En 2025, la Xunta dará a los jóvenes una «ayuda directa a la emancipación»

La sesión de control la arrancó el socialista José Ramón Gómez Besteiro, que inquirió al presidente gallego acerca de las medidas que están tomando desde su administración para hacer frente a las dificultades que tiene la juventud para acceder a una vivienda. Aunque también nombró otros, como el paro, cuya tasa en este grupo de población alcanza el 27%; de «salarios», en relación a su cuantía; de «transporte» y, «sobre todo», señaló, «de irse o quedarse en Galicia»: «Esa es la encrucijada en la que se encuentran muchos de los jóvenes».

Con todo, el eje central de su intervención fue la vivienda, teniendo los jóvenes que dedicar «un 50% de su sueldo al alquiler». A lo que hay que sumar, indicó, que en la actualidad «hay 18.000 inscritos en el registro de demanda de vivienda pública», «cuatro veces más que en los últimos seis años». Arremetió así contra la política de vivienda pública de la Xunta, tanto en la época de Feijóo como en la de Rueda, de quien criticó que en 2022, su primer año a cargo del Gobierno gallego, la ejecución de la partida de acceso a vivienda se quedó en el 8,8%. Y del mandatario autonómico, dijo que está «desconectado de la realidad», tras haber dicho el día anterior que «los jóvenes están liberados de todas las desigualdades gracias a las políticas de la Xunta». «Soberbio», fue la palabra que escogió para definirlo.

Declaraciones que, en la réplica, fueron desmentidas por el presidente. «Al contrario, lo que dije es que tienen que estar en el centro de nuestras políticas porque tienen muchos problemas y muchos retos», y «soberbia», añadió, es «hablar» como el socialista. De esa cifra del 8% que daba Besteiro, indicó que es de un convenio que tenían que firmar en enero, pero «no pudimos, por culpa del Gobierno central, hasta noviembre». «Ya me gustaría que su Gobierno se dedicase a lo que se tiene que dedicar y nos mandase los convenios a principio de año para poder firmarlos», aseveró.

En lo que a la vivienda se refiere, explicó que es uno de los objetivos principales de esta legislatura, sobre todo dirigida a la juventud, porque «preparar la Galicia de hoy es dedicarse a los jóvenes, porque van a ser los que construyan la Galicia de mañana». «El reto es hacer todo lo posible para que, primero, se formen en Galicia; segundo, puedan trabajar en Galicia; y, tercero, si quieren, que todo su proyecto de vida esté aquí». Cuestiones que pasan por la educación que, recordó, en la Comunidad es gratuita desde la guardería hasta la universidad; pero también, evidentemente, por la vivienda, cuyos fondos, como anunció el martes, «multiplicamos por tres». Y nombró algunas medidas, como el objetivo de duplicar el arque público de vivienda en esta legislatura, el bono de alquiler joven o las ayudas a las hipotecas. Y además, «de las viviendas [públicas] que la Xunta construya en 2025, el 40% de las que estén dedicadas al alquiler serán para gente joven. Y a venta, el 25%».

Y continuó, señalando que en el bipartito la Comunidad estaba a la cola en la tasa de emancipación – la número 17- mientras que ahora está entre la posición octava y novena. Precisamente para promover esta independencia entre los más jóvenes, anunció que «en los Orzamentos del año que viene habrá, por primera vez, una ayuda directa para ayudar a los jóvenes a emanciparse, fuera de los gastos de alquiler o hipoteca». «Una ayuda para que puedan hacer frente a esos primeros gastos que son tan fundamentales cuando uno empieza a vivir de manera independiente», cuya cuantía está aún por definir.

AP-9

También los nacionalistas cuestionaron al presidente en la sesión de control, en su caso, acerca de la AP-9. La portavoz del Bloque, Ana Pontón, explicó que su partido encargó a la Universidad de La Coruña «un estudio para calcular cual es el coste del rescate y evaluar las vías jurídicas» para hacerlo. «Un informe que hicieron dos expertos, Carlos Aimeritz y José Antonio Blanco, que determina que el rescate no es solo viable, sino que es la opción más barata tanto para las arcas públicas como para los gallegos y gallegas […]. El coste del rescate serían 904,7 millones, ni los 4.500 que decía Rajoy, ni los 6.000 que dice Sánchez ni los 2.355 del informe que encargó la Xunta». Un informe, acusó, encargado según la portavoz nacionalista a «una empresa que tiene vínculos de Audasa». «Deje de reírse de los gallegos, señor Rueda», espetó al mandatario.

Él, por su parte, aseguro que no es de los gallegos de quien se ríe, sino del «morro que le echa» la nacionalista. «Mire que había mucha gente para encargarles el informe, gente imparcial, y resulta que lo hace el que fue portavoz del BNG en el Parlamento», afeó. Eso «no puede ser ejemplo de imparcialidad», aseguró.

Y le hizo una recomendación: «Regrese cuanto antes al futuro, que está usted en el pasado», porque él, al contrario que ella, no estaba en la Cámara en el 2000, cuando prorrogó la transferencia. «Hace ocho meses que perdió las elecciones y lo que debería estar haciendo es oposición en el presente, y no en el pasado» ni tampoco «a Aznar», presidente del Gobierno en aquel momento.