México no pena con 6 años de cárcel a opositores en Internet
Nos habéis consultado a través de WhatsApp por una fotografía que anuncia un «nuevo paquete de reformas» de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que contempla castigar con seis años de cárcel las publicaciones en Internet contra el Gobierno. Es falso. La imagen tergiversa dos artículos de una iniciativa legislativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2023 que fue retirada.
«El nuevo paquete de reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo 2024-2030», leemos en la imagen que nos habéis reenviado. La fotografía expone una supuesta «iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide de Ley Federal de Ciberseguridad» destacando dos de sus postulados:
- «Artículo 13. La Agencia Nacional de Ciberseguridad, puede dar de baja: aplicaciones, dominios sitios de Internet, sitios de Internet, y direcciones IP».
- «Artículo 78. Al que describa, diseñe o grabe cualquier tipo de material digital, auditivo, fotográfico o video gráfico con el propósito de que sea exhibido, publicado o compartido a través de redes en contra del Gobierno será castigado con 6 años de cárcel».
Claudia Sheinbaum no ha propuesto penas de cárcel por publicar contenido contra el Gobierno mexicano en Internet. La imagen que circula en redes altera dos artículos de una iniciativa que presentó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2023 que fue retirada. Una búsqueda avanzada por palabras clave («iniciativa Agencia Nacional de Ciberseguridad México») nos remite a varios artículos digitales que hacen referencia a la propuesta presentada por el PVEM para la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad (pág. 1). En realidad, el artículo 3 propone dar de baja a los «proveedores de servicios» de Internet a través de los cuales «se realicen conductas ilícitas» (pág. 27). Por otro lado, la pena de 3 a 6 años de cárcel de la que habla el artículo 78 va dirigida a las personas creadoras de material digital que «incite, facilite, induzca u obligue a personas a ocasionar un daño físico, psicológico o material, a sí mismas o a terceros» (pág. 47). En ningún momento hace referencia a publicaciones en Internet en contra del Gobierno de México. La organización mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Article 19, entre otros, dictaminaron que esta propuesta amenazaba los derechos humanos. Ante las críticas recibidas, el Partido Verde Ecologista optó por solicitar la retirada de esta iniciativa, estado actual en el que se encuentra a fecha de 13 de marzo de 2024 como puedes comprobar en la página web de la Cámara de Diputados de México.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, todavía no ha tomado posesión de su cargo —lo hará el 1 de octubre— y no ha presentado ningún paquete de reformas en materia de ciberseguridad. En el programa electoral de su candidatura a la Presidencia, Sheinbaum no hace referencia a ninguna propuesta sobre ciberseguridad y tampoco observamos mención a este asunto en sus redes sociales.
La propiedad privada no ha sido abolida en Ciudad de México
Nos habéis consultado también en nuestro canal de WhatsApp por un texto difundido en redes sociales que asegura que, con «la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México», el único cambio «consiste en eliminar el respeto a la propiedad privada como principio rector en la Constitución de la CDMX». Es falso que este matiz implique la abolición de la propiedad privada.
Mensaje de Facebook que difunde el texto que asegura que en Ciudad de México se ha abolido la propiedad privada VerificaRTVE
La reforma de la Constitución en Ciudad de México en materia de propiedad privada solo es una modificación aclaratoria que no implica su eliminación. El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, presentó el 2 de septiembre de 2024 una iniciativa para modificar el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México porque «solo reconocía a la propiedad privada como principio rector». Tras su entrada en vigor al día siguiente, Batres aclaró que «el texto aprobado protege así la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social», y «ahora se homologa con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
El artículo 27 de la Constitución mexicana establece que «las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización» y sigue reconociendo «la propiedad privada» (pág. 30). En declaraciones a AFP, el abogado y experto inmobiliario Federico Sobrino aclara que se trata de una «reforma aclaratoria» que «no tiene mayor relevancia ni trascendencia [en materia de políticas urbanas y redistribución territorial]». Por su parte, la abogada y especialista en derecho a la vivienda, Carla Escoffié, niega a la agencia de noticias que esta reforma vaya a facilitar la expropiación o que modifique su proceso y asegura que «no permite más casos de los que ya estaban previstos». La abogada también descarta que esta modificación suponga un «mayor control estatal» o la «reducción de protecciones para la propiedad privada» en Ciudad de México.
El Senado de México aprueba la reforma judicial
Los contenidos que desinforman sobre el proceso de reformas de México se difunden en el contexto de la aprobación de la reforma judicial el 11 de septiembre de 2024. En RTVE.es ya te contamos que se trata de una reforma «que prevé la designación de todos los jueces por voto popular«, como explica el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador. La ley también contempla la reducción del número de miembros del Tribunal Supremo de 11 a 9, limitar su mandato a 12 años y bajar a la mitad la experiencia laboral necesaria para acceder a puestos ministeriales. La reforma ha provocado una huelga de los funcionarios de justicia.
01.35 min
Transcripción completa
El partido Morena gana
la primera votación en su batalla
para reformar el poder judicial.
El Congreso,
reunido en un polideportivo
por las protestas
ante las puertas de su sede oficial,
ha aprobado
por una amplísima mayoría
un texto que, en esencia,
significará la elección
por voto popular de jueces,
magistrados
y miembros del Tribunal Supremo.
«Los jueces no se eligen
por voto popular,
los jueces se tienen que elegir
de acuerdo a sus conocimientos,
de acuerdo a esos estudios
que han tenido».
Pasado el trámite en el Congreso,
segunda y última parada,
el Senado de la República.
El Senado mexicano está blindado
ante la previsión
de nuevas protestas
por la aprobación
de la ley de reforma judicial,
impulsada
por Andrés Manuel López Obrador,
a menos de un mes
de su salida del poder.
«¡Justicia independiente,
justicia de la gente!».
Los funcionarios de justicia llevan
varios días en huelga
y a ellos se han sumado
los ministros de la Suprema Corte.
«No tienen ningún fundamento,
ni moral ni legal».
La reforma judicial,
que quiere dejar como legado
López Obrador,
ha elevado al extremo
la tensión política en México.
Desde el momento
en que su aprobación
pareció probable,
comenzó a desplomarse el valor
del peso mexicano,
los inversores extranjeros
amenazaron con paralizar planes
de expansión.
E incluso el proceso generó
un conflicto diplomático
con Estados Unidos
después de que su embajador afirmara
que la reforma será perjudicial
para México.
López Obrador avanza en su polémica reforma judicial en México
En VerificaRTVE ya analizamos la desinformación que circuló en Internet en el contexto de las elecciones presidenciales de México de 2024. También hemos detectado contenidos que alteran la imagen de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como este vídeo manipulado que presentaba a la mexicana hablando ruso con símbolos comunistas.
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