Miles de empleados públicos convocados por CSIF protestan por un aumento de salario

La protesta principal ha tenido lugar frente al Ministerio de Hacienda, en Madrid, así como en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias del país. Por tanto, no se trata de una convocatoria a nivel capitalino, sino una manifestación generalizada de magnitud nacional para poner de manifiesto el rechazo de los funcionarios a las condiciones a las que se ven sujetos.

Desde que se constituyó el Gobierno en 2023, argumenta CSIF en un comunicado, el ejecutivo no ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas, que se encarga de regular acerca de las condiciones de los empleados públicos. El sindicato considera urgente que se convoque esta mesa, con el fin de abrir negociaciones que atañen a las exigencias de los funcionarios.

Una de las cuestiones principales para CSIF es la negociación de la subida salarial. Consideran que es urgente abordar la problemática de cara al próximo año, pues el actual acuerdo salarial caduca a finales de año. A su vez, argumentan que el acuerdo vigente ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022. Del mismo modo, creen imperativo negociar la oferta de empleo público para 2025, pues el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.

El Constitucional les da la razón

Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.

El alto tribunal admite que en este caso «concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales» y requiere a la Presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.

Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 supone que los empleados públicos en esta última década hayan trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010, generando una realidad problemática para los empleados de las administraciones públicas.

Del mismo modo, CSIF plantea varias reivindicaciones que traslada al Gobierno. Según un estudio de propia elaboración, el sindicato estima que los empleados públicos de la Administración General del Estado cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las CC.AA. y los ayuntamientos, «por el mismo trabajo», en palabras de CSIF.

Consideran necesaria una dotación de fondos adicionales para la AGE, que estiman en 1.487 millones de euros, repartidos entre los próximos tres años, con el objetivo de lograr la igualdad salarial en 2028. Del resto de reivindicaciones, son destacables la demanda de una jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado, la mejora de las condiciones de jubilación, la actualización de los Grupos Profesionales, o la actualización del Trebep, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público..