Martínez fija para 2026 la aprobación y entrada en vigor de la ley de señas de identidad de la Comunitat Valenciana

Pide reunirse con Bolaños para abordar «las reivindicaciones no atendidas» sobre justicia: «No podemos permitir que se ignoren»

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) –

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha anunciado que durante el próximo año 2025 su departamento trabajará en «la preparación, elaboración y tramitación» de un anteproyecto de ley de señas de identidad, con el objetivo de que la nueva norma «se apruebe y entre en vigor en 2026».

De esta manera lo ha expuesto durante su comparecencia este viernes en Les Corts para exponer las líneas generales de su departamento tras su nombramiento el pasado noviembre. Ha argumentado que, tras «los últimos acontecimientos vividos», la ciudadanía, «sin posicionamientos ideológicos», ha demostrado que las señas de identidad «abanderan, más allá de los momentos de júbilo, los momentos de aflicción».

«Ello muestra nuestra fortaleza como pueblo, identidad y singularidad, aspectos que nos unen a todos los valencianos más que los que nos separan, que deben dar lugar a la aprobación de una normativa en materia de señas de identidad en la que converjan todas las fuerzas políticas», ha manifestado.

Durante su comparecencia, ha hecho un repaso de las actuaciones llevadas a cabo por su Conselleria ante los «importantes retos para modernizar y transformar la justicia» para conseguir así «una administración pública más eficiente y con mejores condiciones». «No es un reto menor el que tenemos por delante», ha reconocido.

Martínez ha hecho hincapié en la situación de «insuficiencia financiera» de la Generalitat, que ha lamentado que «impide poder desplegar los recursos necesarios para garantizar unos servicios públicos esenciales en las condiciones que los valencianos merecen». «Así es muy complicado avanzar y esta es una injusticia con la que debemos acabar», ha asegurado.

UNA JUSTICIA «MÁS MODERNA Y ÁGIL»

Entre las líneas maestras de su departamento, ha enumerado la transformación de la justicia hacia un modelo «más moderno y ágil», el apoyo y protección de las víctimas de delitos y de terrorismo, con «especial atención» a las de la violencia de género, la reivindicación del autogobierno o la apuesta por la concordia.

Sin embargo, ha advertido que todo lo hecho hasta el momento «queda relegado a un segundo plano» tras la dana del 29 de octubre. En este contexto, ha repasado las actuaciones llevadas a cabo por su Conselleria «desde el primer momento»: asistencia a víctimas, recursos materiales y humanos, servicios de justicia afectados, personal empleado público, medidas legislativas y presupuestarias, suspensión y reprogramación de procesos selectivos y llamamientos para cobertura de puestos.

Ahora, en el actual escenario de recuperación, Martínez ha apostado por «compaginar el duelo por las vidas perdidas y las personas desaparecidas con el esfuerzo por salir adelante y reconstruir todos los proyectos de vida paralizados el 29 de octubre». «No podemos fallarles», ha advertido.

PROMETE «FIRMEZA» ANTE EL GOBIERNO

Al margen de ello, en materia de justicia, ha garantizado su «firmeza» en la exigencia al Gobierno de España de «todas las legítimas reivindicaciones que llevamos tiempo planteando». Para ello, ha solicitado una reunión con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para «reiterarle las reivindicaciones no atendidas». «Desde el más absoluto respeto y la lealtad institucional no podemos seguir permitiendo que reiteradamente se ignoren nuestras demandas», ha sostenido.

Martínez ha subrayado que desde la Comunitat Valenciana «no pedimos un trato de favor ni ser más que nadie», sino que se atiendan «unas peticiones que deben dar respuesta a las necesidades que los propios órganos jurisdiccionales trasladan».

Concretamente, ha reclamado la creación de juzgados, la equiparación de las plantillas en los juzgados de la misma jurisdicción, dotar de más funcionarios a las oficinas de apoyo directo a los juzgados de paz que tengan más carga de trabajo, desarrollar el artículo 519.3 de la LOPJ sobre carrera profesional e implantar el teletrabajo para la administración de justicia.

Además, ha reclamado al Ministerio de Justicia a impulsar «una mayor coordinación» con las comunidades autónomas que tienen las competencias de justicia transferidas, con el fin de promover «la puesta en común de los criterios que deban ser objeto de unificación para el desarrollo homogéneo de los procesos», para garantizar así «la equidad en el acceso a la justicia de los ciudadanos».

AUTOGOBIERNO, DERECHO CIVIL Y CONCORDIA

Por otro lado, ha reivindicado el autogobierno valenciano y, en este sentido, la capacidad de legislar en materia de derecho civil valenciano «que recoge nuestro Estatut d’Autonomia». «Siempre iremos de la mano con Les Corts Valencianes», ha valorado.

En materia de concordia, ha garantizado que su departamento continuará con la misma línea que hasta ahora, lo que pasa por mantener «las actuaciones de localización, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura».

«Entre nuestros cometidos no está sembrar la confrontación ni reabrir heridas del pasado, sino cerrar esas heridas, honrar la memoria de todas las víctimas y apostar por la concordia y la reparación», ha argumentado.

«PAPELÓN MOJADO»

Entre los grupos de la oposición, el socialista José Díaz ha tachado las propuestas de la consellera de «papelón mojado», ya que cree que tanto ella como el resto de nuevos cargos suponen «un ejercicio de maquillaje político para salvar a Carlos Mazón».

«Yo de usted tampoco me pondría demasiado cómoda: usted es la tercera», ha espetado a Martínez en alusión a las exconselleras Elisa Núñez (Vox) y Salomé Pradas (PP). También ha lamentado la falta de recursos judiciales extraordinarios para los afectados por la dana.

Jesús Pla (Compromís) ha advertido a Martínez que «si piensan constreñir» la libertad con la ley de señas habrá confrontación, además de reclamar que actúe ante «el colapso de los órganos judiciales» y preguntar si «tiene algún plan de infraestructuras que no sea el que aprobó Gabriela Bravo» o si llegará a inaugurar las obras proyectadas por la exconsellera.

Además, ha cuestionado a la consellera cuándo volverá la actividad judicial a L’Horta Sud y si contempla reforzar el TSJCV al «acumular ya siete querellas contra Mazón y el Consell por la falta de actuación el 29 de octubre» o «piensa hacer igual que su predecesora con los casos de corrupción del PP».

Por Vox, David Muñoz ha preguntado a la consellera si «ha podido elegir a su equipo», ya que ha señalado que de los anteriores responsables junto a Pradas solo ha cesado el exsecretario Emilio Argüeso, y le ha instado a «no dejarse embaucar por la izquierda» ni por el «negacionismo de que el estado tuviera alguna responsabilidad» en la dana.

Por su parte, la diputada del PP Laura Chulià ha puesto en valor el trabajo de «los equipos liderados por Salomé Pradas y Ruth Merino», exconselleras del ramo, y ha replicado a las críticas por los cambios de carteras con el número de ministros de Pedro Sánchez durante sus años en la Moncloa.

En su réplica, la consellera ha asegurado que se incorpora al Consell «en un ejercicio de responsabilidad y servicio público» y se ha comprometido a trabajar por lograr «acuerdos de legislatura» como las mejoras retributivas para los funcionarios de justicia o la necesidad de más juzgados porque ella también ha estado «detrás de la pancarta» pidiéndolo.

Ha contestado a Compromís sobre la investigación de la gestión de la dana que hay que o «dejar a los jueces y tribunales que hagan su faena» y a Vox que «nadie» le impuso su equipo, sino que cree que no es momento de hacer cambios.