Saiz defiende su propuesta de flexibilizar las bajas laborales
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes que su propuesta de reformar las bajas laborales para flexibilizar la reincorporación «busca ampliar derechos» y ha negado que sea por motivos económicos.
«La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable», ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, en la que ha insistido en que su propuesta de reincorporación flexible sería voluntaria, aplicable en algunos casos y siempre con supervisión médica.
Saiz ha asegurado que se trata de un tema «recurrente» y que se está en una fase inicial en la que se escuchará a los agentes sociales y otros expertos para intentar adaptar la incapacidad temporal a las nuevas realidades sociales y laborales.
«No es una cuestión económica, es ampliar derechos y avanzar en justicia social», ha insistido la ministra de Seguridad Social, que planteó en la víspera su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral.
Sobre el rechazo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a esta idea, Saiz ha respondido que se trata de competencias de su Ministerio, pero que buscará el consenso con todas las partes.
Pide un debate prudente y sensato
La titular de Seguridad Social se ha pronunciado también sobre este debate a su salida de un desayuno informativo en Pamplona y ha pedido abordarlo en la mesa del diálogo social y de forma «muy prudente y muy sensata, porque en el centro está la salud de los trabajadores».
«No es un anuncio de ninguna medida, sino que es el inicio de un debate», ha aclarado tras el evento de la Confederación Empresarial Navarra (CEN). De hecho, ha comentado que el presidente de esta organización, Manuel Piquer, ha acogido la propuesta «de manera muy favorable».
Más tarde, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha aplaudido también la propuesta. «Nos gusta el modelo», ha afirmado a los medios. «Yo creo que negar la mayor o lo contrario, así porque sí, es negar el espacio al diálogo social que nosotros reclamamos permanentemente».
Igualmente, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado «absolutamente de acuerdo» con el planteamiento, mientras Pimec, organización empresarial de pequeñas y medianas empresas en Cataluña, ha urgido a incorporar la medida de manera «inmediata».
Desde Pamplona, la ministra de Seguridad Social ha señalado que la incapacidad temporal «un derecho por el que las empresas deben de velar» y ha vuelto a poner como ejemplo algunas situaciones en las que sea conveniente esa flexibilidad, como una persona que realiza varias actividades, unas físicas y otras no, que pueda reincorporarse solo a la que le sea posible y «siempre desde la decisión personal y la supervisión médica».
Preguntada de nuevo por las dudas de Yolanda Díaz, Saiz ha afirmado: «Las opiniones vertidas lo que hacen es manifestar y confirmar que es un tema recurrente y que es muy interesante abrir este debate».
Montero también quiere dar «una oportunidad al diálogo»
También la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido dar «una oportunidad al diálogo» para discutir la propuesta de Inclusión. Considera «muy importante abordar debates de esta profundidad» y se sorprende del rechazo inicial de los sindicatos y su socio de gobierno, Sumar, antes de sentarse a concretar.
El año pasado se concedieron en España más 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, un 11,3 % más que el año anterior, y representaron un impacto para las empresas de 25.326 millones, un aumento del 17,65 % respecto a 2022, según los datos del último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
En los cinco últimos años, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado un 73,9 %, algo que responde al incremento de los procesos de baja, pero también al crecimiento generalizado de los salarios y de la población protegida consecuencia de la mejora del empleo.
Del impacto total derivado de estos procesos el pasado año, 13.081 millones (16,2 % más) respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 millones (19,26 % más) fueron el coste directo para las empresas.