Neuroenergía dice que el fin de la contratación de luz por teléfono será un «perjuicio» para comercializadoras

Aboga por legislar «para evitar actuaciones molestas y fraudulentas» con las llamadas comerciales antes que limitarlas

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) –

La consultora energética Neuroenergía ha advertido de que la norma que va a poner fin a la contratación de suministros vía llamada telefónica por parte de las comercializadoras eléctricas va a limitar «la principal vía de captación de clientes» de estas entidades, porque «gran parte de los cambios de suministrador que se realizan surgen de acuerdos cerrados en llamadas telefónicas».

Así lo ha afirmado en un comunicado el CEO y cofundador de Neuroenergía, Javier Colón, en referencia a la propuesta del Gobierno de prohibir que las comercializadoras eléctricas puedan llevar a cabo la contratación del suministro o publicidad por vía telefónica, salvo que se produzca una petición expresa por el consumidor, con el objetivo de blindar a los clientes de llamadas fraudulentas.

Colón ha sostenido que las llamadas telefónicas son «un método de contratación perfectamente válido y conveniente si se usa adecuadamente» y ha señalado que «merece la pena legislar para evitar actuaciones molestas y fraudulentas con las llamadas comerciales, antes que limitarse a prohibir una vía de contratación adecuada y efectiva que, en muchos casos, permite a los consumidores acceder a ofertas de todo tipo de compañías».

En este sentido, ha considerado que la nueva norma causa un «grave perjuicio» a las comercializadoras por ser la principal vía de contratación. «Según los informes publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la vía preponderante, es decir, gran parte de los cambios de suministrador que se realizan surgen de acuerdos cerrados a través de llamadas telefónicas», ha apostillado.

Colón ha afirmado que la factura eléctrica es «un interrogante para muchísimos consumidores» y por ello, ha defendido que «la llamada comercial, bien planteada y ajustada a derecho, supone tanto una oportunidad a los consumidores para acceder a alternativas, como una forma accesible de venta para las comercializadoras».

La única alternativa que la nueva norma deja abierta a la contratación por llamadas telefónicas es en caso de que el cliente lo solicite, pero en la práctica «ningún consumidor solicitará expresamente que le llamen», ha asegurado Colón, quien ha señalado que «si difícilmente el consumidor logra comprender su factura, menos va a dedicar tiempo a localizar a un comercializador y a pedirle que le llame».

DEFENSA DE LAS COMERCIALIZADORAS INDEPENDIENTES

El CEO ha defendido el papel de las comercializadoras independientes al señalar que «son compañías que dinamizan el sector favoreciendo que los consumidores tengan a su disposición gran variedad de propuestas para contratar a los mejores precios y con la mayor calidad en el servicio».

Por eso, ha indicado que no comprende «la razón por la cual se considera nocivo que existan tantas compañías, muchas de ellas locales y de cercanía, o vinculadas a renovables y autoconsumo, que proporcionan mayor número de ofertas a los consumidores y benefician a la competencia».

En este sentido, ha calificado de «injusto» el término «pirata» por el perjuicio que causan a las comercializadoras y ha denunciado que la mala praxis de las fraudulentas perjudica a las que operan correctamente en el mercado.

«El término pirata causa un daño injusto al sector de las compañías independientes, como si cualesquiera otros sectores de la economía estuvieran libres, por desgracia, de ejemplos de empresas fraudulentas. Que exista un pequeño porcentaje de comercializadoras que no hacen bien las cosas, no debe arrojar la más mínima duda sobre el conjunto de empresas independientes que hacen bien su trabajo», ha afirmado.

MEDIDAS ALTERNATIVAS

El también es presidente de la Asociación de Comercializadoras de Energía Eléctrica (Acenel) ha solicitado que «antes de plantear cualquier prohibición, se consideren medidas «alternativas, como las ya existentes en países de la Unión Europea, donde se compaginan los derechos de los consumidores con la captación de clientes mediante llamadas telefónicas sin prácticas abusivas».

Algunas de las medidas que plantea son la grabación completa de la llamada, la identificación correcta de la comercializadora, la enumeración de las características claras y básicas de la oferta o la posibilidad de facilitar el detalle de la misma electrónicamente al consumidor.

«Todo lo anterior acompañado de un proceso ágil y sencillo de denuncia por parte de consumidores, que ante cualquier intento de fraude permita localizar rápidamente a los estafadores, con un régimen sancionador disuasorio, así como de la continua inspección y supervisión por parte del regulador», ha indicado para añadir que «detener y combatir las estafas telefónicas es un tema de voluntad, de regulación y supervisión». «La prohibición es el camino fácil, porque muerto el perro se acabó la rabia, pero no se trata de eso», ha declarado.

EN CONTRA DE LOS REQUISITOS A COMERCIALIZADORAS

En referencia a la propuesta de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) de incrementar los requisitos económicos para poder ser comercializador de electricidad, Colón ha indicado que «algunos de ellos impactan proporcionalmente mucho más en compañías independientes que en las tradicionales, lo que no deja de suponer una importante barrera a la entrada de nuevos actores y al libre mercado».

También ha mostrado su preocupación por la figura del agregador independiente, al considerar que es «un agente que proporciona flexibilidad al sistema eléctrico mediante la agregación de consumidores y recursos distribuidos que debe complementarse con la comercializadora que suministre energía al consumidor».

Por otra parte, ha solicitado «más ampliación» de aspectos de la futura norma como la posibilidad de que los consumidores contraten más de una comercializadora a la vez o los contratos de acceso flexibles.

«En general, coincidimos con el grueso de las valoraciones de la CNMC en los aspectos expuestos y estamos seguros de que el Ministerio tendrá en cuenta las mismas de cara a publicar una norma correcta, solvente y efectiva, que beneficie a los consumidores», ha apuntado.

Por todo ello, Acenel impulsó el consenso de las comercializadoras y más de sesenta han presentado alegaciones a la norma.