UGT demanda a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que la vivienda sea un derecho

«Esta demanda es una demanda contra el Reino de España y, por tanto, es una demanda que implica a todas y cada una de las administraciones competentes en esta materia, que no es sólo el Gobierno del Estado, sino que fundamentalmente lo son las comunidades autónomas y lo son los ayuntamientos en nuestro país», ha explicado Álvarez.

El dirigente sindical ha subrayado que, en la medida en que la Carta Social Europea mantiene el derecho a la vivienda como un derecho propio de los ciudadanos de la UE en los países adheridos a este tratado, UGT pretende con esta reclamación que se pueda ejercer el derecho a la vivienda ante las administraciones públicas españolas competentes.

«Hemos decidido impulsar iniciativas jurídicas para que se pueda ejercer este derecho en nuestro país, que se encuentra claramente amenazado», ha afirmado por su lado Luján, que ha denunciado que sólo el 2,5% de la vivienda que se construye en España es vivienda social.

La reclamación del sindicato, de 64 páginas, expone que España incumple lo establecido en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada que establece la vivienda como un derecho.

«Nuestra Constitución recoge como un derecho en su artículo 41 el derecho a la vivienda. Sin embargo, no ha sido un derecho que se haya podido ejercitar, sino que se ha convertido en un principio rector de la política económica y social en nuestro país (…) Nosotros, con esta reclamación, queremos cambiar el paradigma del derecho a la vivienda en nuestro país para que deje de ser política de vivienda y se convierta en un derecho a la vivienda», ha explicado Luján.

El vicesecretario general del sindicato ha señalado que si la reclamación prospera, el derecho a la vivienda «será un derecho que se podrá implorar, que se podrá pedir ante los tribunales en el momento en que cualquiera de las Administraciones Públicas niegue a las personas este derecho». Luján ha criticado que la Ley de Vivienda puesta en marcha por el Gobierno de coalición «no tiene mandatos imperativos», pues se utilizan demasiado verbos como «favorecer, impulsar, fomentar, contribuir o, sobre todo, podrán».

«No hay nada imperativo, se están marcando principios que podrán ejercitarse o no, pero desde luego que no llevan aparejados el ejercicio efectivo de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda», ha denunciado. Más allá de esta reclamación, Pepe Álvarez ha argumentado que España necesita «más acuerdo entre las administraciones competentes y menos debate» sobre cosas que no llevan realmente al fondo del problema de la vivienda.

En ese sentido, ha defendido como «absolutamente necesario» un gran acuerdo entre las administraciones competentes. «En pocos temas en nuestro país están tan fragmentadas las competencias como es el caso de la vivienda y, por tanto, requerimos ese esfuerzo de consenso, ese esfuerzo de acuerdo para que, repito, a corto, a medio y a largo plazo, este problema no se convierta en un problema gravísimo desde el punto de vista social», ha afirmado Álvarez.