Nueve bodegas y lagares acusan al Consejo Regulador de Montilla-Moriles de «estar secuestrado por una elite»

A la tensión propia de un proceso electoral de un sector clave, fundamental, para la economía y el sustento de miles de familias de los municipios que concentran la producción y la distribución de vino se suma un elemento más: la formación de un grupo crítico dentro del propio marco regulador que, si bien es minoritario, está alzando la voz contra la forma de operar del Consejo.

Los componentes

¿Quiénes forman este grupo? Se trata de nueve bodegas asentadas mayoritariamente en Moriles -no en Montilla– y que son Bodegas Robles, Bodegas Doblas, Lagar de Casablanca, Bodegas Maíllo, Bodegas San Pablo, Lagar de la Primilla, Lagar de Los Frailes, Lagar Los Raigones y Bodega Cooperativa Jesús Nazareno.

Estos productores han enviado un duro comunicado a los medios de comunicación en el que hablan, nada más y nada menos, de que el Consejo Regulador «estaría sufriendo una especie de secuestro por parte de una élite».

«El proceso de renovación del Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha llevado a un grupo de bodegas y lagares del marco a cuestionar la ‘unidad del sector’ que pregona la propia entidad, tras anunciar la presentación de candidaturas únicas en cada uno de los censos habilitados», señala la nota.

En ella, el portavoz del colectivo, Cristóbal Luque V., ha calificado de «cosméticos» los acuerdos anunciados «y patada al balón hacia adelante» ante la convocatoria de unas elecciones que, como ha subrayado, «no se van a celebrar porque, como viene ocurriendo desde hace décadas en la zona Montilla-Moriles, se ha acordado una lista única que, en realidad, responde a un consenso obligado».

El reparto de representantes

Ello ha llevado a un grupo de bodegas y lagares del marco Montilla-Moriles a cuestionar la fórmula empleada para renovar los órganos de dirección del Consejo Regulador y que, a juicio de los denunciantes, obedece a un «injusto y arbitrario reparto de representantes» en función de las hectáreas de viñedo y de los hectolitros de vino calificados que, como resaltan los afectados, «pesan la mitad -arbitrariamente- que los hectolitros comercializados».

Este sistema de voto así ponderado «evita o disuade el proceso y la confrontación electoral de listas alternativas», ya que, según las bodegas y lagares que conforman este grupo, «una vez se hace un cálculo de los votos necesarios para optar a dirigir el Consejo Regulador, resulta imposible llegar a la conclusión de que desde dentro y participando se pueda modificar el statu quo en el que el marco Montilla-Moriles lleva instalado más de tres décadas, con la anuencia de la Junta de Andalucía».

El tiempo, este grupo subraya que «ha habido una gestión económica que tildan de anómala que acabó en la suspensión de la Cata de Córdoba por las deudas pendientes con las bodegas y los acreedores y por la situación de quiebra»

Este colectivo denuncia un «déficit democrático que hace imposible alcanzar la alternancia y la conformación de otras mayorías» en el seno del Consejo Regulador que, con la reglamentación actual, «estaría sufriendo una especie de secuestro por parte de una élite».