Jueces y fiscales advierten en Ciudad Real de la gravedad del acceso a la pornografía de menores
CIUDAD REAL 22 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Colegio de Abogados de Ciudad Real ha reunido a jueces, fiscales y letrados para analizar el impacto del consumo de pornografía en menores, un problema que, según los expertos, tiene repercusiones alarmantes en la sociedad actual, entre ellas, el incremento de comportamientos sexistas, violencia de género entre menores y delitos contra la integridad sexual.
Así lo han puesto de manifiesto durante la inauguración de la jornada ‘Pornografía, violencia y deshumanización. Consecuencias de la exposición sexual de menores’ que este martes y miércoles organiza el Colegio de Abogados de Ciudad Real y el colectivo Jueces y Juezas para la Democracia, y en la que han estado presentes el presidente del Colegio de Abogados, Cipriano Arteche; el subdelegado del Gobierno de España en la provincia, David Broceño, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández.
Durante la inauguración de las jornadas, el presidente del Colegio de Abogados ha puesto de manifiesto que el fenómeno de la pornografía, accesible de forma gratuita e ilimitada, está generando graves consecuencias, y ha recordado la advertencia de jueces y fiscales sobre la necesidad urgente de intervenir, dado que el consumo entre los jóvenes está vinculado a una proliferación de actitudes violentas y a una normalización de la cosificación de las mujeres.
A lo largo de dos jornadas, jueces, fiscales y abogados abordarán también el tratamiento que este problema recibe en el ámbito judicial, destacando las medidas que se están implementando para hacer frente a estos casos y fomentando un mayor conocimiento del sistema de justicia entre la ciudadanía.
REFORZAR LA PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y ESCOLAR
El subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha destacado la gravedad del acceso de menores a la pornografía, señalando que la mitad de los niños entre 12 y 15 años ya consumen estos contenidos, y uno de cada cuatro lo hace antes de los 12 años.
Ha insistido en la necesidad de reforzar la protección de los menores en Internet, señalando que el Gobierno de España está trabajando en una ley de protección integral del menor, con un anteproyecto que ya cuenta con aportes de 50 expertos y que se espera sea aprobado pronto.
Broceño ha subrayado la importancia de formar a las familias y educar a los menores sobre sexualidad desde una perspectiva socioeducativa para mitigar el impacto de contenidos inadecuados.
Además, aunque los delitos de violencia sexual han disminuido, Broceño ha alertado sobre la presencia de casos de violencia sexual entre menores, señalando que están vigilantes para evitar situaciones de riesgo en entornos familiares y escolares.
De su lado, Blanca Fernández, delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha destacado la creciente preocupación por el acceso de menores a la pornografía, un problema que, según ha señalado, ya no puede ser ignorado.
Ha indicado que la media de edad a la que los niños reciben su primer móvil es de nueve años, lo que facilita su acceso a contenidos inapropiados si no se controlan. La pornografía, según Fernández, cosifica a las mujeres y fomenta conductas sexistas, lo que se agrava en menores, que no están preparados ni hormonal ni intelectualmente para procesar estos contenidos.
Fernández ha alertado sobre el incremento de comportamientos violentos y sexistas entre menores, particularmente de «chicos hacia chicas», lo que atribuye en parte a la exposición a la pornografía. Por ello, ha hecho un llamamiento a las familias y a las instituciones a no dejar la educación sexual en manos de la tecnología, y ha instado a que se promueva la igualdad y el respeto desde una educación sexual adecuada en los colegios.
Además, ha destacado el compromiso del Gobierno regional con la creación de recursos como el nuevo centro de atención integral a víctimas de violencia sexual en Ciudad Real, en el antiguo palacete de la Cruz Roja, que ofrecerá asistencia jurídica y apoyo integral a las mujeres afectadas, evitando su revictimización en el proceso judicial.
