«No necesitamos una gran empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica»
El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el 41º Congreso Federal del PSOE, de que el Gobierno creará una gran empresa pública para la construcción y gestión de vivienda ha generado cierta inquietud en el sector inmobiliario residencial por la grandilocuencia del mensaje y porque no ha venido acompañada de ningún detalle que pueda dar pistas de sus planes. Una de las primeras en pronunciarse ha sido la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), quien cree que la idea de Sánchez no servirá para resolver los problemas de vivienda que hay en España.
«Una gran empresa pública no resolverá los problemas de vivienda que arrastra España, encabezados mayoritariamente por la escasez de oferta y la inseguridad jurídica», apuntó este lunes la patronal en un comunicado. La asociación que representa a la amplia mayoría del sector de la construcción, asegura que el diagnóstico del Gobierno es equivocado y alerta de posibles efectos colaterales de otorgarle las labores de construcción y gestión de vivienda a una compañía del Estado, cuando existen fórmulas más agiles como la colaboración público-privada, que «permite a comunidades autónomas y ayuntamientos aprovechar la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas para ofrecer servicios, también de gestión, que sin ellas no serían factibles desde el punto de vista presupuestario».
«CNC recela de la complejidad burocrática y de recursos que supondría crear una empresa que en el corto plazo debería sobredimensionarse para ser efectiva, pero que a medio plazo podría resultar inviable», sentencian en la misiva. La patronal estima que hacen falta levantar unas 220.000 viviendas anuales para empezar a corregir el déficit y para ello dice que España dispone de «las mejores empresas del mundo para solucionar los problemas de vivienda», según su presidente Pedro Fernández Alén. «No necesitamos una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica para aumentar la oferta, agilizar los trámites, optimizar esfuerzos, acortar los plazos de actuación y trabajar de una manera unida y coordinada, alejada del ruido político», dijo este lunes el líder de las construcotoras.
Los promotores piden también un marco regulatorio estable
Sobre el plan de Sánchez, también se han pronunciado los promotores a través de la principal patronal del sector APCEspaña, quien instó este lunes al Ejecutivo a precisar cómo será el nuevo ente y la dotación presupuestaria que se le destinará. En un comunicado, avisaron al Gobierno de que el sector de la promoción de viviendas requiere de «muy alta profesionalización», además de un marco regulatorio «claro, justo y estable en el tiempo», que permita realizar las inversiones necesarias para desarrollar proyectos «con garantías y sin cambios normativos» que pueden hacer demora «e incluso paralizan la actividad promotora».
«La construcción de viviendas es una actividad intensiva en capital, y para que este anuncio cuente con la credibilidad necesaria, además de necesitar detalles de cómo será este nuevo ente, es preciso conocer la dotación presupuestaria que se le vaya a destinar, para que no quede en un simple anuncio en un acto político», fue el mensaje lanzado por APCEspaña.
Los promotores, en todo caso, recordaron al Gobierno que si quieren impulsar medidas efectivas para la creación de oferta de vivienda, «deberían centrar todos sus esfuerzos en sacar adelante la reforma de la Ley de Suelo», que lleva en punto muerto desde el pasado mes de mayo cuando el PSOE decidió retirarla el mismo día que se iba a votar por la falta de apoyos.
Con el mismo objetivo de incentivar la construcción de casas, desde APCEspaña pidieron favorecer que las administraciones locales y autonómicas puedan poner suelo público a disposición de promotores públicos y privados y reiteraron su disposición para «impulsar herramientas efectivas» de colaboración público-privada que permitan incrementar el parque de viviendas en España.