Fiscalía de Madrid informó a la General de que investigaba al novio de Ayuso al entender que era un asunto relevante

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Fiscalía Provincial de Madrid informó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de que había una investigación contra una empresa «relacionada con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid» en cumplimiento de la «dación de cuentas» del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), el cual obliga a los fiscales a poner en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos que por su «importancia o trascendencia» deba conocer.

Así consta en un correo electrónico, al que ha tenido acceso Europa Press, enviado el 7 de marzo por la secretaría de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe.

«Por indicación de la señora fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y de conformidad con el artículo 25 EOMF, se remite para su conocimiento y efectos oportunos copia íntegra de las diligencias de investigación penal (…) relativas a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería (…), relacionada con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid», reza el ‘email’.

Además, indica que «en fecha 5 de marzo de 2024 se ha presentado por esta Fiscalía denuncia en el Decanato de Instrucción estando pendiente de su reparto al juzgado que por turno corresponda».

Por último, pide disculpas por «la dación de cuenta simultánea» –tanto de la existencia de la investigación como de la presentación de la denuncia–, si bien añade que «parece oportuna a la vista de la condición de las personas interesadas».

EL INFORME DE LA UCO

Cabe recordar que en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se atribuye una «participación preeminente» al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de ‘emails’ con información sensible de González Amador, el punto de partida es el 8 de marzo, según acotó el magistrado instructor, Ángel Hurtado.

El informe, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, se centra en la información incautada a Rodríguez durante el registro realizado en su despacho el pasado 30 de octubre y comienza con un mensaje de WhatsApp de Villafañe a Rodríguez del 8 de marzo donde éste le indica que faltan páginas por escanear y le pide corregirlo.

En mensajes posteriores, concretamente el 13 de marzo, Rodríguez precisó, en conversación con la jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana Isabel García León, que fue el 7 de marzo cuando envió «todo» lo relativo a las diligencias contra González Amador a Villafañe. «Así que imagino que después de analizarlas es cuando se ha dado publicidad por FGE», dijo la fiscal jefe provincial a su interlocutora.

La UCO destacó el hecho de que la denuncia contra González Amador se publicara en prensa el 12 de marzo, «es decir, tan solo cuatro días después» de que la Fiscalía General del Estado la recibiera «de manera completa» desde la Fiscalía Provincial de Madrid.

Por eso, los investigadores concluyen que la denuncia «será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado», ampliando así el objeto de las pesquisas, ya que hasta ahora se ceñía a la filtración de los ‘emails’ que la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, se intercambiaron para llegar a un acuerdo.

DACIÓN DE CUENTAS

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press recriminan a la UCO que en sus «deducciones» obvia la obligación legal de los fiscales de dar cuenta a sus superiores sobre los asuntos importantes.

A ello añaden que ese 7 de marzo la denuncia ya había sido conocida, además de por la Fiscalía, por los juzgados madrileños y Hacienda, apuntando así a otras posibles vías de filtración.

La Abogacía del Estado, en los escritos que ha presentado en el Tribunal Supremo tanto en defensa de García Ortiz como de Rodríguez, también ha enmarcado las comunicaciones sobre este asunto en la dación de cuentas del artículo 25 del EOMF.

El Supremo abrió causa contra García Ortiz y Rodríguez el pasado 16 de octubre por la supuesta filtración a la prensa de los ‘emails’ entre González Amador y Salto, descartando que hubiera delito en su difusión en una nota de prensa el día 14 de marzo, el comunicado que propició que el novio de Isabel Díaz Ayuso llevara el asunto a los tribunales.