La Mesa de las Cortes solicita un informe a la Junta de Personal sobre el letrado mayor

PP y Vox apelan a la presunción de inocencia de Marcos Herrero y Tudanca y Fernández reiteran la petición de la suspensión temporal

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha solicitado un informe a la Junta de Personal sobre la situación del letrado mayor del Parlamento, Marcos Herrero, sobre el que pesa una investigación judicial por un presunto delito de acoso laboral a una funcionaria.

Así lo ha confirmado el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, en la última de las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día del pleno de la próxima semana, una reunión «convulsa», como ha confesado el soriano Ángel Ceña, y «un tanto especial», en palabras del procurador por Valladolid Francisco Igea, que ha girado en parte en torno a la situación del letrado mayor de las Cortes.

Igea ha solicitado el informe previo de la Junta de Personal sobre la situación del letrado mayor y ha aclarado que «sea cual sea ese informe» la decisión sobre la suspensión temporal de Marcos Herrero, que piden los partidos en la oposición, salvo Vox, recae sobre el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

Por su parte, Ángel Ceña ha pedido un informe jurídico de otro letrado de las Cortes para que aclare a la Junta de Portavoces y a la Mesa «cuáles son las posibilidades jurídicas y el escenario jurídico» del letrado mayor para, en base a ese informe, tomar una decisión, por lo que no se ha posicionado a favor de PSOE, Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, y Francisco Igea, partidarios de la suspensión temporal de Marcos Herrero para «no manchar» la imagen de la institución.

Tanto el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, como los dos procuradores en el Grupo Mixto han coincidido al afirmar que no prejuzgan ni la inocencia ni la culpabilidad del letrado mayor de las Cortes y han insistido en que la suspensión temporal es «lo mejor» para él, si bien el socialista ha lamentado la «pinza» que han hecho en este tema PP y Vox, si bien ha reiterado que la última palabra la tiene Pollán.

En el caso del Grupo Vox, su portavoz, Juan García-Gallardo, ha explicado que su partido no va a participar en «juicios paralelos» y ha rechazado la posibilidad de tomar «unas decisiones más severas que las que está adoptando la propia Administración de Justicia».

«Somos muy respetuosos con la presunción de inocencia, también con todas las garantías procesales, no sólo del denunciando, que por supuesto, sino también de la denunciante, y lo que esperamos es que el proceso se pueda tramitar con normalidad y que sea el juez el que tome las decisiones», ha zanjado García-Gallardo.

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular ha compartido con su homólogo de Vox la referencia al principio de presunción de inocencia y ha recordado el letrado no pudo declarar ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid donde estaba citado al anunciar la acusación una ampliación de la denuncia.

Respecto a la petición de la suspensión temporal, Gavilanes ha aclarado que, a día de hoy, se desconoce si tiene cabida esa posibilidad y ha apelado a la petición del informe a la Junta de Personal. «Por lo tanto –ha argumentado– hay que esperar a que se aporten los informes, para poder determinar exactamente cuál es la situación real del letrado mayor», informe cuya petición por parte de la Mesa ha confirmado después a preguntas de los periodistas.

Pablo Fernández ha explicado por su parte que la oposición ha solicitado la suspensión temporal del letrado mayor en base al Estatuto de Personal de las Cortes para que, mientras el asunto esté subyúdice, esté suspendido cautelar y provisionalmente de sus funciones.

Fernández ha asegurado que ha habido una «encendida defensa» del letrado mayor por parte tanto del presidente de las Cortes y del Grupo Parlamentario de Vox a los que ha acusado de anteponer «los colores políticos y las ideologías al mínimo decoro e, incluso, a las normas» y ha augurado que al final el que «va a pagar el pato de todo esto» va a ser el presidente de las Cortes, que «posiblemente se vaya a tener que comer una condena desfavorable que también podría llegar a implicar a las Cortes de Castilla y León».

Igea ha reconocido por su parte que hoy no han conseguido la suspensión temporal del letrado mayor ya que el Estatuto de personal prevé un informe previo de la Junta de Personal «que no es vinculante». «La decisión es de quién es, la decisión de nombrarle y de removerle y de la suspensión es de quién es –Carlos Pollán–. No se puede escudar en la ausencia del informe», ha explicado.