La Diputación inicia en Picanya la extracción de lodos y residuos de 660 garajes para evitar problemas de salud

   Los trabajos se extenderán a otros nueve municipios de l’Horta Sud «gravemente afectados» por la dana y a Algemesí, en la Ribera Alta

   VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) –

   La Diputació de València ha iniciado este martes los trabajos para la extracción de lodos y residuos en 661 garajes y sótanos, tanto públicos como privados, que se encuentran en situación de emergencia sanitaria.

   La actuación se va a llevar a cabo mediante un contrato de emergencias, por importe de 6,8 millones de euros, firmado por el ente provincial con distintas empresas especializadas en este tipo de limpieza, que pueda «garantizar la salubridad de los espacios que han quedado inutilizables a causa del barro y evitar problemas de salud», ha explicado en un comunicado el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó.

   Tras el encuentro celebrado el pasado viernes en sede provincial con 60 alcaldes y concejales de los municipios afectados, el presidente Mompó ha subrayado que la Diputació «está demostrando por qué es la institución más próxima a los pueblos y a sus vecinas y vecinos».

   «Reunimos a los responsables locales para ponerles al día de todas las acciones que las diferentes administraciones están llevando a cabo con vistas a la reconstrucción, y sobre todo para seguir escuchando sus necesidades, como hemos hecho desde el día en que empezó esta pesadilla», ha afirmado.

   Según Mompó, «de la reunión salimos con dos prioridades en las que coincidieron los afectados: la extracción del lodo, a la que ya hemos dado respuesta pese a no tener competencias; y la retirada de vehículos siniestrados de las calles, otro tema complejo que deben resolver de manera definitiva otras administraciones, pero en el que estamos colaborando con la habilitación de campas alejadas de los núcleos urbanos».

   Este lunes arrancó la semana en el Puesto de Mando Avanzado de Paiporta en la reunión mantenida con la UME y las empresas contratadas para acometer la limpieza de garajes y sótanos. Los trabajos los ha iniciado en Picanya la empresa FCC y se extenderán a Aldaia, Paiporta y Massanassa (Facsa); Alfafar y Llocnou de la Corona (Vilor); Benetússer y Sedaví (Becsa); Albal (Romefer); y Catarroja (Dragados/FCC), todos ellos de l’Horta Sud; y Algemesí (Guerola) en la Ribera Alta.

PLAZO DE EJECUCIÓN

   «El plazo de ejecución no se podrá evaluar hasta que avancen los trabajos y los operarios vayan comprobando el grado de afectación de cada uno de los 661 garajes y sótanos incluidos en este primer listado de emergencia, que se ha completado según el grado de salubridad de cada emplazamiento», ha apuntado el presidente de la Diputació.

   Mompó ha lamentado «la actuación de algunas aseguradoras que «no están respondiendo a las llamadas de los vecinos afectados, en un momento de gran dificultad en el que deberían hacer frente a sus responsabilidades y contribuir a que la solución llegue de la manera más ágil posible».

   Las tareas, con equipos de 30 personas por demarcación, consistirán en la extracción de agua estancada (si procede); el arreglo de bajantes de aguas residuales de origen doméstico que presenten roturas o fugas evidentes; la retirada del lodo con los medios que se precisen en cada caso; la identificación de los vehículos y su retirada, si se dispone de los permisos oportunos; la extracción de todo tipo de residuos que se encuentren en el emplazamiento, incluidos trasteros y huecos de ascensor, y la limpieza y desinfección del emplazamiento.

   Estos siete millones de euros son parte del remanente que la Diputación ha destinado de manera extraordinaria a respuesta inmediata tras el paso de la Dana que ha devastado decenas de municipios.

   Esta cantidad se suma a los 25 millones con los que el área de Carreteras ha iniciado la reconstrucción de la red viaria provincial; los 20 millones de euros que el Consorcio Provincial de Bomberos invertirá en reparar los parques y el instrumental dañado; los 15 millones de un fondo incondicionado que los ayuntamientos afectados podrán destinar a gasto corriente; y otras ayudas para infraestructuras hídricas, material informático y vehículos municipales.