Los empleados del Estado cobran 8.000 euros menos al año de media que los de autonomías y ayuntamientos

Hace ya meses que los empleados del Estado están en pie de guerra con el Gobierno por las condiciones laborales y las cargas de trabajo que soportan los funcionarios en todos los ámbitos.

En una rueda de prensa esta mañana, el principal sindicato de los empleados públicos, CSIF ha anunciado un otoño ‘caliente’ de movilizaciones por el enquistamiento, han dicho, de un conjunto de reformas pendientes en la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o el SEPE. Hay que recordar que este último organismo afrontará una crisis de personal a principios de año con la asunción de competencias en materia del Ingreso Mínimo Vital.

CSIF calcula el déficit de la AGE en 43.000 plazas correspondientes al periodo 2010-2020, cosa agravada por el hecho de que el 60 por ciento de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años; «esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración», afirman los funcionarios.

La lista de reivindicaciones de los funcionarios es larga: nuevo acuerdo retributivo, equiparación salarial, oferta de empleo público sin tasa de reposición, culminar el proceso de estabilización, mejoras en la jubilación, jornada de 35 horas en todo el Estado o la mejora de la asistencia sanitaria en Muface.

Sin embargo, de todas las problemáticas que enfrentan los empleados públicos del Estado la más sangrante quizá sea el problema de las diferencias salariales con los empleados de otras administraciones, especialmente CC.AA. y Ayuntamientos.

En un informe revelado hoy, Csif ha revelado que los empleados de la AGE cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las CCAA y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).

Esta horquilla de diferencias salariales varía en función de grupos y categorías. En el caso del personal funcionario varía entre los 11.826 y 4.349 euros, y en el caso del personal laboral está entre los 10.087 y los 3.523 euros.

El estudio de Csif también calcula lo que le costaría al estado ponerse al día con el resto de administraciones y lograr la equiparación salarial: serían unos 1.487 millones repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

El estudio de CSIF recoge además que, comparando la masa salarial inicial desde 2010 con la que resultaría de aplicar la subida del IPC, los empleados públicos han perdido 4.721 millones de euros en poder adquisitivo.

Además, se da la circunstancia de que todos los años se reingresan cerca de 5.000 millones de euros correspondientes a los 57.134 puestos de relaciones de puestos de trabajo (RTP) que se encuentran vacantes.

El estudio también da datos territorializados, de los que se desprende que hay amplias diferencias tratándose de la comunidad autónoma. Solo hay un denominador común, y es que los que están empleados por la AGE salen perdiendo siempre.

La mayor diferencia retributiva se da en el País Vasco, donde un empleado/a de la Administración General del Estado cobra de media 15.805 euros menos anuales por la misma labor que un trabajador/a del Gobierno vasco. La diferencia llega a los 20.692 euros si se compara al empleado de AGE con un homólogo del Ayuntamiento de Bilbao.