“Pasaron cinco días entre la muerte de mi hija y mi ingreso en prisión”

“Pasaron cinco días entre la muerte de mi hija y mi ingreso en prisión”







Escribir para dejar constancia, recopilar pruebas para denunciar y compartirlo para que no se vuelva a repetir. Es lo que está haciendo en estos momentos Ismael Boli Ouattara para reconstruir su periplo y el de su familia en un libro. A sus 31 años le ha pasado de “todo”. La travesía supuso la muerte de su mujer y su hija pequeña, que le separaran de su otra hija, y su ingreso en prisión por una acusación, dice, sin pruebas.

La pesadilla comenzó en 2018 cuando decidió emprender su ruta migratoria para dejar atrás Costa de Marfil. No lo hizo por motivos económicos, más bien por razones de seguridad y, sobre todo, para salvar a su hija de la Mutilación Genital Femenina. Junto con su mujer y una bebé de apenas unos meses, de autobús en autobús pasando por Mauritania y el Sahara Occidental, lograron llegar a Marruecos. Una estafa les impidió seguir el camino. La pérdida de todos sus ahorros les llevó a quedarse tres años en el país magrebí. “No conocíamos nada, integrarnos allí era imposible, hay racismo y la vida es muy difícil, relata. Malvivieron en Tánger, de allí fueron deportados a Agadir, en el sur de Marruecos, pasaron una temporada en Casablanca y, finalmente fueron a Dajla, en el Sáhara Occidental. Su hija pequeña nació en esa localidad saharaui. Durante este periodo, trabajó en todos los sectores, desde peón agrícola a teleoperador en francés. 





Retrato de Ismael Boli Ouattara en su casa en Tenerife

Ahorraron y el 12 de junio de 2021 decidieron zarpar mar adentro e intentar llegar a Europa. El océano no tardó en traicionarlos y lo que preveían como un camino de tres días se convirtió en 17 jornadas de una auténtica pesadilla. En las primeras horas, se quedaron sin comida, el pan se deshizo con el agua de las olas y las pocas latas de sardinas las reservaron para los más pequeños. El tercer día se apagó el motor. “Nos quedamos sin agua porque tuvimos que abrir todas las botellas, romperlas en dos para usarlas como vasos para sacar el agua que entraba en el barco”, recuerda. “Murieron entre 12 y 18 personas”, calcula.  

A mi hija pequeña la ingresaron y no sobrevivió. Mi mujer murió al día siguiente. Estoy seguro de que fue por el dolor

Al estropearse el motor solo les quedaba hacer ruido y ondear la ropa colorida para que alguien se percate de su presencia. Hasta el decimoséptimo día no tuvieron la suerte de ser avistados por el barco que los rescató. El 29 de junio de 2021 llegaron a Tenerife. “Llegamos vivos”, dice. Hace una pausa, toma aire y continúa con el relato: “A mi hija pequeña la ingresaron y no sobrevivió. Mi mujer murió al día siguiente. Estoy seguro de que fue por el dolor”.

Le separan de su otra hija e ingresa en prisión

No pudo digerir la pérdida ni hacer un proceso de duelo. “Pasaron cinco días entre la muerte de mi hija y mi ingreso en prisión”, resume. Estaba consolando a su niña cuando de pronto le llaman para ir a un despacho. “Era un agente de Frontex, tenía una placa y en su oficina había un cartel”. Le cogió el móvil sin permiso, le enseñó una foto en la que aparecen nombres. Ouattara intentó explicarles que tras la primera estafa en Marruecos para convencer a su mujer, le hizo una foto de toda la lista de la gente que iba a salir. “No podía decidirlo solo y le hice una foto como prueba”, asegura. Detrás del agente había dos policías. 

“De un despacho a otro vi una pantalla con todas las fotos de mi familia”, recuerda cada detalle. Nadie, en estos primeros interrogatorios, se interesó por la información del viaje, por su situación emocional o por la pérdida de sus allegadas. Le hicieron también una prueba de paternidad. “No entendía nada, aunque había una traductora. El tercer día vino una persona y me dijo: “soy tu abogado, tienes que colaborar si quieres pedir asilo”, alega. Delante del letrado sí que los agentes le preguntan por la travesía personal y le piden autorización para acceder al móvil. “¡Pero si ya lo habían hecho!”, exclama, incrédulo. 

Finalmente, lo separaron de su hija y lo ingresaron en prisión. Desde entonces, perdió el rastro de la niña, no volvió a cruzarse con su abogado del turno de oficio, otros presos le recomendaron firmar “una conformidad” para que así le fuera impuesta una pena más baja. Pero Ouattara lee y escribe francés y en Costa de Marfil había estudiado Tránsito Aduanero, que incluía asignaturas de derecho, conocimientos que le permitieron descifrar lo que estaba pasando. “No iba a aceptar la conformidad. Tras meses de espera sin que apareciese el abogado, lo que hice fue escribir cartas al juez y decirle que quería declarar y defenderme yo solo. Más tarde, a través de una ONG en prisión, busqué información sobre mi hija”, asevera. Finalmente, contrató los servicios de una abogada particular que logró su puesta en libertad.  

“Es un caso muy sangrante”

“A nivel jurídico, el caso de Ismael ha sido muy duro desde un principio”, asegura su abogada penalista y experta en Extranjería, Sara Rodríguez Trigo. Le costó a la letrada conseguir el sobreseimiento y el archivo de la causa, aunque su puesta en libertad no fue tan difícil desde que ella asumió la defensa. “Llevaba tiempo con un abogado de oficio que no hizo nada, cuando accedí al expediente me pareció un caso muy sangrante. La detención legal”, exclama Rodríguez Trigo. Ismael entregó su teléfono móvil voluntariamente, hicieron periciales informáticas y aun sin resultados él seguía en prisión. 

La información que extrajeron del teléfono móvil tampoco tenía “ningún contenido que le incriminara”, arguye, “su expediente judicial y la acusación contra él no tenían fundamento”. “Las pruebas que tenían era una trasferencia bancaria a nombre de mi mujer en 2019 y estamos hablando de 2021, además de la famosa foto de la lista con nombres. Repetí una prueba de caligrafía para comprobar que no era mi letra, una prueba que ya me hicieron dio negativa, pero resulta que no estaba en el expediente. Solo tenían un testigo que aseguró que no ejercía ninguna tarea de dirección en el barco”, asegura Ouattara exhausto. Por lo que pasó un año y dos meses entre rejas sin haber cometido delito alguno.

En prisión al ayudar a la gente me ayudaba a mí mismo

Psicológicamente, “lo que hice fue asumir la pérdida de mi mujer y de mi hija, buscar a la mayor, asumir que estaba privado de libertad, pero no de pensamiento y aproveché al máximo”, explica despacio. Se apuntó a todos los cursos y hacía deportes todos los días. “Lo que viví con la traductora no quería volver a vivirlo. Estudié mucho y aprendí español”, dice. Además, se dedicó a ayudar a otros migrantes. “En la prisión, ayudar a la gente me ayudaba a mí mismo”, añade. Ouattara y su abogada relatan que dentro de prisión hay módulos en los que solo hay personas negras. “Están creando pequeños guetos”, denuncia la especialista en penal.

“Cuestionan mi capacidad de ser padre ¿es por qué soy negro?”

Gracias a la defensa de Rodríguez Trigo, el joven fue puesto en libertad el 28 de septiembre de 2023. Pero nada más salir de prisión comenzó con su segunda batalla: recuperar la custodia de su hija. La niña había entrado en el sistema de protección como Menor Extranjera No Acompañada. Pero, “ella vino conmigo, yo soy su padre y entonces comencé todo el proceso de nuevo porque la habían dado a una familia de acogida”, manifiesta. 

Recuerda todas las trabas que le ponía la misma familia, que tenía la intención de adoptar a su hija y “veía como intencionalmente querían romper todos los vínculos conmigo”, asegura. “¿Por qué cuestionan mi capacidad de ser padre? ¿es por qué soy negro?”, se pregunta. Comenzó con visitas, hasta que consiguió una beca con un curso de arquitectura y cuando ya encauzar su situación, a los seis meses le devolvieron a la niña. “El expediente administrativo de la niña es un cuadro. Al final esta historia ha acabado muy bien. Hoy nos han notificado el auto y la niña ya va a ser española”, alega la abogada satisfecha. 

Ahora está bien, dice, ocupado para poder escribir todo lo que ha vivido. Además, acompaña en los juicios, visita centros de acogida y hace de traductor. Da charlas y ayuda a otras personas que han pasado por su situación.

No es el único caso

“Este fenómeno lo empezamos a ver desde el año 2000, 2003 y 2005. Sobre todo en 2005, es cuando aumentaron las imputaciones contra migrantes como supuestos patrones de pateras”, asegura Sara Rodríguez Trigo. En la conocida como la crisis de los cayucos comenzaron a darse estas situaciones, los supuestos acusados cumplían condena y se les expulsaba al país de origen. El Artículo 31.8 bis del Código Penal recoge la persecución de aquellos que favorezcan de manera intencionada la entrada de otras personas, vulnerando la normativa de extranjería con otros fines. 

“Se agrava cuando se pone en riesgo la vida de las personas o bien si lo hace en el seno de una organización criminal. Este no es el caso de Canarias”, argumenta Loueila Sid Ahmad Ndiaye, también abogada y experta en Extranjería en Canarias. En los casos que ellas han defendido no ven “ánimo de lucro, ni participan organizaciones criminales, a veces son pescadores o tienen nociones del mar y negocian no pagar, otras veces son simplemente un grupo de amigos o de una comunidad, en alguna ocasión alguien se ve obligado a asumir el pilotaje en mitad de la ruta por qué el patrón se va o muere en la travesía”, añade Sid Ahmad Ndiaye.

Además, “la Fiscalía en Canarias casi siempre pide penas más duras para los patrones de pateras que las que demanda en Almería, Murcia, Ceuta o Baleares, reserva las condenas atenuadas exclusivamente para aquellos acusados que se confiesan culpables”, describe el abogado especializado en migraciones Daniel Arencibia en un estudio en el que revisa más de 200 sentencias contra patrones de pateras dictadas en 2022 y 2023 por seis audiencias provinciales (las dos de Canarias y cuatro del Mediterráneo con altas cifras de llegadas de migrantes). 

“Están privados de libertad, no saben por qué, ni cómo y ni por cuánto tiempo. Tienen una condena absolutamente desproporcionada y en el 80% de los casos no hay pruebas de cargo suficientes y una vez fuera, les toca esperar el tiempo necesario para cancelar los antecedentes penales”, alega Rodríguez Trigo, pues la normativa de extranjería exige la carencia de antecedentes penales para poder solicitar una autorización de residencia. Insiste en que no se tiene en cuenta si hay arraigo, si hay circunstancia médica o cualquier otra. “Hay órdenes de que con tres testigos de las 200 personas de una patera es suficiente y además se ignoran las contradicciones”, añade. 

El informe de Arencibia revela que el 76% de los procesados por delito contra los ciudadanos extranjeros bajo la acusación de llevar el timón en la patera, o manejar el GPS o haber tenido alguna posición de autoridad a bordo fueron condenados en sentencias de conformidad (104 de 136). “Los que no se conformaron y llegaron a juicio, en más de la mitad de los casos fueron absueltos (18 de 32)”, concluye el análisis de Arencibia. “El problema es que son procedimientos en los que, en muchos casos, las pruebas no se sostienen y mentalmente acaban doblemente reventados y con la pérdida absoluta de toda la dignidad”, argumenta la defensa de Ouattara.

Fuente: www.rtve.es