conductas, siempre que no incurran en un delito penal, serán tipificables y sancionables por parte del Govern. En el caso de que se pruebe el acoso inmobiliario a una persona en situación de vulnerabilidad, los infractores podrían ser sancionados económicamente y con la obligación de reponer al afectado el uso de la vivienda.

Además, según ha explicado Gómez este lunes, presentará una enmienda a los presupuestos autonómicos de 2025 para convertir «el chiringuito de la oficina antiokupación» –propuesto por el grupo parlamentario de Vox– en una oficina contra el acoso inmobiliario para que «el presupuesto de vivienda se destine a proteger a la parte más débil, la arrendataria».

AMENAZAS Y ACOSO POR PARTE DEL DUEÑO DE DESOKUPA

Por otro lado, tanto Gómez como la coordinadora de Unidas Podemos en Baleares y regidora del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, han lamentado que los agentes de la policía local de Es Castell (Menorca) hayan recibido formación por parte de uno de los instructores del Club Desokupa, una compañía vinculada a Desokupa –su dueño es la misma persona, Daniel Esteve– que ofrece formación en técnicas policiales y de autodefensa tanto a fuerzas de seguridad como a civiles.

«No podemos entender que a empresas como Desokupa, que se dedican a ejercer acoso inmobiliario, se les dé voz y se le financie a través de formaciones a la policía», ha dicho Muñoz. Está previsto que Gómez, en el pleno de este martes, pregunte sobre este tema a la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas.

Ambas, han explicado, han sido supuestamente demandadas por el instructor, a lo que se le suma otra de Esteve contra Muñoz. No obstante, el partido no ha recibido notificación de estas acciones judiciales.

A raíz de esto, ha explicado la coordinadora autonómica de Unidas Podemos, el dueño de Desokupa ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se refiere a ella como «la retrasada podemita» y anima a sus seguidores a acudir a su perfil porque «necesita amor, se siente sola».

Desde entonces –el vídeo fue publicado el 28 de octubre– la regidora municipal ha sufrido «miles de comentarios de odio», ante los que, ha lamentado, no ha recibido «ni una sola muestra de solidaridad» por parte del Parlament ni de los medios.