IU registra una iniciativa parlamentaria que pide al Gobierno suprimir los conciertos con centros concertados que cobren

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias ha admitido a trámite esta semana una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS que insta al Gobierno asturiano a reforzar los controles para evitar la práctica del cobro de contribuciones económicas a las familias de alumnos de centros concertados, suprimiendo los conciertos con aquellos centros educativos que no cumplan con la gratuidad del servicio.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también pide al Principado que informe de manera directa y personalizada a todas las familias con alumnado matriculado en los centros de educación concertada del Principado de Asturias de la prohibición de la exigencia por parte de los gestores del centro educativo de cualesquiera cuotas o aportaciones económicas y el derecho de las familias a negarse a realizar cualquier contribución financiera.

Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, que gobierna en Asturias con el PSOE, explica en su exposición de motivos que aunque los centros concertados no son a día de hoy necesarios es necesario garantizar su gratuidad mientras existan.

Explican que los datos aparecidos en un reciente estudio demuestran que entre el 81 % y el 95 % del alumnado de la concertada en España, dependiendo de la etapa escolar, paga cuotas, una práctica que «no solo contradice la filosofía subyacente de los conciertos educativos, sino que también crea dificultades económicas significativas para numerosas familias y que tiene como uno de sus objetivos mantener el carácter clasista y elitista de este modelo educativo».

Según, IU, el cobro de estas cuotas se «camufla» bajo el disfraz de ‘aportaciones voluntaria’ y se presenta en conceptos como matrícula, material escolar o actividades extraescolares.

«A pesar de insistir en su carácter voluntario, en muchas ocasiones estas contribuciones se perciben como obligatorias, creando una situación de presión económica indebida sobre las familias, quienes desconocen la posibilidad de evitar dicho pago», advierten desde Convocatoria.