PSOE-A mantiene que hay «corrupción» con contratos del SAS y la Junta le acusa de haber obviado informes de Intervención

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) –

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), y diputados del Grupo Socialista han intercambiado este jueves reproches en torno a los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19, con acusaciones del PSOE-A a la Junta por «corrupción» en esa materia, y réplica de la representante del Ejecutivo del PP-A afeando a los socialistas haber guardado «en cajones» informes de actuación de la Intervención General en su etapa en el Gobierno andaluz.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde los diputados del PSOE-A Josele Aguilar y María Márquez han dirigido sendas preguntas a la consejera de Hacienda relativas a los contratos del SAS por el procedimiento de emergencia formalizados en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Josele Aguilar ha insistido en acusar al Gobierno andaluz de no haber hecho «caso» a la instrucción que el entonces «director general de Contratación» de la Consejería de Hacienda dictó el 18 de junio de 2021 «diciendo que ya no se podía seguir con los contratos de emergencia sanitarios», y de haber continuado con esa fórmula «hasta este mismo año 2024».

«Hasta 19 informes de la Intervención de la Junta de Andalucía han venido advirtiéndoles de la ilegalidad de la contratación de emergencia, y, finalmente, hemos tenido un informe definitivo de la Intervención General que ha establecido, literalmente, que a partir del 9 de mayo del 2021 no era admisible continuar acudiendo a la contratación de emergencia, como se ha hecho en el año 2022 y 2023», ha continuado afeando el diputado socialista a la consejera.

En esa línea, Josele Aguilar ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno «estableció un sistema ilegal e irregular para desviar millones de euros de la sanidad pública a la privada, y lo hizo utilizando la contratación de emergencia», por lo que ese «desvío lo hacía a dedo, sin publicidad, sin concurrencia y a quien le daba la gana» al Ejecutivo andaluz, ha abundado.

Además, el representante del PSOE-A ha criticado que, «para perfeccionar el sistema, el 20 de octubre del 2020», por parte de la Junta «eliminaron los controles previos», lo que lo permitía no tener que «dar ninguna explicación de a quién iban a desviar esos millones de euros», según ha advertido Josele Aguilar, que ha aseverado que el Gobierno del PP-A ha extendido «esta forma irregular e ilegal de contratación hasta el año 2024».

Al hilo de todo ello, el diputado socialista ha espetado a la consejera que lo que «se está investigando en los juzgados» a partir de una denuncia del Grupo Socialista «no es un caso político» o «fake», como ella «ha dicho», sino que «lo que se está investigando es un caso de corrupción política que el Gobierno de Moreno Bonilla puso en marcha y ha mantenido durante el año 2022, 2023 y 2024».

EXPLICACIÓN DE LA CONSEJERA PORTAVOZ La consejera de Hacienda ha replicado al diputado del PSOE-A que «la Intervención General es un órgano independiente, con plena autonomía funcional», que cuenta con «ocho divisiones, una de ellas de control de gastos sanitarios», además de que dispone de «13 intervenciones delegadas, y los informes de los contratos de emergencia los emitió la Intervención Central del SAS», órgano este último –el Servicio Andaluz de Salud– que es el «destinatario de esos informes» y también «el responsable y el competente para aplicar las recomendaciones» que en ellos se incluyan, ha continuado explicando Carolina España.

La consejera también ha detallado el procedimiento que se sigue «si no se aplican las recomendaciones por el órgano gestor» –que en este caso sería el SAS–, y ha explicado que, en ese caso, «el interventor actuante propone a la Intervención General que emita un informe de actuación, que se comunica al órgano gestor con copia de la Consejería de Hacienda», y «si el órgano gestor no está de acuerdo con ese informe de actuación, habrá un informe de disconformidad, que es el que la Consejería de Hacienda tiene que elevar al Consejo de Gobierno».

Carolina España ha remarcado que, «hasta este momento», con los contratos de emergencia del SAS no se han dado informes de actuación de la Intervención General que hubiera que elevar al Consejo de Gobierno, «porque la Intervención considera que las recomendaciones están siendo atendidas».

Tras ello, ha replicado al representante del PSOE-A que lo que no van a hacer «nunca» desde el Gobierno del PP-A es «guardar los informes de actuación en un cajón, como hizo el PSOE», según ha aseverado la consejera, que en ese punto ha citado un caso del año 2009, cuando la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, realizó «un informe de disconformidad» en relación a un informe de la Intervención sobre el Hospital de Poniente, en la provincia de Almería, y la Consejería de Hacienda –entonces dirigida por Carmen Martínez Aguayo– preparó «un acuerdo para elevarlo al Consejo de Gobierno» que «nunca se llevó» a ese órgano, según ha denunciado Carolina España.

«Eso es lo que hacían ustedes: guardar en los cajones los informes de actuación», ha reprochado la consejera a los representantes del PSOE-A, a quienes ha replicado también que el Gobierno del PP-A cumple «la ley» y no sólo «no elimina los controles», sino que, al contrario, «los incrementamos, los hacemos más exhaustivos y reforzamos, y apoyamos el trabajo de la Intervención», ha abundado para poner de relieve que, por eso, «hemos creado los cuerpos superiores y técnicos de interventores y auditores».

PSOE-A ACUSA A LA CONSEJERA DE «MENTIR»

Posteriormente, el tema de los contratos ha seguido siendo objeto de debate en la sesión de control a partir de otra pregunta del Grupo Socialista dirigida a la consejera de Hacienda, en este caso formulada por la parlamentaria María Márquez, que ha reprochado a Carolina España que, «hace dos semanas», dijera «en sede parlamentaria que todas las denuncias que el PSOE ha hecho han sido archivadas».

«¿Cómo mintió con ese descaro?», le ha preguntado la portavoz adjunta del Grupo Socialista a la consejera, a quien ha seguido cuestionando si es «mentira» también que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga los contratos de emergencia» de la Junta «cuando ya no había emergencia», o que «tres dirigentes del PP de la Consejería de Salud –en referencia a la actual gerente del SAS y sus dos antecesores– están imputados en estos momentos».

María Márquez ha reprochado a la consejera que «el remate de la indecencia» es que desde el Gobierno andaluz defiendan que «utilizaron esos controles de emergencia para salvar vidas», y ha instado a la portavoz de la Junta a «no faltar a la verdad», y le ha advertido de que «tiene que dar muchísimas explicaciones en los juzgados».

La consejera ha replicado a la portavoz socialista insistiendo en señalar que los contratos de emergencia del SAS finalizaron «en mayo de 2023», dos meses antes de que terminase formalmente la «crisis sanitaria» declarada por el Gobierno central con motivo de la Covid-19, así como ha subrayado que «todos los contratos están avalados por informes jurídicos previos y publicados en el Portal de Transparencia», y con el «único objetivo» de «salvar vidas y proteger a nuestros profesionales».

La consejera ha aprovechado para señalar al PSOE-A que donde debía «haber reforzado el control» fue en su etapa de gobierno en la Junta para evitar casos de «corrupción» como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

«Esa es la diferencia: nosotros intensificamos los controles y ustedes idean un procedimiento para saltarse todos los controles», ha espetado la consejera a la parlamentaria del PSOE-A, a quien también ha dicho que los socialistas «salieron del Gobierno andaluz por la corrupción y saldrán del Gobierno de España por la corrupción».