Reúnen firmas para pedir solución a empleados marroquíes que cotizaban en Ceuta antes del cierre de la frontera

CEUTA 3 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Asociación de Consumidores Halal (Acoha) de Ceuta, representativa entre la comunidad musulmana, ha reunido 200 firmas para pedir soluciones al Gobierno sobre los empleados marroquíes que cotizaban en Ceuta y desde el cierre de la frontera no han podido regresar al territorio español para reclamar sus correspondientes prestaciones de la Seguridad Social.

La entidad ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle la situación y solicitarle que se facilite el retorno a Ceuta de los afectados. También a Melilla, donde se dan casos similares.

Acoha ha registrado, además, una queja al Defensor del Pueblo en representación de 200 personas firmantes que en 2020 no pudieron retornar a sus puestos de trabajo en Ceuta tras cambiar los requisitos para entrar en España. Una de esas exigencias consiste en disponer del visado Schengen, expedido por el Consulado Español en Tetuán, Marruecos.

Según Acoha, se trata de «un trámite muy complicado, pues uno de los pasos consiste en tener un contrato de trabajo para poder solicitarlo». Aquellas personas sin visado, al no poder retornar a Ceuta, carecen de la posibilidad de reclamar sus finiquitos, así como posibles ayudas por parte de la Seguridad social, «una gran mayoría con muchos años cotizados».

Desde la asociación que preside Abdelmalik Mohamed se han servido de la ayuda de un influencer implicado con este asunto, Dris Ouahabi, y han logrado reunir cientos de firmas de afectados. Al Ejecutivo Central han dirigido un total de 200 en esta primera toma de contacto, aunque advierten que el número de afectados es «mucho» mayor y «podría alcanzar el millar».

Los denominados trabajadores transfronterizos eran en su mayoría mujeres de edad avanzada, algunas con «depresiones», con «hijos a su cargo, hijos enfermos», que tras el cierre fronterizo se han encontrado con «que no hay nada», cuenta Mohamed. «Su grado de sufrimiento es difícil de asumir por más tiempo» alertan desde la entidad.

«No están pidiendo que nadie les regale nada, simplemente solicitan que se les conceda algo a lo que tienen derecho. Si han cotizado 15 años, a algo tendrán derecho», insiste el presidente de la entidad en declaraciones a Europa Press.

Acoha ha expuesto al presidente del Ejecutivo central y al Defensor del Pueblo otro «dilema» sufrido por una parte de los transfronterizos, los marroquíes que se quedaron «varados» en Ceuta tras 2020, en una situación de «limbo legal». Su documentación les caducó y actualmente continúan en Ceuta porque para renovarla deben regresar a Marruecos, pero si cruzan la frontera no podrán retornar a la ciudad autónoma, donde tienen sus empleos con los que, en muchos casos, mantienen a sus familiares en Marruecos.

«La consecuencia es verdaderamente dramática: trabajadores y trabajadoras viven en constante incertidumbre la desgarradora angustia de no saber cuándo podrán volver a ver a sus familiares mientras se debaten cada día en la dolorosa encrucijada de tener que elegir entre renunciar a su única fuente de ingresos o mantenerse en las ciudades autónomas con la confianza de conservar sus puestos de trabajo y mantener a sus familias con el dinero que les puedan enviar», resumen desde Acoha en sus cartas.

La petición, señalan, es de «carácter urgente» para que se establezcan medidas para evitar la irregularidad administrativa y laboral sobrevenida de los trabajadores que permanecen en las ciudades autónomas (también ocurre en Melilla) ejerciendo su actividad laboral.

«Hay que facilitar a los ciudadanos el acceso a España y el retorno a Ceuta –y Melilla– mediante la concesión de una autorización de regreso con el objeto de renovar su documentación identificativa, además de identificar a los interesados a todos los efectos en territorio nacional para regularizar su situación y que puedan solicitar las prestaciones que le correspondan», reclaman.

Esas prestaciones, desglosan, pueden ser el subsidio por desempleo o las jubilaciones derivadas de la actividad laboral desarrollada en ambas ciudades autónomas durante décadas. «Pensamos que es justo hacerlo. Es adecuado a derecho porque es de justicia social. Si no tuviesen derecho no lo haríamos. Lo único que queremos es proyectar y dar a conocer el problema. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra labora», zanja Mohamed.