un novio fraudulento, un bulo de Ayuso y un correo filtrado
Un novio fraudulento, un bulo de Ayuso y un correo electrónico filtrado a los medios. Son los tres ingredientes de una investigación inédita que este miércoles ha abierto el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todo por un presunto delito de revelación de secretos que habría cometido el jefe de los fiscales al filtrar un email entre la Fiscalía de Madrid y la defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Aunque, por el momento, se desconoce quién facilitó estos mensajes a la prensa, la gestación de este asunto sin precedentes está clara. Esta es la cronología.
Todo arranca hace unos meses cuando la Fiscalía autonómica madrileña presenta el 7 de febrero de una denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y cinco personas más, por un delito de fraude tributario y otro de falsedad documental mercantil. Lo hace tras una larga investigación iniciada a raíz de que Hacienda detectase movimientos sospechosos en las sociedades de González Amador al que se le acusa de haber defraudado centenares de miles de euros.
No es hasta más de un mes después que la noticia sale a la opinión pública y empieza a copar titulares. Es entonces cuando la presidenta madrileña y su gabinete inaugura una estrategia de defensa de dudosa moralidad. Primero, fue Ayuso quien apenas horas después de conocerse la noticia denuncia que se trata «una inspección fiscal salvaje» contra su pareja con el fin de «desestabilizarla». De hecho, llegó a calificar el asunto de «un caso turbio de todos los poderes del Estado».
En cambio, fue su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.A.R., quien difundió el gran bulo. El popular sostenía que había sido el Ministerio Público quien había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador. Un información falsa de la que se hizo eco ‘El Mundo’, al publicar un correo electrónico que enviaba el fiscal especialista en delitos económicos Julián Salto al abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira.
En este correo, Salto explicaba al letrado defensor que «no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible» el hecho de que se «haya denunciado a otras personas». A ojos de Ayuso y sus asesores, el ofrecimiento del Ministerio Público -falso- correspondía a un chantaje político.
Es cierto que el fiscal escribe estas líneas, sin embargo, la información publicada por ‘El Mundo’ aparece descontextualizada. Tal y como pudo confirmar laSexta en la medianoche del 13 al 14 de marzo, después de que ‘La Ser’ adelantara la información con algunos textuales, fue el letrado de González Amador quien, en un email enviado previamente a la Fiscalía de Madrid, el que admite la comisión de dos delitos por parte de su defendido y ofrece un pacto al Ministerio Público.
Ante la presión mediática, pues todos los periodistas pretendían confirmar cuál era la verdad entre tanto confusión, la misma Fiscalía de Madrid se ve obligada a emitir un comunicado durante la mañana del 14 de marzo. En este escrito, recapitula lo sucedido desde el 23 de enero cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abre diligencias sobre este asunto -a raíz de un escrito-denuncia de la Agencia Tributaria-, hasta el 12 de marzo.
Ese día, subraya el documento, «el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado del González Amador ‘para facilitarle el derecho de defensa'». En este correo, además, Salto le reitera que «la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal». Se trata del correo que se publica de forma tergiversada.
A raíz de este comunicado y días después -el 18 de marzo- el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) anuncia la presentación de denuncia contra la Fiscalía por delitos de violación del secreto e inviolabilidad de custodia del documento. Jornadas después era González Amador quien se querellaba también contra el Ministerio Público y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) .
Ya en el mes de mayo el magistrado Francisco José Goyena del TSJM acepta esta querella, que en julio envía al Tribunal Supremo pues la investigación practicada apuntaba al fiscal general del Estado. Argumentaban que «la nota [de la Fiscalía Provincial de Madrid] podría haber tenido otro formato y contenido que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse». En esa línea, el juez instructor consideraba que la información dada «excedía» a la que habían publicado los medios de comunicación.
Ahora, este mismo miércoles, se ha conocido que el Tribunal Supremo ha admitido por unanimidad la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Una decisión que toma, eso sí, bajo la tesis de la Fiscalía que ya rechazó imputar a García Ortiz.
En esa línea, el alto tribunal considera que la publicación de la nota de prensa, así como su contenido, no conlleva la comisión de ningún delito, pues «no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos». No obstante, sí que observa que «horas antes de la nota de prensa», los correos entre el fiscal Salto y el abogado Neira «fueron revelados, estando los mismos en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial».
En definitiva, ahora lo delictivo no se encuentran en torno al comunicado de la Fiscalía contra el que se querellaron tanto González Amador como el ICAM, sino en quién filtró esos correos electrónicos entre Ministerio Público y la defensa letrada. Cuestión que no será fácil de aclarar ya que ese primer correo con fecha del 2 de febrero que Neira envía y en el que admite los delitos cometidos por su cliente y se ofrece un acuerdo llega a un correo genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía, que más tarde se remite a la Fiscalía Provincial, a la Autonómica y a la General.
Este extremo conlleva a que estos correos estuvieron en manos de hasta una treintena de personas. Si a eso se suma que los periodistas a los que llegaron esos emails pueden acogerse al derecho de información y al secreto profesional va a ser complicado saber quién filtró el correo y por tanto responsabilizar a alguien de ello.
A pesar de que la imputación de García Ortiz no es estrictamente oficial, pues tiene que ser llamado por el alto tribunal a declarar con esa condición, por lo que se trata de un trámite inminente e inevitable, el fiscal general ha descartado dimitir. En un comunicado difundido tras conocerse la noticia ha afirmado que va a seguir al frente de la institución y que va a abrir un periodo de reflexión para abordar esta situación para el que ha convocado este jueves a la Junta de Fiscales.
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