El PNV y el PSOE acuerdan mantener el impuesto a la banca
El Gobierno ha decidido finalmente ha decidido hacer decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre, al mismo tiempo que ha acordado con el PNV que las haciendas forales vascas puedan gestionar el tributo sobre la banca.
A falta aún de pronunciarse sobre las enmiendas al proyecto de ley del tipo mínimo, cuyo plazo se ha cerrado esta tarde, el PNV ha avanzado en un comunicado que dicho gravamen incluye el impuesto complementario sobre las multinacionales con el establecimiento de un tipo mínimo global del 15%.
El documento también señala que la decisión sobre el gravamen a las energéticas se da por «factores externos a la voluntad» del PNV, quien ha expresado su intención de concertar dicho tributo.
Actualmente, los gravámenes a la banca y a las energéticas tienen carácter temporal, aunque el Gobierno buscaba hacerlos permanentes mediante estas enmiendas. Sin embargo, el impuesto a las energéticas se ha encontrado con la negativa de Junts, lo que ha complicado su continuidad.
Falta de acuerdos en el impuesto a las energéticas
Las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios para prorrogar el impuesto que gravaba los ingresos extraordinarios a las empresas energéticas no han logrado prosperar y finalmente decaerá a partir del año que viene.
Junts ya aseveró que no apoyaría la permanencia del impuesto a las energéticas de cara a 2025 si esto perjudicaba una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona, pese a que el PNV estaba dispuesto a aceptar su continuidad si se transformaba en un impuesto que fuera concertado en Euskadi y Navarra.
Contra la decisión de tumbar el impuesto están aliados parlamentarios del Gobierno como Bildu, Esquerra Republicana (ERC), Podemos y el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, señaló que hacer permanente el impuesto a energéticas «es obligatorio» para reequilibrar la balanza fiscal, mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendía mantener el tributo a empresas como Repsol que, según dijo, emite el 62% del dióxido de carbono (CO2) del Ibex 35.