Una asociación de la Comisión Islámica de Melilla denuncia presuntas «irregularidades» en la gestión de las subvenciones

MELILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) –

La asociación Comunidad Musulmana de Melilla ha denunciado ante la Fiscalía a la Comisión Islámica de Melilla, (CIM) federación religiosa a la que pertenecía dicha asociación hasta el 17 de octubre, por presuntas «irregularidades» en la gestión de subvenciones que recibe de organismos públicos y por un caso en el que «supuestamente» exigieron a un imam de mezquita marroquí 6.000 euros para darle de alta en la Seguridad Social y así conseguir documentación española.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press, el imam (persona que da los sermones en las mezquitas musulmanas) le citó para informarle sobre un problema documental relacionado con su esposa, residente en Marruecos. En una reunión celebrada en una cafetería en la entrada del puerto, el imam le compartió detalles sobre conversaciones con miembros de la CIM, quienes le propusieron ser dado de alta en la Seguridad Social a cambio de un pago total de 6.000 euros.

Según ha expuesto el presidente de la Comunidad Musulmana Mohamed Ahmed Moh en su denuncia presentada ante la Fiscalía, el imam le habría confirmado que, efectivamente, fue dado de alta y que se le exigió un primer pago de 2.000 euros. Este pago se realizó en tres partes, incluyendo 1.000 euros en efectivo y otros 1.000 en una segunda ocasión. Posteriormente, el religioso le comunicó que se le exigió preparar otros 4.000 euros, bajo la alegación de que esta cantidad debía ser.

Mohamed Ahmed Moh ha considerado que estos hechos «evidencian irregularidades graves en la gestión de las subvenciones públicas», motivo por el que ha llevado el caso a la Fiscalía en su calidad de presidente de la asociación Comunidad Musulmana de Melilla.

El presidente de la asociación al representante del Ministerio Público una investigación detallada sobre el origen del pago a la Seguridad Social y ha cuestionado la necesidad de la firma del contrato. También ha planteado interrogantes sobre la posible discriminación en la contratación de imames en la ciudad, sugiriendo que podrían existir irregularidades o indicios de delito en este proceso.

Finalmente, ha expresado su inquietud sobre las razones detrás de la exigencia del pago de 6.000 euros y ha manifestado su sospecha sobre el destino de los 2.000 euros entregados. En su calidad de representante de la Comunidad Musulmana de Melilla, ha decidido trasladar estos hechos a la Fiscalía «para que se tomen las medidas correspondientes».