Sevilla limita al 10% las viviendas turísticas tras salvar Vox la votación plenaria y rechaza así la moratoria

La posible implementación o no de una moratoria ha sido objeto de reproches entre PP y Vox, por un lado, y PSOE y Con Podemos-IU por otro

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) –

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la limitación de las viviendas de uso turístico (VUT) a un máximo del diez por ciento sobre el total en cada uno de los 108 barrios de la ciudad, una medida con la que el Gobierno local pretende «frenar en seco» las licencias para pisos de esta naturaleza en zonas «saturadas» como el casco histórico o Triana.

Este punto del orden del día ha contado con el apoyo del Grupo Municipal de Vox, y el rechazo del resto de la oposición, después de que en la sesión plenaria de junio votaran en contra, con demanda de una limitación «más dura y ambiciosa», y con el aviso por parte de PSOE y Con Podemos-IU de que esta norma permitirá 23.000 viviendas turísticas más en aquellos barrios no considerados como saturados.

El Gobierno local, como ha venido insistiendo estos días atrás, asegura que, «como mucho», el texto posibilitará que existan 7.000 viviendas más, esgrimiendo para ello que hay que ajustar «todo lo que tenemos encima de la mesa». El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha afirmado al respecto que esta propuesta es fruto de muchas reuniones y «no es un atentado al interés general sino al bloqueo permanente del PSOE».

Esta norma es un «paso más» para compatibilizar el secor turístico –que aporta un 25% del PIB de la ciudad– con la convivencia vecinal». «Nuestro compromiso con esta regulación es total. No pudimos sacar adelante esta norma en junio con todo el dolor de nuestro corazón», ha añadido De la Rosa.

El concejal socialista Francisco Páez ha afeado a Vox que den su apoyo a la iniciativa porque «les han comprado el voto con cuatro obras que les han dicho que van a hacer». Desde este Grupo Municipal han vuelto a pedir una moratoria, «como han hecho en Madrid, Málaga o Valencia, que no son, precisamente, socialcomunistas».

La portavoz de Vox ha justificado el voto favorable en el hecho de que el Gobierno local haya aceptado dos de las tres propuestas que su formación ha planteado: «habrá un límite más reducido en otras zonas de la ciudad y no proliferarán estas viviendas en los 15 barrios más saturados».

Por último, desde la coalición de izquierdas, su portavoz, Susana Hornillo ha hecho alusión a la protesta ciudadana que a esa hora se desarrollaba en la Plaza Nueva en contra de esta norma –«hay una buena montada ahí abajo»– y ha interpelado a De la Rosa a que «deje de mentir» puesto que Sevilla «no es la primera ciudad andaluza en aplicar esta limitación y la moratoria no es ilegal; no en vano, la alcaldesa de Granada y compañera suya de partido ya lo ha hecho».

Además, ha avisado que según el expediente que consta en el informe presentado por el Gobierno local se permite hasta 32.400 viviendas de esta naturaleza. «Si en estos momentos hay 9.695 inscritas en el Registro Oficial de la Junta, se podrían dar hasta 22.705 licencias más, las 23.000 que venimos señalando».

El equipo de gobierno del PP, en minoría, presentó en julio un nuevo documento que incorporaba a la regulación la revisión del número máximo de pisos turísticos en las zonas de ‘alto esfuerzo familiar’ –donde se invierte más del 30% del sueldo en la vivienda–, en las zonas acústicamente saturadas y las patrimoniales; así como una revisión trimestral de los porcentajes de viviendas turísticas respecto a las residenciales.

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AVVA Pro) asegura que esta norma supone una «solución parcial» que no resuelve el impacto del turismo masivo, «pues hay otras modalidades de alojamiento que continúan creciendo». Aun así, desde este colectivo se valora «este paso adelante».

OTRAS MEDIDAS CONTEMPLADAS

El Gobierno municipal, a la espera de la aprobación de esta norma, había anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas en aras de incrementar el control y la reducción de viviendas de uso turístico. La primera de ellas, la solicitud a la Junta de Andalucía para la descalificación de 715 viviendas de uso turístico inscritas con posterioridad a marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU, remitida el pasado día 1 de julio.

También se ha impulsado un sistema para detectar viviendas de uso turístico ilegales a través del cruce de datos de inspección con la Consejería de Turismo y aplicar también la disciplina urbanística en colaboración con la Junta. Otra de las medidas son la apertura de un canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas y la puesta en marcha de un Plan de Inspección con Policía Local y Adscrita sobre viviendas turísticas ilegales.

Asimismo, desde el Consistorio se aplicará también normas disciplinarias en colaboración con Emasesa, así como un aumento del IBI, tasas de basura y precio del agua. Se asignarán, además, inspectores de la Gerencia de Urbanismo a las inspecciones de las viviendas de uso turístico con un plan específico.