El presupuesto andaluz de 2025 fija como prioridades el déficit de viviendas y mejorar la gestión de la sanidad y educación

La memoria del presupuesto de 2025 pretende asumir en este sentido un discurso más social y centrado en los temas que han provocado las mayores crisis de gestión en los que llevamos de legislatura como son la sanidad, la educación y la dependencia. Y a esto se añade un cuarto elemento que la propia consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, calificó ayer en un desayuno de Europa Press como el «principal problema»: las dificultades de acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler existentes especialmente para los más jóvenes.

«La parte primordial del Presupuesto se destina a fortalecer el Estado del Bienestar, garantizando servicios públicos de calidad en áreas esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Con ello no sólo se pretende mejorar la accesibilidad y calidad de estos servicios sino también reducir las desigualdades sociales y territoriales de Andalucía prestando especial atención a las zonas rurales y a los colectivos más vulnerables», recogen las bases del articulado que en las próximas semanas se desarrollarán con la aprobación completa del proyecto de presupuestos. En los últimos años tanto en Andalucía como en las principales comunidades autónomas el presupuesto destinado a estos ámbitos de carácter social absorbe prácticamente seis de cada diez euros disponibles de gasto público.

El principal área de gasto, como viene siendo habitual, es la sanidad, que prácticamente se lleva una tercera parte del presupuesto. En este área, la Junta de Andalucía ha atravesado en los últimos meses graves dificultades por la falta de profesionales y el incremento de las listas de espera. Hasta el punto de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, decidió relevar a su titular Catalina García coincidiendo con el ecuador de la legislatura.

También ha habido cambios en el ámbito educativo, en el que ahora Carmen Castillo ha retomado las riendas de una Consejería que protagoniza una de las líneas prioritarias de acción para el año 2025, como es la ampliación de la gratuidad en la educación infantil a los dos años, además de continuar con la senda de estabilización de personal.

Junto a esto, el Gobierno andaluz asume que hay un problema con la dependencia, ya que lidera los tiempos de espera a nivel nacional, y que se requiere una mayor aportación de recursos además de los cambios de modelo que se están implementando desde el área que dirige Loles López, que financia un 64% del coste del servicio mientras que el resto lo aporta el Gobierno de España, condicionando el próximo ejercicio por la prórroga de los Presupuestos de Estado. La Junta reclama llegar al 50%.

Estos tres ámbitos, que concentran buena parte de la preocupación del Gobierno andaluz y las críticas de la oposición, se sitúan como ejes en el reparto de fondos del presupuesto. Pero durante los últimos meses otro tema, la vivienda, se ha posicionado como en el centro del debate público: por las subidas de precios, por el incremento de las tensiones sociales especialmente entre los jóvenes y por la confrontación legislativa entre los modelos del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.

De ahí que la Junta recoja en las bases de sus cuentas cuál es su estrategia para afrontar este problema. De acuerdo con el articulado de la Ley de Presupuestos de 2025, la vivienda es la única novedad en las medidas fiscales para el próximo año. Se incorpora la subida al 6% del porcentaje de deducción en el IRPF para jóvenes que inviertan en la compra o rehabilitación de su vivienda habitual y además se eleva el límite de deducción por alquiler hasta los 900 euros para jóvenes y mayores de 65 años, y hasta los 1.000 euros para las personas con discapacidad.

A esto se añade que se van a reeditar otros dos programas de ayudas dirigidos también a la adquisición de viviendas entre los jóvenes. Por un lado, y por decisión del Gobierno de España trasladada la pasada semana por el Ministerio de Vivienda, la Junta de Andalucía contará con otros 35 millones de euros para una nueva edición del Bono Alquiler Joven, un plan de ayudas de 250 euros al mes para menores de 35 años que adquieran una vivienda. La primera edición, que tuvo el doble de presupuesto, arrastra graves problemas administrativos y aún se mantienen expedientes sin resolver.

Además, la Junta de Andalucía hace un balance positivo de su programa de avales para la adquisición de una vivienda al que reservó en este año 2024 un total de 20 millones de euros y que han empleado en torno a 1.200 jóvenes. Para el próximo ejercicio el presupuesto de este plan (por el que la Administración avala una parte de la hipoteca facilitando así el acceso al préstamo) tendrá un presupuesto de 25 millones de euros y se podrán beneficiar personas de menos de 40 años frente al límite que había hasta ahora que se situaba en 35 años.

Todo esto, en un momento clave en el ámbito legislativo en materia de vivienda. La Junta de Andalucía mantiene su rechazo a la ejecución de las limitaciones al precio de alquiler establecidas en la ley estatal y juega como su principal baza la aprobación en 2025 de su propia legislación centrada en la adecuación de suelos para la promoción de nuevas viviendas públicas y privadas. El próximo año se cierra además un plan de vivienda estatal con una inversión global de 246 millones de euros entre fondos estatales y autonómicos, y se espera que se afronte la negociación del siguiente.

Recuperación económica y presupuesto verde

Además de este mensaje de búsqueda de una mayor cohesión social, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos pretende que las cuentas de 2025 permitan «impulsar un crecimiento económico sostenible» y contribuya a dar respuestas a «desafíos estructurales como el desempleo o la necesidad de mejorar la productividad y competitividad».

En este sentido, la Junta de Andalucía pretende por un lado contribuir a la generación de actividad económica en los presupuestos a través de un mayor gasto público en la transformación digital, la transición ecológica y la asignación de más recursos para la investigación y desarrollo y la innovación empresarial.

Por otro lado, como segundo eje, la Consejería esboza un aumento de la inversión pública como «motor esencial para el crecimiento económico». Como áreas prioritarias destacan en este sentido el transporte, la movilidad sostenible, la gestión y distribución de recursos hídricos o las infraestructuras para la transición hacia fuentes renovables.

Por último, las bases presupuestarias consolidan las referencias al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la lucha contra el cambio climático. En esta línea, el presupuesto incorpora una «presupuestación verde» con «un enfoque transversal en la lucha contra el cambio climático para lo que se ultiman una serie de medidas para promover un desarrollo más sostenible y resiliente frente a los desafíos ambientales».