La CEOE convoca a los órganos de dirección de forma extraordinaria para decidir sobre el ultimátum de la reducción de jornada

Esta reunión de los máximos órganos de dirección tendrá lugar el próximo martes 5 de noviembre, seis días antes del vencimiento del ultimátum (11 de noviembre) lanzado desde el Gobierno a las organizaciones empresariales -también Cepyme- para que decidan si aceptan, o no, la propuesta del Ministerio de Trabajo en la que en las últimas semanas el departamento dirigido por Díaz ha incluido una serie de compensaciones para mitigar el impacto económico de la medida entre las empresas de menor tamaño. Principalmente, con bonificaciones para la contratación en las compañías de menos de diez trabajadores, y con ayudas directas de hasta 6.000 euros para las de menos de cinco trabajadores.

De forma oficiosa, la organización que dirige Antonio Garamendi trasladó tras la última reunión de la mesa de negociación que se celebró el pasado martes que la postura de la CEOE se ciñe las últimas horas a defender la vigencia de los 4.500 convenios colectivos que se firman vía negociación colectiva con los sindicatos UGT y CC.OO. Unos marcos de fijación de condiciones laborales en los cuales se establecen la distribución y horas del tiempo de trabajo. Tal y como señalan las fuentes empresariales consultadas estos establecen de media en estos momentos jornadas 38,3 horas semanales.

Previsible negativa al ultimátum

Con todo, las fuentes empresariales consultadas por ABC ven difícil que la última oferta trasladada desde el Ministerio de Trabajo sirva para revertir la negativa de las organizaciones patronales. Tanto CEOE como Cepyme consideran que el punto de partida de la reforma del Estatuto de los Trabajadores para incorporar las 37,5 horas supone una injerencia en la labor negociadora de empresarios y sindicatos que se realiza por empresas, sectores, provincias y a también a nivel autonómico en los convenios.

En este escenario de un «no» al ultimátum por parte de CEOE y Cepyme, el departamento dirigido por Yolanda Díaz ya advirtió de que iniciaría una negociación exprés de la medida sólo con UGT y CC.OO., y amenazó con que en esta podrían decaer las medidas compensatorias que se han previsto para las empresas de menos de diez y cinco trabajadores. Un extremo que confirmaron las organizaciones sindicales asegurando que si la CEOE no firmar el acuerdo de reducción de jornada, las condiciones del texto que finalmente irá al trámite parlamentario cambiarían ya que estas ayudas se han establecido precisamente para ablandar la postura empresarial.

Con todo, las fuentes consultadas explican que se tratan de medidas casi sin alcance económico: «La caja es grande pero no tiene contenido». Aseguran que el ‘Plan Pyme 375’ en el que se han ido incorporando las compensaciones en forma de bonificaciones y ayudas directas realmente no tiene alcance económico. «Son compensaciones económicas irrisorias para unos elevados costes estructurales«, indican. Cabe recordar que según calculaba recientemente el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España el coste directo de la reducción de jornada ascendería hasta los 15.000 millones de euros anuales.

Mientras que cabe señalar igualmente que las ayudas para las pequeñas empresas propuestas por el Gobierno, exiguas, están además altamente condicionadas. Por ejemplo, las bonificaciones a la contratación se ciñen sólo al primer año de relación laboral mientras que si las compañías se acogen a ellas deberán mantener al trabajador un mínimo de tres años. Además, está por ver el nivel de las bonificaciones, aún no fijado por el Gobierno.

Este es precisamente otro de los aspectos que empuja a la CEOE a una previsible negativa el próximo martes ya que el Ministerio de Trabajo no ha trasladado aún un borrador de texto normativo con el compendio de medidas, a las que hay que sumar además del plan de ayudas para las pymes, el registro horario digital obligatorio al que tendrá acceso la Inspección de Trabajo y el refuerzo del derecho de desconexión. Y tampoco por tanto se ha trasladado una memoria de impacto económico de las medidas, exigida ya en varias reuniones por parte de las organizaciones empresariales.