La Fiscalía incoa más de 3.400 expedientes en Canarias para determinar la edad de menores migrantes en 2023

   SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) –

   La Fiscalía incoó el pasado año un total de 3.471 expedientes en Canarias para determinar la edad de menores migrantes llegados a nuestras costas, el 69% en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el 31% en la Fiscalía de Las Palmas, tal y como se desprende de la Memoria de la Fiscalía que ha sido presentada hoy viernes en sede parlamentaria por la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez.

   En su exposición, la fiscal destacó que los delitos de trata de seres humanos han sido uno de los mayores esfuerzos que ha llevado a cabo la Fiscalía a lo largo del año 2023, en particular en la isla de El Hierro, que desde agosto de 2022 tenía una media de llegadas de cien personas diarias. Esto llevó a que la Fiscalía, durante el primer semestre de 2023, únicamente había incoado 236 expedientes de determinación de edad, mientras que de septiembre a noviembre incoó 1.284 y finalizó con 2.410.

   A modo de ejemplo, María Farnés Martínez indicó que en octubre del año pasado llegaron a El Hierro 88 pateras o cayucos con 11.284 personas, de las que 381 eran mujeres y 1.478 eran menores. En el conjunto de la comunidad autónoma, a lo largo de 2023 llegaron 697 embarcaciones con 40.190 personas, 36 fallecidas, 143 detenidas y 95 en prisión. De estas, 36.191 eran varones, 2.232 eran mujeres, 3.196 eran menores cuya edad tuvo que ser determinada y 2.084 eran menores indubitados.

   La fiscal destacó que fruto de las numerosas reuniones mantenidas para intentar paliar este problema, una unidad de especialistas de la Guardia Civil se instaló en el Hospital del Sur junto con médicos forenses de la Península, permitiendo que en apenas mes y medio se hicieran pruebas a 1.300 menores con sus correspondientes decretos de determinación de edad, cuando únicamente estaba previsto que en Tenerife se realizasen 20 pruebas una vez a la semana en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, lo que hubiera sido un «caos», afirmó la fiscal.

   En materia de personal, María Farnés Martínez señaló que si bien no ha habido cambios significativos, sí se han ampliado las Fiscalías como consecuencia de la crisis migratoria. En concreto, en la Fiscalía de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han incorporado cuatro fiscales de refuerzo y en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, un fiscal.

NECESIDAD DE AMPLIACIÓN.

   Del resto de la Memoria, la fiscal destacó que las instalaciones siguen «prácticamente igual» que en años anteriores, aunque insistió en la «absoluta necesidad» de ampliar las sedes de la Fiscalía y que, «de una vez por todas», las instalaciones del Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife sean iguales que las de Las Palmas.

   «No hay ninguna justificación posible de ningún tipo para explicar por qué el ciudadano de Santa Cruz tiene estas instalaciones, lo que redunda en unas prestaciones de la Administración de Justicia totalmente distintas e inferiores», apuntó la fiscal, añadiendo que el Palacio de Justicia «no puede crecer ni en órganos judiciales ni en número de fiscales», lo que supone «una merma en la calidad de la Administración de Justicia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife».

   También denunció la situación «crítica» de la sede de la Fiscalía en Puerto del Rosario, que sigue sin ventilación, con inundaciones de aguas fecales, sin ninguna posibilidad de crecimiento y lleva tres semanas sin aire acondicionado, por lo que los fiscales deben trabajar en casa. Advirtió, además, que este año ha estado a punto de cerrar por una caída del sistema eléctrico que tampoco permitía trabajar.

   Igual ocurre en San Bartolomé de Tirajana, donde si bien ha habido una ampliación de fiscales, no están prestando sus servicios en este Partido Judicial y han tenido que ser trasladados a la Ciudad de la Justicia porque en San Bartolomé no hay sitio donde poderles instalar, por lo que tampoco puede haber ningún aumento de funcionarios.

ACTIVIDAD DE LAS FISCALÍAS

   Durante el año 2023 se han incoado 149.285 procedimientos penales, de los cuales 76.031 corresponden a la provincia de Las Palmas (-7,3%) y 73.254 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife (+15,59%). Las sentencias de conformidad suponen un 98,04% del total de las sentencias dictadas por los órganos judiciales, frente al 84,48% de 2022.

   Los delitos leves han disminuido respecto al año anterior. Por ello, la fiscal superior de Canarias abogó por instaurar en la comunidad autónoma otros sistemas de resolución de conflictos, como podría ser la justicia restaurativa o la mediación, al menos como experiencia piloto.

   En cuanto a los juicios, se ha producido una disminución, lo que evidencia que los órganos judiciales están recuperando la situación previa a la pandemia de covid-19 y se está produciendo una estabilización en el número de juicios que celebran estos órganos.

   Por lo que respecta a la evolución de la criminalidad, los delitos contra la vida y contra la integridad suben en su conjunto en la provincia de Las Palmas, aunque disminuyen los homicidios dolosos. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han incrementado de forma significativa los homicidios dolosos, al pasar de 38 en 2022 a 60 en 2023, por lo que prácticamente se han duplicado.

   Los delitos contra la libertad sexual en todas sus variantes registran una cierta tendencia al alza, principalmente en la provincia tinerfeña, mientras que los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico siguen ocupando un puesto muy destacado en todas las estadísticas judiciales. En concreto, en la provincia de Las Palmas se han incoado 32.556 diligencias y en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 9.241.

   Igual que en memorias anteriores, María Farnés Martínez expuso que sigue habiendo una situación «totalmente enquistada» en cuanto a la tardanza y la falta de calidad de los informes. En este sentido, comentó que en Santa Cruz de Tenerife solo existe un gabinete para la elaboración de pruebas psicosociales, lo que implica que cuando las partes piden este tipo de pruebas en cualquiera de los partidos judiciales, deben costearlos a pesar de tener derecho a un informe de oficio.

VIOLENCIA DE GÉNERO.

   En cuanto a la violencia doméstica, en ambas fiscalías se ha producido un incremento, fundamentalmente en el número de procedimientos penales incoados. En la provincia de Las Palmas se están produciendo numerosos delitos por quebrantamiento de condena y de medidas cautelares como consecuencia de la reanudación de la convivencia, lo que implica que estas medidas de alejamiento no están sirviendo para el fin previsto.

   En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la extensión de la competencia que se ha producido a los juzgados de violencia sobre la mujer ha supuesto que las instalaciones para las víctimas sean «totalmente insuficientes», lo que hace que «no tengan ningún tipo de intimidad ni a la hora de declarar ni a la hora de entrevistarse con sus letrados o con los técnicos».

   También sigue sin ponerse en funcionamiento en Tenerife las unidades de valoración integral para especialidades en violencia sobre la mujer, por lo que los fiscales que están de guardia no tienen ningún tipo de valoración para poder calibrar la peligrosidad, limitándose a tener en cuenta las valoraciones realizadas por la Policía, por el IASS o los técnicos. También sigue sin estar en funcionamiento la Oficina de Atención a las Víctimas, lo que únicamente beneficia al agresor, dado que las mujeres desconocen cuáles son los recursos a los que tienen derecho o las ayudas que pueden disponer, lo que hace que en muchas ocasiones retiren la denuncia, vuelvan a vivir con el agresor por entender que es la situación más favorable para ellas, indicó la fiscal superior.