Muface traslada a los sindicatos que trabaja en un concierto sanitario «más atractivo»
El Gobierno ha trasladado este jueves a los sindicatos que ha comenzado ya a trabajar en un nuevo concierto sanitario de Muface «más atractivo» para las compañías aseguradoras, después de que quedara desierta la anterior convocatoria, según han indicado fuentes sindicales.
La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, se ha reunido con los sindicatos CC.OO., CIG, CSIF y UGT en el Consejo General de Muface. En el encuentro también ha participado la directora general de Muface, Myriam Pallarés, y los representantes de los ministerios de Educación, de Inclusión y de Hacienda, así como de la Dirección General de la Policía.
Según informa Función Pública en un comunicado, tanto Mapelli como Pallarés han transmitido un mensaje de tranquilidad a los mutualistas y a los sindicatos de funcionarios pues «la continuidad de las prestaciones sanitarias está garantizada para todo el colectivo mutualista con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público».
La norma dice que, si al vencimiento de un contrato aún no se ha formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad del servicio, «se podrá prorrogar el contrato originario (…) por un periodo máximo de nueve meses», al existir «razones de interés público para no interrumpir la prestación». En declaraciones a los medios al terminar la reunión, la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Maribel Loranca, ha asegurado que el Gobierno les ha trasladado que ya ha comenzado a trabajar en una nueva licitación que pueda ser «más atractiva».
Asimismo, ha añadido que, aunque la cobertura del actual concierto llega hasta el 31 de enero de 2025, la ley de contratos del sector público permite prorrogar el actual concierto de Muface hasta que haya uno nuevo. Loranca ha reclamado «la mejor prestación sanitaria posible» para los mutualistas de Muface, al igual que para el resto de los ciudadanos, y ha apelado a un «esfuerzo del Gobierno», pero también a «la responsabilidad social de las compañías aseguradoras sanitarias».
CSIF y CC.OO. convocan movilizaciones
Según CSIF, en la reunión se les ha trasladado que se está realizando un nuevo informe de viabilidad económico financiero para una nueva licitación y que hay «mecanismos» que garantizan el mantenimiento de la prestación de servicios mientras se produce esta licitación, si bien no los han concretado.
«Estas explicaciones son insuficientes y la actitud del Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad», sostiene el CSIF. El sindicato iniciará el próximo lunes, 11 de noviembre, una campaña de movilizaciones «para defender la atención sanitaria al colectivo de funcionarios adscritos a Muface».
CC.OO., que también ha anunciado movilizaciones, ha criticado que se haya convocado a las organizaciones sindicales a una reunión ordinaria, «casi como meras espectadoras, en vez de abordar de manera exclusiva el futuro de la entidad y la garantía de servicio para todas las personas mutualistas».
El sindicato ha exigido conocer «la situación real sobre la nueva licitación» y la necesidad de un estudio exhaustivo de los costes sanitarios que supone la atención a las personas mutualistas.
Esta reunión se ha producido después de que el pasado martes quedara desierto el concurso para dar asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface, debido a que ninguna compañía, ni siquiera las tres que prestan el servicio en la actualidad (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV), se presentara.
Estas aseguradoras ya venían advirtiendo de la infradotación del concierto y de que el aumento de 303 millones de euros para el nuevo era insuficiente y les haría incurrir en pérdidas al proporcionar cobertura a un colectivo que supera los 1,5 millones de personas, entre titulares (funcionarios) y beneficiarios (familiares).
Según UGT, el grueso de los funcionarios amparados por Muface pertenecen al sector de la enseñanza (unos 500.000), en tanto que unos 100.000 forman parte de la Administración General del Estado, donde se encuentran organismos como la Agencia Tributaria o prisiones. También lo estarían los funcionarios de Correos o la policía nacional.
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