El teniente general Pitarch acusa al Gobierno de «incumplir la ley» e «impedir» que el Ejército trabaje en Valencia

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) –

El teniente general retirado Pedro Pitarch, que fue jefe del Eurocuerpo y director general de Política de Defensa, ha acusado este lunes al Gobierno de «incumplir» la Ley de Defensa Nacional y de «impedir» a las Fuerzas Armadas desplegarse en la Comunidad Valenciana en los primeros compases de la catástrofe provocada por la DANA que ya ha dejado más de 200 muertos y un número indeterminado de desaparecidos.

En una entrevista concedida a EsRadio, recogida por Europa Press, Pitarch ha aludido a los reproches que los ciudadanos hacen a las autoridades por la falta de efectivos militares desplegados en los primeros días en la Comunidad Valenciana, desbordada por las consecuencias del temporal.

El teniente general, que ha hecho hincapié en que «el Ejército no es del Gobierno, es de España y los españoles», ha explicado que el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, establece que «las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente».

Pitarch ha defendido que el artículo 15 de la citada ley introduce un «cambio sustancial» respecto a legislaciones anteriores que establecían que las Fuerzas Armadas debían «apoyar» a las instituciones de protección civil porque, en este caso, «les otorga esa misión». A su juicio, el Gobierno «no ha cumplido inicialmente» la ley. «Ha impedido que (el Ejército) cumpliera con su misión», ha ahondado.

El teniente general ha censurado «la desidia y lentitud» del Ejecutivo al desplegar a los efectivos militares, «entre otros déficits cometidos por este Gobierno en la tragedia». «Un criminal reparo ideológico del Gobierno frente a la idea de ver en la calle a las tropas apoyando eficazmente a la población civil», ha resumido, antes de afirmar que los juristas podrían «explorar» las consecuencias de este, a su juicio, incumplimiento.