recauda poco y según las Bolsas mundiales desincentiva la inversión

Tal y como se aplica en nuestro país, grava con un 0,2% -más de lo que propuso la Unión Europea cuando trató de implementar la norma- las compras de acciones en empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros (52 compañías en España según la Agencia Tributaria), siempre que estas operaciones no sean intradía.

No es un impuesto que afecte a muchos directamente, pero indirectamente crea distorsiones «graves y contraproducentes» -se lee en el informe de la WFE- que elevan la volatilidad, ahuyentan inversiones y tienen su efecto sobre la economía real.

Para contextualizar el problema hay que explicar de dónde viene este gravamen, que empezó como una cosa muy distinta a lo que es ahora. Recibe el nombre por el economista estadounidense James Tobin (1918-2002), un keynesiano que en 1981 ganó el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre política monetaria. Propuso el concepto de los ITF por primera vez en un artículo en la revista ‘Janeway Lectures’ en 1971, en principio, como un mecanismo para frenar la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales.

El momento era propicio. Ese mismo año el presidente estadounidense Richard Nixon, que lidiaba con un déficit comercial acuciante y la deuda disparada por el conflicto en Vietnam, haría saltar por los aires el patrón oro para financiar el endeudamiento a través de la emisión de dinero sin respaldo. Nacía un nuevo sistema monetario, ahora basado en el cambio flexible, y con él surgió el problema de la volatilidad. Las bolsas acusaron una fluctuación masiva de divisas a corto plazo que hizo impredecibles los precios del intercambio de divisas entre los países y afectó a sus monedas.

En este escenario, la propuesta de Tobin se perfiló como un mecanismo a disposición de los Estados para limitar los movimientos especulativos, frenar la volatilidad de los mercados cambiarios y limitar el poder excesivo de los mercados financieros.

Sin embargo, a partir de la década de 1990 el concepto se fue ampliado para gravar las transacciones financieras en su conjunto, y los movimientos antiglobalización y anticapitalistas hicieron bandera de la idea de Tobin como un remedio contra los especuladores; para disgusto de su inventor, por cierto, que murió lamentando que le hubieran malinterpretado tantas veces.

Las justificaciones varían según el país que lo aplica, pero por lo general los motivos que se arguyen para imponer el impuesto son el control de la volatilidad y la redistribución de la riqueza.

Una tasa que recauda poco en España

Cuando el segundo Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la aplicación de la tasa en nuestro país -dos años antes la CNMV había avisado del fracaso en otros Estados y de que lastraría la competitividad de nuestro mercado- la justificó más por lo segundo que por lo primero. Se trataba de «reforzar la equidad del sistema tributario», dijo entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En su nota, los investigadores del WFE no juzgan la efectividad del gravamen como herramienta impositiva, aunque hay que recordar que la recaudación prevista por Hacienda en 2021 era de 850 millones de euros y enseguida tuvo que revisar las previsiones después de que ese año solo recaudara 295 millones; en 2023 fueron 197.

Y vale la pena comparar los ingresos recibidos con los daños causados por la existencia del impuesto, que según se lee en el informe del WFE son muchos. «La lógica de que, al aumentar los costos de transacción, un ITF frena la volatilidad y la fijación errónea de los precios de los activos es un grave error. De hecho, tiene el efecto contrario al desalentar a los comerciantes informados, lo que significa que hay menos compradores y vendedores para negociar al precio ideal», explica Nandini Sukumar, CEO del WFE.

Ahuyenta a los inversores

Tras analizar las 250 infraestructuras de mercado que están federadas en la WFE, los investigadores han concluido que los ITF aumentan los costes asociados a la negociación de activos financieros, lo que puede afectar a la rentabilidad neta para los inversores y desincentivar las inversiones tanto a corto como a largo plazo. A su vez, reducen el volumen de negociación y la liquidez del mercado, dando lugar a diferenciales más amplios entre precios de compra y de venta, una formación de precios más lenta y un aumento de la volatilidad del mercado, «lo que repercute negativamente en la eficiencia general del mercado», se lee en el informe.

También distorsionan el comportamiento de los inversores, obligándolos a modificar sus estrategias para evitar los activos que están gravados, «lo que puede dar lugar a decisiones de inversión subóptimas y a un desplazamiento hacia mercados más arriesgados o menos regulados», explica el WFE.

La lista sigue: los ITF aumentan indirectamente el coste del capital para las empresas, encareciendo la financiación de nuevos proyectos, frenan la innovación y el crecimiento económico y hacen que los inversores trasladen su capital a jurisdicciones con impuestos inexistentes.

Para Richard Metcalfe, jefe de investigación sobre regulaciones en la Federación Internacional de Bolsas, la historia ha demostrado que «es peligroso experimentar con los ITF«, y pone el ejemplo de Suecia, donde fue erradicado en 1991 ante los malos resultados.

Nandini Sukumar, por su parte, considera que los reguladores deberían aprender de la experiencia de los Estados Unidos, donde la desregulación, explica, «ha llevado a una menor volatilidad de los precios». «El efecto de la regulación puede extenderse del mercado financiero a la economía en general, por lo que esto (la regulación) debe abordarse en beneficio de los inversores y las empresas. La eliminación de los ITT conducirá al crecimiento y a una menor volatilidad», zanja el CEO del WFE.