Pontón amenaza con pasos legales por la deriva en la comisión de contratos y Rueda apunta a su «entorno familiar»

   Los servicios jurídicos del Parlamento rechazan la solicitud del Bloque de revocar el plan de trabajo del órgano de investigación parlamentaria

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) –

   La comisión parlamentaria que investiga contratos de la Xunta, entre otros los de la pandemia y con la empresa Eulen, ha sido el foco, un día más, del ‘encontronazo’ verbal entre la líder del BNG, Ana Pontón, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien, tras rechazar «lecciones» de los nacionalistas en materia de higiene en la contratación, ha apuntado al «entorno familiar» de la jefa de filas del Bloque.

   «Le voy a hacer una pregunta: ¿Usted está en condiciones de decir que nadie de su entorno familiar próximo tuvo un contrato menor de un gobierno del BNG? ¿Está en condiciones de eso? Porque lecciones, todas la del mundo», ha advertido Rueda, antes de subrayar que sería cuestión de responder «sí o no».

   «Porque para acusar a los demás le sobra el tiempo. Eso sí que es prepotencia y falta de calidad democrática. Es la segunda vez que creo que se le hace esta pregunta (en referencia al debate parlamentario de la pasada jornada). Si me la hace a mí, yo diría que no, en ningún caso. Pero usted no ha contestado», ha afeado el también líder del PPdeG a la dirigente nacionalista.

   Rueda ha apuntado al entorno de Pontón en su último turno de la sesión de control, después de esgrimir un informe de los servicios jurídicos del Parlamento que rechaza la petición de los nacionalistas de revocar el plan de trabajo de la comisión de contratos. Previamente, la nacionalista había proclamado que «nadie va a amordazar al BNG» y amenazado con la vía legal ante la deriva de una comisión de investigación que nació a impulso de la formación.

   «Su deriva autoritaria y antidemocrática sin precedentes no va a callar al BNG a la hora de investigar los chanchullos del PP. Usaremos todos los mecanismos, todas las vías legales a nuestro alcance para defender nuestro derecho a ejercer el controlo sobre el Gobierno si el PP no levanta su veto en la comisión de investigación», ha proclamado Pontón.

«TODAS LAS LÍNEAS ROJAS» TRASPASADAS

   A su juicio, el PP traspasa «todas las líneas rojas» al «vetar» el plan de trabajo del Bloque en una cuestión que ve «un disparate», dado que el PP «veta la documentación y las comparecencias solicitadas» (entre ellas la del expresidente y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo) por la formación política que impulsa la creación de la comisión.

   «¿Alguien se imagina que en un juicio se impida comparecer a los principales implicados y solo se escuchen los testimonios de una parte?», se ha preguntado, para concluir, a continuación, que «es lo que está haciendo el PPdeG para salvar a Feijóo de tener que explicar los contratos a dedo» a la empresa Eulen, en la que su hermana es directiva.

   En este sentido, ha recordado que dicha firma recibió «1.311 contratos a dedo por valor de cinco millones entre 2018 y 2023». También ha aludido a los «15 millones que se llevó en pandemia la empresa de la que es directivo el cuñado de Feijóo» y ha insistido en la necesidad de «aclarar el sobrecoste de 470 millones del Hospital Álvaro Cunqueiro».

INFORME JURÍDICO

   Rueda ha replicado que los servicios jurídicos han rechazado la petición del BNG en relación al plan de trabajo y se ha preguntado si es lo que va a llevar a los tribunales. «Como no le dio la razón, lo ignora. Pero las normas se cumplen y cuando los que tienen que avalar las decisiones se pronuncian, hay que acatarlo», ha advertido.

   El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, ratifica que, una vez que se crea un órgano parlamentario, aunque sea a impulso de un grupo, este «no conserva ni adquiere ningún derecho sobre el órgano o la proposición de ley distinto del de los derechos y facultades que el reglamento les confiere al resto de los grupos».

   «En todos estos casos, las vicisitudes posteriores se someten a los principios y reglas generales de funcionamiento del reglamento», agrega el informe, en referencia a la normativa por la que se rige la Cámara autonómica gallega, donde el PPdeG tiene mayoría absoluta.

   «Los diputados y diputadas solicitantes no se convierten en diputados o diputadas de mejor condición que los restantes que formen parte de la comisión creada simplemente porque fueron los promotores de su nacimiento. Tampoco sus votos tienen mayor valor ni cuentan con voto de calidad, porque no existe previsión reglamentaria a este respecto que lo sustente», ha concluido.

EVITAR LA «POLÍTICA TÓXICA»

   Por el contrario, ha ironizado con «lo que estaría diciendo» si los servicios jurídicos le avalasen en lo que el líder del PPdeG ve intencionalidad de hacer «oposición» y un juicio «paralelo» a Feijóo. «Pero de eso no dice nada», ha esgrimido, antes de incidir en que él prevé utilizar la «calidad democrática» que le da la mayoría absoluta para evitar que se importe a Galicia «la política tóxica» que ha atribuido al Gobierno central.

   Y en materia de cifras, ha asegurado que la media anual de contratación de Eulen con el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG que dirigió Galicia entre 2005 y 2009 era de 4,67 millones, y con la Xunta del PP, de 4,72 millones, «cinco centésimas más». «¿Esa es la diferencia del favoritismo?», se ha preguntado, antes de poner en cuestión las razones que llevaron al BNG a impulsar la comisión de contratos.

   Las dos tesis que el presidente gallego ha apuntado son la de una Pontón «apretada» ante la Asamblea del BNG que tiene que evidenciar «su radicalismo» o que tenga que «hacerle un favor» a Pedro Sánchez, quien «tanto trabajó» –según Rueda– para la nacionalista en la última campaña de las elecciones autonómicas. «Creo que una mezcla de las dos», ha zanjado.