¿por qué se cuestiona?, ¿la sanidad pública puede asumirlo?

Los funcionarios cada vez eligen menos la sanidad privada

En torno a 1,5 millones de personas son actualmente mutualistas de Muface y pueden elegir entre recibir asistencia sanitaria en el sistema público o a través de los seguros privados de Asisa, Adeslas y DKV, que firmaron la última licitación. Casi siete de cada 10 (algo más de 1 millón de personas) han elegido la sanidad privada el último año, puesto que la decisión la toman anualmente en enero. El resto (unas 480.000 personas, un 32,7%) ha optado por la pública.

Estos datos reflejan, no obstante, un cambio en las preferencias de los funcionarios y sus familias: en los últimos 12 años, el número de mutualistas que elige los seguros privados ha caído casi un 20% y los que prefieren la sanidad pública han aumentado un 75%.

Se da así un cambio generacional: el 72% de los nuevos mutualistas eligen la pública «ante la pérdida de cobertura del sistema privado», según fuentes del Ejecutivo, que lo relaciona al hecho de que se hayan incorporado docentes (que suelen preferir el sistema nacional de salud) y a que empiezan siendo más mayores de media que antes (la probabilidad de cambiar a la pública avanza con la edad).

Por edades, sin embargo, se observa una «sobrerrepresentación» de la población de más de 65 años, que eligieron la privada. Estos representan el 31,9% de los asegurados de Muface, mientras son el 20,4% de la población total atendida por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el informe de Sanidad MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, hay que tener en cuenta que Muface afecta solo a uno de cada tres empleados públicos, según datos del Gobierno, puesto que quedan excluidos cuerpos como el de interventores y auditores de la Seguridad Social, organismos autónomos, entidades gestoras y otros. Entre los mutualistas, elijan lo que elijan, la mayoría son profesores y maestros de educación primaria, secundaria y universitaria (65%), aunque también funcionarios de los cuerpos de la Administración General del Estado (17%).

Un modelo creado en el final del franquismo

Muface nace en 1975, en el ocaso del franquismo, para juntar en un único organismo a las distintas «mutualidades y montepíos» a las que pertenecían los empleados de los Ministerios y los funcionarios, dependiendo de si trabajaban en Hacienda, Agricultura, Prisiones, Correos, etc. «El 90% del colectivo presentaba una asistencia sanitaria deficiente, muy inferior a la del resto de los ciudadanos», refiere un texto en la página web del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública sobre los antecedentes de Muface, firmado por Julio González Díez.

Con ello se buscaba acabar con las «desigualdades» que existían en la protección social de estas plantillas, según explicitó la ley, y se simplificaba el régimen especial de la seguridad social que entonces comenzaba a desarrollarse. Abarcaría a unos 300.000 funcionarios, de acuerdo con los cálculos del Gobierno entonces.

«Surgió en un momento en el que el Sistema Nacional de Salud era un embrión de lo que es en la actualidad y donde aún no se había desarrollado un fuerte sistema de provisión pública que tuviera capacidad para dar respuesta a la totalidad de la población española», argumenta por su parte el Ministerio de Sanidad sobre el origen del modelo, en el informe de noviembre de 2024 en el que aboga por incorporar a los mutualistas al sistema público. La dimensión tanto del sistema público como de la población mutualista, como veíamos, ha cambiado mucho.

Las aseguradoras alegan pérdidas millonarias, incluso con la subida

Cada dos años, el Estado saca a concurso la prestación de sanidad a los mutualistas de Muface. Es decir, establece cuánto pagará a las empresas aseguradoras por ello y las que estén interesadas se presentan como candidatas para ganar el contrato. La última oferta, este octubre, ascendió a 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026, esto es un 16% más que en el concierto anterior, cerrado con Asisa, Adeslas y DKV. Ninguna se presentó de nuevo.

«Las pérdidas en caso de renovar ascenderían a 74 millones de euros en los dos próximos años, casi lo mismo que en los tres años del concierto anterior», argumentó el director de comunicación de DKV, Miguel García, en unas declaraciones recogidas por el programa de RNE Fin de mes.

Estas empresas piden un aumento del 40% de la dotación, para cubrir el coste sanitario de una población cada vez más envejecida, que suele necesitar más asistencia y tratamientos más caros. Además, recuerdan el efecto de la inflación de los últimos años.

Función Pública volverá a intentar un acuerdo, pero les pide transparencia

El Gobierno ha pedido «tranquilidad» a los funcionarios de Muface y ha asegurado que intentará un nuevo acuerdo con las aseguradoras. No está en sus planes desmantelar el modelo en estos momentos, han indicado fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a RTVE, después de que el Ministerio de Sanidad publicara el informe que abogaba por incorporar a los funcionarios en el sistema nacional de salud, porque la mutualidad «no es sostenible en la actualidad».

Para esa nueva licitación, el Ejecutivo lanzará una «consulta preliminar de mercado» para que las empresas del sector desgranen cuáles son sus costes, de acuerdo con las mismas fuentes. Se extenderá durante 10 días, desde el 20 de noviembre, y puede participar cualquier aseguradora. Una vez recogida la información, el Ministerio que lidera Óscar López no se pone plazo, pero aspira a avanzar hacia un acuerdo basado en la «transparencia», la «eficiencia» y la «equidad».

En definitiva, el Ejecutivo rechaza aumentar la dotación del concurso sin verificar que esa subida de los costes que alegan las aseguradoras es tan elevada como dicen, y espera también las conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para estudiar mejoras o reformas. Mientras tanto, recuerda que los mutualistas de Muface seguirían cubiertos por una prórroga que puede extenderse nueve meses.

¿Podría la sanidad pública absorber el fin de Muface?

«Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas de Muface que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública (…), el Sistema Nacional de Salud debería tener capacidad para prestar ese servicio». Lo concluía el Ministerio de Sanidad en su informe reciente, en el que asegura que el modelo actual «no es sostenible», mientras su fin es «tanto viable como razonable».

Con ellos, los usuarios del sistema público aumentarían un 2%, algo que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) juzga también asumible y necesario. «Es un modelo obsoleto e impropio de un país con un sistema nacional de salud único y que tenía la obligación de ser equitativo. La propia Ley General de Sanidad hace ya 40 años que declaró que era un modelo que habría que integrar en el sistema sanitario», valoró su presidente, Manuel Martín García, en una entrevista en RNE.

La FADSP considera que el modelo genera desigualdad y solo «favorece» a las empresas privadas, pero también admiten que la sanidad pública necesitará aumentar su presupuesto para garantizar los recursos y la plantilla suficiente. Entre pacientes y médicos preocupa que aumenten las ya dilatadas listas de esperas. «No solamente es cuestión de inyectar dinero, sino de inyectar recursos humanos. Y los recursos humanos, desgraciadamente, hoy por hoy no son tan fáciles de conseguir como los recursos económicos», advirtió el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrera, en el Telediario.

Desde el sector sanitario privado, por su parte, calculan que el sistema mutualista ahorró al Estado 1.182 millones de euros, según publicaron en un informe de la Fundación Idis, que recoge que el gasto per cápita de la sanidad pública ascendió a 1.736 euros, mientras que en Muface y las mutualidades de justicia y las Fuerzas Armadas fue de 1.030.

Los servicios sanitarios sí piden que, en el caso de desaparecer el modelo, se garantice a los pacientes una asistencia sin cortes, que la información de los historiales y tratamientos sigan disponibles al pasar a la sanidad pública.