Marlaska dice que «no hay propuesta ni estudio» para reformar el Código Penal y rebajar a etarras condenas de 40 años

Pone de ejemplo el caso de ‘Txapote’ porque «en 2014 se le computó la pena en Francia, con el PP, y nadie dijo nada»

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) –

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este viernes que el Gobierno no tiene «ninguna propuesta ni ningún estudio o análisis de revisión» para reformar el Código Penal de 2003 y rebajar las condenas a 40 años de los presos de ETA, después de que ayer la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) alertara de este próximo cambio legal tras la reforma de la ley que permitirá rebajarse el tiempo en prisión en Francia.

«No hay ninguna propuesta, ningún estudio ni análisis de revisión del tiempo máximo de condena que puedan cumplir», ha señalado Grande-Marlaska al ser preguntado por el aviso que realizó ayer la presidenta de la AVT, Maite Araluce, en un desayuno que fue presentado por el coronel Diego Pérez de los Cobos.

El ministro, que ha apuntado que el tiempo máximo de condena «no es para etarras ni no etarras, es para cualquier criminal», ha mostrado su «respeto a todas» las asociaciones de víctimas –«que son un referente ético»–, pero defendiendo que el Gobierno «desde el principio de su mandato y en materia de derecho penitenciario y de derecho penal siempre se ha guiado por el principio estricto de legalidad».

‘TXAPOTE’ COMO EJEMPLO PARA COMPUTAR PENAS

Grande-Marlaska ha vuelto a defender la reforma legal que ya sí está en trámite parlamentario, la Ley 7/2014, que elimina la cláusula introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy por la que a los etarras con condenas antes de agosto de 2010 no se les computaba los años encarcelados en otro país europeo, principalmente en Francia.

La AVT denunció que más de 40 etarras se beneficiarían de este cambio legal con rebajas del tiempo de cumplimiento en prisión, entre ellos el histórico dirigente de ETA con múltiples asesinatos Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’.

En respuesta a la prensa en la DGT, Grande-Marlaska se ha referido a este caso, el de ‘Txapote’, para ponerlo de ejemplo de la necesidad de cambiar la Ley 7/2014, reiterando que se hace por exigencia de las instituciones europeas ante la transposición de una directiva de la UE.

«En 2014 se le computó la pena impuesta en Francia, con el Gobierno del Partido Popular, y nadie dijo nada», ha apuntado, añadiendo que esto se hizo usando «la ley actualmente vigente, la 7/2014, porque ‘Txapote’ pidió cumplir la condena de Francia en España».

SEIS AÑOS MÁS O MENOS DE TIEMPO ENCARCELADO

El ministro del Interior, que fue juez en la Audiencia Nacional, se ha referido de esta forma al hecho de que ‘Txapote’ pidiera ser trasladado de una cárcel de Francia a otra en España para seguir cumpliendo sus condenas aquí, ya que obligó a los jueces españoles a calcular su tiempo encarcelado.

«Decide al año pedir cumplir la pena en España y eso le convierte que el plazo máximo sea de 30 años. Es decir, si hubiera cumplido la pena en Francia y no hubiera venido a España, serían 36 años conforme a la ley 7/2014», ha indicado, aludiendo a la decisión de la Audiencia Nacional de descontar los años que había cumplido ‘Txapote’ en el país galo, por lo que la reforma ahora en trámite quedaría anulada o limitada a una rebaja de dos años, según calculan fuentes jurídicas.

Según Grande-Marlaska, esta cuestión es «desde un punto de vista jurídico difícilmente entendible, y eso es lo que estaba pidiendo ya también la Unión Europea para el reconocimiento mutuo de las resoluciones».

El titular del Interior ha reiterado que la Audiencia Nacional recientemente ya había presentado «una cuestión prejudicial» ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en referencia al cálculo que se estaba haciendo sobre el cumplimiento de condenas de los presos de ETA.

También ha mencionado una sentencia de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un caso en Bulgaria donde, según ha dicho, se estableció que «debían reconocerse las sentencias dictadas en cualquier país de la Unión Europea». «Con lo cual creo que el pronunciamiento, sin anticiparme a la cuestión prejudicial formalizada por la Audiencia Nacional, puede ir en el mismo sentido», ha terciado.