Facenda defiende todos los contratos menores de la Xunta y dice que «no había alternativa» para el Cunqueiro

   El BNG señala «contradicciones» en dos informes elaborados por PWC en 2010 para el hospital y PSdeG insiste en «irregularidades»

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) –

   El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha vuelto a defender este jueves la «legalidad» y «transparencia» de la Xunta con toda la contratación menor y la realizada por el trámite de emergencia durante la pandemia de la covid-19.

   Además, ha asegurado que «no había alternativa» al modelo actual de concesión de obra pública –a una UTE compuesta por cinco entidades– para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo entre 2011 y 2015, porque este era el «único modelo óptimo y eficiente» en un contexto de crisis económica.

   Así lo ha subrayado Corgos en su comparecencia este jueves en la comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta constituida en el Parlamento gallego, donde ha debatido con los grupos sobre ambas cuestiones.

   Acerca del Hospital Álvaro Cunqueiro, el ahora conselleiro, que previamente ejerció como director xeral de Orzamentos desde 2009, ha asegurado que tanto los gobiernos del PP como «el anterior» –del bipartito– «carecían de recursos públicos» para financiar tal infraestructura sanitaria.

   Asimismo, ha afirmado que el gobierno de PSdeG y BNG, pese a lo sostenido el miércoles por la exconselleira de Obras Públicas en la comisión, «no pensaba realmente ejecutar» la encomienda que hizo en 2009 a la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), porque «no existía» esa reserva de crédito de 400 millones.

   «Si fuese verdad, que no lo es, que el SPI iba a hacer el hospital de Vigo, computaría en deuda y no se podría financiar», ha resumido el titular de Facenda.

   Corgos sostiene que la Xunta de Emilio Pérez Touriño «iba a emplear el mismo sistema» de concesión –así lo recomendaron informes encargados a consultoras, aunque luego se apostó por el SPI– porque era «el único posible» que permitía una «adecuada transferencia de riesgo» a la concesionaria.

   Sobre la contratación menor de la Xunta, el conselleiro ha tomado como ejemplo el ejercicio de 2023 para asegurar que los contratos menores supusieron el 32% del total, pero que «la mayoría» fueron medicamentos sujetos a patentes.

   Corgos también ha dicho que «no hay que justificar» la elección de la modalidad de los contratos menores, pero sí «el gasto». En cualquier caso, ha constatado que todos son «objeto de control» por parte de la Intervención Xeral y de órganos como el Consello de Contas.

OPOSICIÓN

   Por parte del BNG, el diputado Iago Tabarés ha mostrado sus dudas con la legalidad de sustituir lo encargado por el bipartito al SPI por el modelo concesional sin «ese informe preceptivo y previo» de viabilidad que echa de menos el Consello de Contas –sí se encargó a PricewaterhouseCoopers (PWC) uno de viabilidad económico-financiera–.

   De igual modo, el nacionalista ha desvelado «contradicciones» entre dos de PWC fechados en enero de 2010: uno que recogía como perímetro de la concesión el Álvaro Cunqueiro y el segundo –que había sido declarado confidencial por la consultora– la ampliaba a servicios no sanitarios del Meixoeiro y del Nicolás Peña, algo que Contas advirtió que «no tiene soporte legal».

   Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha señalado las «irregularidades» de contratos de emergencia durante la pandemia por «claros conflictos de interés», como por ejemplo con Eulen y Universal Suppport, que tienen directivos que son familiares del expresidente Alberto Núñez Feijóo.

   Dicho esto, la socialista ha aprovechado para solicitar al conselleiro de Facenda que remita los expedientes de contratación con dichas firmas, que ya fueron pedidos al amparo del artículo 9 del Reglamento de la Cámara.

EL «EXCESO» DEL CUNQUEIRO

   Con respecto al Álvaro Cunqueiro, Iglesias ha cambiado la palabra «sobrecoste» por la de «exceso» para hablar de los 470 millones que supuso de más la concesión conjunta de obras y servicios del horpital, una fórmula que «ya estaba elegida» por el PP «sin análisis previo».

   Frente a las críticas de la oposición, el diputado del PP Roberto Rodríguez ha insistido en que «era totalmente imposible» que el hospital se hiciera «de una forma distinta a la colaboración público-privada».

   En lo relativo a contratos con empresas dirigidas por personas próximas a Feijóo, Rodríguez ha defendido que la legislación «fija una serie de requisitos perfectamente establecidos» y que ya el Consello de Contas no puso «ni un solo reparo de legalidad».

ELENA MUÑOZ

   También ha acudido a la comisión Elena Muñoz, que fue interventora xeral de la Xunta entre 2009 y 2012, antes de ejercer como conselleira de Facenda de Feijóo entre 2012 y 2015. Ha recordado que, en aquella época, la Xunta sufrió «cinco años de continuos decrecimientos de ingresos» y que los Presupuestos de 2010 «fueron los primeros de la historia de la autonomía elaborados en una contracción de gasto total».

   En esta coyuntura, Muñoz ha defendido que las decisiones sobre el hospital fueron «100% técnicas» y ha alegado que la colaboración público-privada era la recomendada por la Comisión Europea «en su Libro Verde» en caso de que, en un contexto de crisis, las administraciones «no pudiesen acometer estas obras» por sí solas.

   En un debate tenso, la oposición ha centrado sus preguntas en el hecho de que, según figura en el cronograma del informe de Contas, el 5 de mayo de 2010 entraron en la Intervención Xeral –que dirigía Muñoz– varios documentos necesarios para elaborar el expediente, que al día siguiente, el 6 de mayo, recibía la aprobación del Consello de la Xunta.

   «Es inaudito», ha lamentado la socialista Patricia Iglesias, mientras que la nacionalista Montse Prado se ha preguntado si en la Intervención Xeral leyeron un documento de «800 folios» durante «24 horas consecutivas sin parar, sin respirar, sin comer, sin ir al baño». «Eso sí que es rigor en el trabajo», ha ironizado la responsable del BNG.

   En su contestación, Muñoz ha explicado que la fecha registrada fue la de la entrada «de la última documentación», porque la Administración «pide más» informes durante la tramitación, y no quiere decir que todos entrasen ese mismo día.

   Asimismo, ha cargado contra el bipartito por no haber construido el hospital cuando la Xunta tuvo «la etapa de mayores ingresos» de su historia.

«ÚNICA ALTERNATIVA»

   Por otra parte, ha comparecido en la comisión de investigación José Antonio Redondo, quien estuvo al frente de Contas entre 2015 y 2023, durante el tiempo de elaboración de los informes sobre el Cunqueiro y la contratación del Sergas.

   Como ya había sido citado el actual conselleiro maior, Juan Carlos Aladro, Redondo ha reconocido que no tiene «nada que decir». Pero sí ha opinado que la concesión era la «única alternativa que permitiría la construcción» en aquel contexto de crisis.

   En cualquier caso, el ex conselleiro maior ha mostrado sus «muchos reparos» con debatir sobre la alternativa, porque prefiere hablar de «si se está cumpliendo la función» del hospital «o no». «Podría ser más o menos barato, pero la alternativa de no hacer nada era mucho peor», ha remachado.

   Finalmente, sobre si en la contratación hubiese detectado ilícitos penales, Redondo ha respondido que «naturalmente lo pondrían en conocimiento de la Fiscalía».