La defensa de Le Pen trata de evitar su inhabilitación
En la última jornada del juicio contra Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos, su abogado ha reclamado su absolución. A la líder de la extrema derecha francesa se la procesa por el uso fraudulento de asistentes parlamentarios pagados por la Eurocámara.
El letrado, Rodolphe Bosselut, se ha esforzado, sobre todo, en evitar la pena de inhabilitación que puede impedir a Le Pen, triple candidata presidencial en 2012, 2017 y 2022, presentarse a las próximas elecciones de 2027.
A Marine Le Pen se le acusa de malversación por el papel de cuatro asistentes parlamentarios que tuvo, pagados por el Parlamento Europeo con ocho contratos, y que, según la acusación, en realidad no realizaban funciones asociadas a su puesto de eurodiputada, sino que trabajaban para el partido. En esa época la organización se llamaba Frente Nacional (FN) y luego fue rebautizada como Agrupación Nacional (RN).
Bosselut ha cargado al comienzo de su alegato ante el Tribunal Correccional de París contra la Fiscalía, que ha pedido la condena de Le Pen. La pena incluye dos años de prisión (que no cumpliría entre rejas), una multa de 300.000 euros y una inhabilitación de cinco años de aplicación inmediata, incluso en caso de apelación. Bosselut se ha quejado de haber percibido «una criminalización del derecho de la defensa».
«Esta orden judicial es un arma de destrucción masiva del juego democrático», ha criticado el abogado defensor. Bosselut ha asegurado que la «severidad» de la acusación es «injustificada y gratuita» y «arroja dudas sobre las intenciones de la institución judicial». «La ejecución provisional tendría consecuencias jurídicas desproporcionadas, irremediables e irreparables que equivaldrían a una pena definitiva», ha añadido.
Uso «banal y anodino»
Bosselut insistió en que el periodo de acusación por los dos delitos, de malversación de fondos públicos y de complicidad en malversación, termina antes de que entrara en vigor en 2016 una ley conocida como «Sapin 2» que impone con carácter automático una pena de inhabilitación de cinco años para los políticos autores de esas infracciones en el ejercicio de un cargo público.
El letrado subrayó que, dando por supuesto que a Marine Le Pen no se le puede aplicar la citada norma, en caso de querer imponerle la pena de inhabilitación, que ya no sería automática, el tribunal tendría que argumentar su pertinencia, y a su parecer eso no sería posible.
Bosselut consideró que en los casi dos meses que han pasado desde que comenzó este proceso contra la número uno de la extrema derecha y contra otros 25 miembros y colaboradores del Frente Nacional ha habido «dos visiones paralelas» que «pueden parecer irreconciliables» entre la defensa y la Fiscalía. Le Pen denunció el día después de la orden judicial que lo que exigen es su «muerte política«.
De acuerdo con su versión, el uso que hizo el FN de sus asistentes parlamentarios pagados con el dinero de la Eurocámara en el periodo de acusación, de 2004 a 2016, «no sólo era banal y anodina, porque la compartían todos los partidos europeos equivalentes de oposición», sino que estaba «exenta de cualquier intención fraudulenta». La Fiscalía ha subrayado que el partido ya había sido condenado por malversación de fondos. «No estamos en un foro político, sino judicial y la ley se aplica a todos», han concluido los fiscales.
“Buena fe” e “intención de explicarse”
El abogado ha señalado la disposición que ha mostrado ante el tribunal Marine Le Pen. La líder política ha estado en casi todas las audiencias desde que comenzó el juicio «con la intención de explicarse» y de mostrar «su total buena fe». «Ha venido como los que se saben inocentes. Es su fuerza», ha comentado el letrado, antes de hacer notar que «ha respondido con seriedad a todas las preguntas, no ha eludido ninguna».
Bosselut ha pedido al Tribunal «volver a la ley más allá de prejuicios e ideas preconcebidas». «Podemos culparla de muchas cosas, pero no de tener desprecio hacia el Tribunal o hacia la Fiscalía. ¿Hay alguna arrogancia en defenderse?», ha añadido.
La de hoy es la última audiencia de este proceso que comenzó el pasado 30 de septiembre. Cuando termine la defensa de Bosselut, la presidenta del Tribunal dará la última palabra a cada uno de los que se sientan en el banquillo y el juicio quedará visto para sentencia que se dictará el próximo 31 de marzo de 2025.
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