La mayoría de alegaciones contra el proyecto de Altri no justificaron su condición de ‘interesados’

Desde la plataforma Ulloa Viva advirtieron que está petición responde a una «maniobra antidemocrática» por parte de la Xunta para «eliminar» parte de las alegaciones. «Aunque no vivamos exactamente pegadas a la fábrica o a priori a la Xunta le parece que no están afectadas -en referencia a los alegantes- sí viven en Galicia», afirmó la portavoz de la asociación, Zeltia Laya, en una rueda de prensa convocada a principios de mes.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) insistió este martes de nuevo en la postura, señalando que estos requerimientos suponen un intento de «callar y dejar fuera» a los reclamantes, para «amordazar» a la oposición a la planta. Subrayan que esta actuación supone un incumplimiento del artículo 53 de la Ley 39/2015, que regula los derechos con los que cuentan los interesados en los procedimientos administrativos.

Sin embargo, la misma ley establece en el artículo 4 las condiciones para que los alegantes se consideren -o no- ‘interesados del procedimiento administrativo-. Unos requisitos como la posible afectación por el proceso o la implicación de intereses económicos y sociales que contrasta con la procedencia de las alegaciones, tal y como publicó este diario a principios de mes.

Una información donde se constata que más del 70% de las alegaciones responden a copias de un mismo formulario y que el 98,8% de las mismas corresponden a tres escritos que se presentaron de forma calcada. Además, de las 24.041 alegaciones presentadas, solo 880 (un 5%) proceden de la comarca de Ulloa donde se localizaría la planta, lo que limita la cantidad de potenciales afectados que podrían adscribirse a la figura legal del ‘interesado’.

Además, al tratarse de un proyecto industrial, la condición de interesado solo se podría aplicar a la promotora del proyecto y a las personas que se viesen afectadas directamente por el proyecto -como una expropiación de propiedades-. Al incluir trámites ambientales, también se podrían acoger a esta figura entidades ambientalistas, pero en ningún caso organizaciones sindicales o entidades políticas.

Cumplimiento de la normativa

En cualquier caso, desde la Xunta respondieron a las acusaciones destacando que todas las alegaciones se tendrán en cuenta para la tramitación del proyecto, «independientemente de que se les reconozca o no la condición de alegante». Por lo tanto niegan que se quiera «eliminar» parte de las reclamaciones y señalan que el Ejecutivo autonómico se limita a «cumplir estrictamente la normativa vigente».

Asimismo, fuentes del Gobierno autonómico añaden que en una parte de los formularios que fueron replicados, donde la gran mayoría de alegantes se limitó a poner su nombre, dirección y firma, viene incluida la solicitud de que se les considere como interesados en el procedimiento de acuerdo a la ley citada anteriormente. Una figura jurídica que conlleva ciertos derechos añadidos frente a los no interesados, recogidos en el artículo 82 de la Ley 39/2015. Entre ellos, el acceso sin restricción a cualquier documento sobre el caso y a presentar alegaciones mientras dure el proceso o recurrirlas.

Por ello, desde la Xunta reclaman que los alegantes que no presentaron ninguna documentación que acredite su condición de interesados lo hagan de acuerdo a la ‘Lei de procedemento administrativo’, donde se estipula la obligación de que se les notifique la situación a los supuestos interesados para que justifiquen esta condición en un plazo de diez días.