Más de 63.000 gallegos, pendientes del porvenir de Muface

   La Xunta ve «frivolidad» en el tratamiento del tema por parte de Sanidad, que considera «viable» absorber a los mutualistas

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) –

   Más de 63.000 gallegos están pendientes en estos momentos del porvenir de Muface, después de que las tres aseguradoras que prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) renunciasen a presentarse a la licitación del concierto para prestar atención sanitaria, a principios de este mes de noviembre.

    Según los datos recogidos en la Memoria de 2023 de la propia Muface, el organismo, que depende del Ministerio de la Función Pública, tiene en la comunidad un total de 101.300 afiliados.

    De ellos, 63.100 cuentan con cobertura sanitaria a través de las citadas aseguradoras — los restantes ya son atendidos a través de la Seguridad Social –. Adeslas es la que más afiliados atiende, a 50.705, mientras que DKV lo hace con 10.375 personas y Asisa con 2.019.

   Con estas cifras, la gallega es la sexta comunidad autónoma con mayor número de funcionarios atendidos en Muface y que, en la situación actual, tendrán que ser atendidos en la sanidad pública.

   La noticia saltaba a principios de noviembre, cuando las aseguradoras hacían pública su decisión de no presentarse al concierto público asegurando, entre otros motivos, que el servicio estaba «infrafinanciado».

    Sin embargo, el Gobierno recordaba que la licitación de este nuevo concierto incluía una subida en la prima del 17,12%. La primera oferta del Ejecutivo fue un alza en las primas del 14%, algo «insuficiente» para ellas y tras lo cual amenazaron con levantarse de la negociación y dejar caer el concierto. Pedían un alza del 40% para no agravar sus pérdidas.

SANIDAD VE «VIABLE» ABSORBER A LOS MUTUALISTAS

   Dos semanas después, el Ministerio de Sanidad daba a conocer un informe en el que aseguraba ver «razonable» y «viable» la incorporación de los atendidos por las mutuas al sistema estatal; una incorporación que sería «gradual y estratificada», con la excepción de los pacientes críticos, para los que plantean una renegociación temporal.

    El documento afirmaba además que «el modelo MUFACE en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita».

   Aunque se valora también incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, matizan que esta opción podría ser «insuficiente», ya que demandan una subida de más de un 40%, «insostenible» porque no hace frente a la dinámica del envejecimiento; e «inequitativa» por suponer incrementos porcentuales que serían «impensables en el ámbito de la provisión pública directa».

   Optar por esta iniciativa significa «postergar una decisión que habrá que tomar antes o después». Por tanto, propone la prórroga de 9 meses del concierto actual, durante la cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la provisión sanitaria a los mutualistas de MUFACE; y la incorporación gradual de los pacientes al SNS, priorizando aquellos con tratamientos crónicos complejos.

   En cuanto a la financiación, los fondos destinados a las aseguradoras se transferirían a las comunidades autónomas para su inversión en los servicios autonómicos de salud, con un carácter finalista durante los primeros 3 años.

XUNTA CONSIDERA QUE EL TEMA SE TRATA CON «FRIVOLIDAD»

   Este posible trasvase preocupa a la Xunta de Galicia, que durante este mes ha instado en varias ocasiones al Gobierno central a concretar sus planes para garantizar la prestación, siempre en diálogo con las comunidades autónomas.

    «No es de recibo que el Gobierno central apruebe una medida de este calado sin antes ser dialogada y consensuada con todas las comunidades autónomas afectadas, ya que la decisión impacta directamente en los distintos sistemas sanitarios públicos gestionados por las autonomías», recalca Sanidade.

   En esta línea, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, censuró la «frivolidad» con la que el Gobierno está abordando la situación, apuntando además a un «debate ideológico ente ministerios».

    Según ha explicado, la Xunta sigue sin tener «ninguna comunicación oficial» al respecto de los planes del Gobierno para Muface, pero ha recalcado que ve esta cuestión «como un debate ideológico entre dos ministerios» y ha añadido: «Mientras no se aclaren sobre si se va a hacer, cómo se va a hacer, y cuánto va a costar, no tenemos que decir nada».

   Con todo, Gómez Caamaño insistió en que Sanidade está trabajando para evaluar el impacto de una posible integración.

    Y es que frente a la postura del Ministerio de Sanidad, el departamento de Función Pública, del que depende Muface, lanzó el pasado 20 de noviembre una consulta preliminar al mercado en la que dará diez laborables a las aseguradoras para que precisen a qué precio prestarían el servicio sanitario de Muface.

    Con ello buscan que las compañías precisen por escrito el precio mínimo al que aceptarían el concierto con Muface. Eso sí, se pedirá a las aseguradoras que justifiquen la cantidad y lo detallen por tramos de edad. La idea, según el Ministerio, es dar a este proceso una mayor transparencia.

MALESTAR SOCIAL

   Por su parte, sindicatos y colectivos sociales también difieren a la hora de decantarse por una solución.

    Así, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha anunciado una «gran movilización» para el próximo día 14 de diciembre delante de la Dirección General de Muface en Madrid para la defensa del concierto sanitario.

   Borra ha indicado que el informe del Ministerio encabezado por Mónica García infravalora que casi el 31% de los 1,5 millones de trabajadores públicos que reciben asistencia sanitaria a través de Muface tienen más de 65 años y no aclara qué pasara con la copago farmacéutico de los mutualistas de Muface, ya que solo abonan el 30% de las recetas.

    «Ya estamos viendo las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Ceuta, Melilla, que están ya señalando que no vamos a ser capaces de poder atenderles», ha añadido.

    «Quiero creer que no hay un plan para acabar con las mutualidades, pero la verdad es que estamos teniendo muchos signos de que a lo mejor sí que existen», ha expuesto.

   A esta concentración se suma la convocada por varios sindicatos (CCOO, UGT, ANPE, UFP, USIE) para el 11 de diciembre para exigir al Gobierno una nueva licitación y a las aseguradoras, responsabilidad para que se suscriba «lo antes posible» un nuevo convenio que garantice la continuidad del concierto sanitario.

   En el lado contrario se encuentra la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que ha hecho un llamamiento a «las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y partidos políticos progresistas a apoyar el fin de Muface y que los fondos que reciben las aseguradoras pasen al Servicio Galego de Saúde».

   De estas, ha cuestionado que planteen «un incremento del 40% de los fondos que reciben del Estado, con el argumento de evitar su quiebra, a pesar de aumentaron sus ganancias en más de 10.000 millones anuales (sólo el 17% provienen de Muface), gracias al incremento de los seguros complementarios que la población contrata como consecuencia de los recortes introducidos en la sanidad pública en los últimos años».

   Por otra parte, afirma, en relación a un modelo «heredado del franquismo», que la gestión de los recursos sanitarios «fue transferida a las Comunidades Autónomas en los años 90 para mejorar su racionalidad, «por lo que mantener Muface incumple la Constitución al no respetar el modelo de Estado descentralizado».

   «Resulta inaceptable que quien trabaja para el sistema sanitario público sea atendido en centros personales y mantenga privilegios respeto del resto de la población y pueda cambiar al sistema sanitario público cuando tenga un problema importante de salud», censuran.

    Además, afirman que cerrar Muface «solo incrementaría un 2% la presión asistencial» y piden que los fondos que ahora reciben las aseguradoras sean transferidos al Sergas.