El Puerto de Tarragona prevé un impacto «total» si Repsol retira su inversión por el impuesto a las energéticas
El presidente del Puerto de Tarragona, Saül Garreta, ha advertido hoy sobre el efecto gravísimo que tendría para la infraestructura la hipotética retirada de la inversión de 1.100 millones de euros que Repsol tiene prevista en el Complejo Petroquímico de Tarragona, cosa que podría suceder en caso de que finalmente el Ejecutivo convierta en permanente el impuesto a las energéticas.
La compañía tiene comprometidos 1.100 millones de euros en diversos proyectos de transición energética -principalmente el desarrollo de la ecoplanta y el electrolizador más grande de España- que van a instalarse en ese polo químico catalán, que, hay que recordarlo, es el área industrial de este tipo más grande del sur de Europa.
Él lunes la energética emitió un comunicado en el que, en términos muy claros, vinculaba la posibilidad de continuar con esa inversión a la continuidad de un impuesto que desde enero de 2023 grava el 1,2% de su cifra de negocios.
Si el impuesto saliera adelante y Repsol cumpliera su amenaza -que es una concatenación de hechos por ahora muy lejana, porque PSOE y Sumar están solos en esta propuesta-, las consecuencias para el Puerto de Tarragona serían «totales», ha explicado Garreta en una entrevista a Europa Press.
La razón que ha argüido es bien sencilla, y es que el 50% del volumen de toneladas que mueve esa infraestructura depende de los hidrocarburos. Hablando específicamente del impuesto, ha asegurado que no está bien pensado y que lo que hay que hacer es «acompañar a las compañías para que estas inversiones se puedan asumir, y la administración pública tiene que ser exigente pero no ahogar».
Manifestando una opinión compartida por muchos, también ha asegurado que el tributo no debería calcularse sobre la facturación, sino sobre los beneficios. «No detengamos la economía», ha dicho antes de defender el esfuerzo realizado por Repsol en favor de la descarbonización.
Garreta se une así a la lista de líderes empresariales catalanes que se han opuesto al mantenimiento del tributo. Precisamente, el lunes la patronal catalana Fomento del Trabajo lo tildó de «golpe fiscal» aduciendo el daño a la competitividad.