¿Qué pasa si el Congreso no aprueba la senda de estabilidad?

¿Qué es el techo de gasto y la senda de estabilidad?

Se llama techo de gasto al «límite de gasto no financiero» que la ley de estabilidad presupuestaria obliga a fijar al Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Marca el máximo que pueden gastar en sus presupuestos, sin contar el pago de créditos o deuda, y está fijado por el Gobierno. En esta ocasión, se ha fijado en 195.353 millones de euros (199.171 millones si se incluyen los fondos europeos) y es un 3,2% superior al de 2024.

Según la ley, el techo de gasto debe ser coherente también con la «regla de gasto». Esta, como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), significa que el aumento del gasto está «limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo». Es decir, si las Administraciones quieren gastar más, tienen que ingresar más.

Al Consejo de Ministros, y concretamente al Ministerio de Hacienda, le corresponde fijar esos objetivos de deuda y estabilidad presupuestaria, tras escuchar a la comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a los ayuntamientos, pero necesita la ratificación del Congreso.

Así, la ministra María Jesús Montero planteó que el conjunto de las Administraciones tengan un objetivo de déficit del 2,5% del PIB en 2025, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027, una senda de estabilidad descendente para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea, pero que concede dos décimas de holgura a las comunidades autónomas respecto a los anteriores objetivos.

«Esto supone más de 3.000 millones de margen cada año. Para las Entidades Locales, esta senda les concede una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026. Lo que se traduce en 1.600 millones en el primer año y 3.350 millones más de margen el segundo año», argumentó el Ejecutivo, mientras el Partido Popular señaló que el esfuerzo exigido a las autonomías es mayor que el asumido por el Estado, por lo que votarían en contra.

Ahora, fuentes del Gobierno admiten que están barajando modificar dicha senda, como pedía Junts, para lograr una mayoría en el Congreso. «Vamos a dar una nueva oportunidad al diálogo para llegar a un acuerdo», ha declarado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que ha confirmado su intención de aplazar la votación.

¿Cuál es el siguiente paso si se aprueba la senda de estabilidad?

Si se aprueba finalmente en el Congreso de los Diputados con los votos de Junts, la senda de estabilidad pasará al Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta. En caso de que el proyecto fuera rechazado en la cámara alta, volvería al Congreso para votarse de nuevo.

Y es que, en junio, la mayoría del Congreso aprobó eliminar la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de estabilidad. Según esa reforma polémica, que se incluyó además en una enmienda en la ley de Paridad, bastaría entonces con la mayoría simple. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), anunció que lo recurrirían al Tribunal Constitucional.

Con el proyecto aprobado, el Ministerio de Hacienda podría presentar los presupuestos generales de 2025 con las cifras antes señaladas como base.

¿Qué pasa si no se aprueba la senda?

La ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es escueta en este punto: si la senda no prospera en las Cortes, «el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento».

Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere avanzar en la tramitación de los presupuestos generales del Estado de 2025 y asegura que podría presentar el proyecto con los objetivos en vigor, fijados el año pasado, para unas cuentas que no llegaron a salir adelante.

¿Qué pasa si no hay acuerdo para los presupuestos?

Si no se aprobara un proyecto de presupuestos para 2025, volverían a prorrogarse los de 2023. Sería la segunda prórroga, como ocurrió con las cuentas de 2018, elaboradas por el ministro Cristóbal Montoro en el Gobierno de Mariano Rajoy y que estuvieron vigentes hasta 2021.

Los presupuestos de Montoro fueron los primeros en prorrogarse dos veces, pero en otras seis ocasiones ha sido necesario ampliar el periodo de vigencia de un proyecto, en 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017. Los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero optaron, en consecuencia, por convocar elecciones.

La Constitución establece la prórroga automática hasta que se publiquen unos nuevos, pero el Gobierno puede hacer algunos ajustes a través de decretos-leyes.