una trasposición, un aval y un texto «literal» al de Rajoy

La parte socialista del Gobierno de España podría haber explicado que la reforma que beneficiará a decenas de etarras condenados es buena, así como que no tiene sentido que un preso de ETA cumpla 20 años de cárcel en Francia y otros 30 si el límite aquí son 30. Se trata de una posición política acertada o equivocada, pero defendible. Sin embargo, de momento, se están poniendo de perfil. Es más, Pilar Alegría ha hecho tres trampas explicando el asunto en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. ¿Es realmente una «mera trasposición»? ¿Lo avaló el Consejo de Estado? ¿Es lo mismo que aprobó el Ejecutivo de Rajoy?

«Estamos delante de una transposición de una normativa europea al Estado español, una transposición de una normativa europea a nuestro país», decía ante los medios de comunicación la ministra portavoz. Unas palabras que no son exactas. Es cierto que la ley sí es una trasposición, sin embargo, la enmienda que coló Sumar en la que se adelanta la salida de prisión de los etarras, no lo es.

La segunda trampa llega cuando asegura que la norma cuenta con el aval del Consejo de Estado. «Lo primero que tenemos es un informe del Consejo de Estado el 16 de diciembre de 2023 en sus páginas 53-54, un informe -como digo- que avala por unanimidad esta ley». La clave en este caso está en la fecha, puesto que el aval existe, pero llegó antes de la famosa enmienda. En definitiva, lo ratificado no tiene nada que ver con lo que se ha aprobado finalmente.

Más tarde, Alegría ha subrayado que «este texto que se va a aprobar en el Senado es literal, óiganme bien, literal al texto que aprobó el Gobierno del PP, del señor [Mariano] Rajoy, aquí en Consejo de Ministros del año 2014. Literal». Otra trampa. Se trata del mismo que texto que aprobó el expresidente antes de que lo cambiara.

El Ejecutivo del popular aprobó el texto, no obstante, cuando se dieron cuenta de que los asesinos de ETA iban a ser beneficiados mediante ese cambio legal lo arreglaron. De hecho, lo corrigieron en el Senado. Cámara Alta en la que ahora los de Feijóo cuentan con mayoría absoluta y se la que se están prestando para tratar de enmendar su «error» aplazando la votación a la próxima semana, mientras culpa al Gobierno de «tetra parlamentaria».

A pesar de las trampas de Alegría, a lo que sí se puede agarrar el Ejecutivo de Sánchez es a que un Tribunal de la Audiencia Nacional pidió hace meses a Europa que aclarase de una vez qué tenía que hacer con las condenas de los etarras. En concreto, por una etarra que iba a pasarse 20 años encarcelada en Francia y otros 30 en España.

Se trata del caso de la etarra Soledad Iparaguirre Amboto sobre el que dos magistrados del tribunal español plantearon una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE en la que decían que se podía producir una desproporción punitiva. Es la primera vez que un tribunal español cuestionaba esta normativa que impide que un preso condenado a penas en país de la UE que no son España luego pueda descontar esas penas en las que tiene pendientes en España.