PSOE ampliará su querella sobre contratos del SAS y pacta con Por Andalucía y Adelante reclamar un debate del Parlamento

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) –

El PSOE de Andalucía ha anunciado este lunes que trabaja en la ampliación de la querella que interpuso contra el Gobierno andaluz por la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus y la pospandemia.

Además de ese objetivo judicial ha informado de que ha pactado con los grupos parlamentarios Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía el registro en la Cámara autonómica de un debate general sobre la contratación del sistema público sanitario entre 2021 y 2024.

En rueda de prensa en la sede regional socialista, el coordinador de Presidencia del Grupo Socialista, Rafael Márquez ha dado cuenta de ambas iniciativas, judicial y parlamentaria, de las primeras de las cuales ha asegurado que «estamos trabajando en la ampliación para recabar nuevas diligencias de las que daremos debida cuenta».

En el ámbito parlamentario ha precisado que el objetivo es «la comparecencia del propio presidente de la Junta en el Parlamento», convencido de que Juanma Moreno «tiene que dar la cara, no puede seguir mirando a otro en un asuntos que preocupa a muchos ciudadanos de Andalucía».

«Moreno Bonilla terminará quemándose», ha augurado Rafael Márquez, conclusión que ha blandido después de que el pasado jueves se conociera que la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al Juzgado de Instrucción número de 13 de Sevilla, que tiene diligencias previas sobre esa contratación de emergencia del SAS entre los ejercicios 2021 y 2023, la citación de la actual gerente del SAS y sus antecesores, así como una serie de documentación, como un informe de la Intervención de la Junta de Andalucía o de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, además de la posibilidad de recabar el peritaje de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el auxilio de la Policía Judicial.

Márquez ha inferido que ese conjunto de iniciativas judiciales entraña el deseo de «llegar hasta el final para saber el papel del Consejo de Gobierno», mientras se ha preguntado en voz alta sobre la gestión del Ejecutivo autonómico «por qué eliminó los controles previos de contratación de emergencia en 2020», antes de plantear que ese conjunto de requerimientos de la Fiscalía Anticorrupción aceptados por el Juzgado «va más allá de las inicialmente solicitadas por el PSOE».

«Estamos de acuerdo», ha continuado argumentando el parlamentario autonómico socialista sobre la providencia de la Fiscalía Anticorrupción, para continuar explicando que «nos adherimos a esa investigación», de la que ha precisado que «no es una cuestión menor, de trámite, de mera crítica de desgaste de la oposición».

Además de esa iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción Rafael Márquez ha aludido a un nuevo informe de la Intervención del SAS sobre la contratación en los ejercicios 2022 y 2023, además de «los 18 informes desfavorables de 2020 y 2021», sobre el cual ha recriminado al Gobierno andaluz que «ha tenido guardado cajón» por cuanto ha esgrimido que en abril estuvo el provisional y en julio estuvo el definitivo y «un juez le ha obligado a darlo a conocer».

Ese trabajo de la Intervención del SAS es «de enorme transcedencia», a juicio del PSOE, convencido de que «refuerza» sus argumentos acerca de «un sistema irregular, contrario a la ley», al tiempo que ha planteado que «la solidez de nuestra denuncia».

«LA INTERVENCIÓN PONE LA LUPA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS»

«La Intervención General pone la lupa sobre la ejecución de los contratos», ha afirmado Rafael Márquez, quien ha precisado que esa exigencia se encamina a evaluar si «lo pagado se corresponde con lo ejecutado» tras afirmar que «en el 100% de los expedientes analizados faltan las actas de recepción de lo ejecutado», de manera que por parte del Gobierno andaluz «no se han hecho las comprobaciones necesarias de lo contratado».

Ese informe del organismo interno de fiscalización de la Junta «tumba los únicos argumentos jurídicos para avalar esta contratación irregular», ha dicho el parlamentario socialista sobre las afirmaciones públicas al respecto del Gobierno andaluz y de su presidente, que «se ha agarrado a esos informes (del Gabinete Jurídico de la Junta)» para defender ese procedimiento de contratación que prolongó una vez que el Estado derogó la excepción que introdujo con motivo de la pandemia de coronavirus.

Márquez ha sostenido que el Gobierno andaluz «no solo ha mantenido el modus operandi irregular de 2021, 2022 y 2023, sino que se ha extendido al año 2024», conclusión que «hemos conocido por esa llamada a declarar de la gerente del SAS», Valme García, de quien ha recordado su condición de firmante de «la adenda con hasta 8 empresas aumentando las cantidades máximas contratadas», antes de blandir que tendrán que ser «aclaradas por la actual gerente en sede judicial».

El diputado socialista ha preguntado de forma retórica a la gerente del Servicio Andaluz de Salud «si firmó las adendas de enero a julio de 2024», si con ello «dio cobertura de forma irregular a las pruebas diagnósticas después de mayo de 2023″, y si lo extendió a 2024».

MOVILIZACIONES CIUDADANAS DEL DOMINGO

Rafael Márquez ha comenzado la rueda de prensa con sus conclusiones de las manifestaciones ciudadanas que hubo este domingo en las capitales andaluzas organizadas por las llamadas Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública, sobre las que ha concluido que supusieron un pronunciamiento «alto y claro por una sanidad fuerte, para defender la sanidad pública y frenar el importante deterioro» de ésta, que ha atribuido a «un modelo de privatización» del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía.

El diputado socialista ha considerado que la respuesta ciudadana en la calle va en consonancia con una demanda de que «se atajen unas listas de espera record de 2 millones de pacientes, para que deje de debiilitar sistema de salud a favor de la sanidad privada con el desvío de cientos de millones de euros», al tiempo que ha considerado que la opinión pública andaluza «no entiende con más recursos que nunca la sanidad andaluz funciona peor que nunca», por lo que ha instado al Gobieno andaluz a que «escuche el sentir de la calle y abandone el modelo de deterioro de la sanidad pública».