Tres de cada cuatro empleados públicos de la Junta son mujeres

En su intervención, González Gago ha definido como «esencial» el hecho de que cada persona asuma la responsabilidad de fomentar un ambiente de respeto y colaboración en su entorno laboral: «Estoy convencido de que, juntos, podemos construir una administración pública más inclusiva, donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas».

Aunque, tal y como ha señalado el consejero de la Presidencia, «la importancia de la mujer en la Administración autonómica no es una cuestión cuantitativa, sino que la aportación de todas las personas es fundamental para seguir incrementando la calidad de nuestros servicios públicos y mejorando el grado de satisfacción de los ciudadanos». Los datos que arroja el registro de personal de la Junta de Castilla y León son reveladores para tomar conciencia de lo esencial que es el trabajo de las empleadas públicas en esta organización.

Actualmente, más del 73 % de los casi 95.000 empleados públicos de la Junta son mujeres (casi 69.000), y el 27 % restante son hombres (casi 26.000). Para poner en contexto estos datos en el panorama nacional, conviene revisar el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de enero de 2024, donde se recoge que las mujeres representan en el conjunto de las administraciones públicas algo más del 59 % del personal; en las administraciones autonómicas el 69 %, y en la Administración del Estado no llega al 32 %.

En el ámbito de los puestos de responsabilidad, es decir, aquellos iguales o superiores al de Jefatura de Servicio o asimilados, las mujeres ocupan algo más del 50 % de dichos puestos, en una cantidad ligeramente superior a los hombres (268 mujeres frente a 263 hombres), por lo que se puede decir que la Junta de Castilla y León ha alcanzado la plena igualdad en su cobertura.

El sector de la Junta de Castilla y León donde hay más presencia de empleadas públicas es el de la Sanidad: más del 79 % de los profesionales sanitarios son mujeres. En el ámbito de la docencia, el porcentaje ronda el 72 %, mientras que, en la Administración General, hay más de un 64%.

La importancia del peso de la mujer también está presente en el acceso a la función pública. Por ejemplo, en las últimas convocatorias de plazas de cuerpos generales (tanto en la modalidad de libre acceso como en la de promoción interna), el porcentaje de solicitudes de mujeres es de casi el 75 %, y el de las que logran acceder a una plaza es del 69 %.

Por último, en materia de aprendizaje y formación, la participación de las mujeres también supera a la de los hombres. Así se refleja en los últimos datos del Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, donde se comprueba que más del 70 % del alumnado del Plan de Formación General son mujeres, y más del 62 % en el caso del Plan de Formación Sectorial.

La preponderancia de la mujer en el empleo público autonómico de Castilla y León, tanto en relación con el Estado como con otras administraciones públicas, no se debe a una casualidad. La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección General de Función Pública, trabaja cada día de forma más intensa para lograr que el entorno laboral de la Junta de Castilla y León sea más inclusivo, igualitario y libre de discriminación o violencia.

El Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025 de la Junta de Castilla y León, actualmente vigente, es producto de una larga trayectoria de políticas de igualdad, que comienza con la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 2003. Esta norma legal, la primera de la Unión Europea a nivel regional, ya preveía elementos como la solicitud del permiso de paternidad, o la introducción de cuestiones específicas relacionadas con la mujer en el temario de las oposiciones.

Dentro de este Plan Estratégico, la Consejería de la Presidencia desarrolla dos líneas fundamentales en relación con la igualdad en el empleo público: el I Plan de Igualdad y el Plan de Formación de la ECLAP.

El Plan de Igualdad, de 2021, se aplica a todo el personal al servicio de la Administración General, instituciones sanitarias y personal docente de los centros públicos. Como ha señalado González Gago, «este plan se fundamenta en los principios básicos de igualdad entre mujeres y hombres, transversalidad, participación, seguimiento y mejora continua, comunicación no sexista, flexibilidad y adaptación a la diversidad de circunstancias de los distintos sectores y categorías».

Dentro de este Plan de Igualdad, el consejero ha anunciado que, desde hoy mismo, se encuentra habilitado un nuevo buzón específico en línea en materia de igualdad en el empleo público, destinado a recoger las propuestas de mejora que las empleadas y empleados públicos quieran trasladar para seguir promoviendo la plena igualdad entre hombres y mujeres en la Junta. Gracias a este buzón, también se podrán comunicar quejas sobre posibles situaciones de discriminación, de forma anónima, para la posible aplicación de las medidas de mejora y/o correctivas que procedan.

En cuanto al Plan de Formación de la ECLAP, este año 2024 se han convocado 14 cursos incluidos en el área de igualdad, con cerca de 1.000 plazas. Estas cifras representan sendos aumentos del 55 % y del 81 % en la oferta de cursos de este tipo y de sus plazas, respectivamente, respecto a 2023. Esta oferta ha recibido un alto número de solicitudes, hasta las 2.245, un 62 % más que las recibidas en 2023.

Por último, González Gago también ha querido hacer un breve repaso a la normativa aprobada por la Junta de Castilla y León en los últimos años en materia de igualdad en el empleo público, entre la que destaca el Decreto-Ley de 2023 que establecía la jornada laboral de 35 horas semanales para empleados públicos, que, según el consejero, «es una de las medidas más destacables de este Gobierno en materia de conciliación de la vida personal, familiar y social con el trabajo».

Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Función Pública, que hizo público la Junta de Castilla y León el mes pasado, recoge la ampliación del permiso de maternidad para las empleadas públicas hasta la semana 37 del embarazo, o hasta la semana 35 en casos de embarazo múltiple, un permiso que actualmente comienza en la semana 39. Asimismo, este anteproyecto reconoce la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de los órganos de selección para el acceso al empleo público.