El juez cita a la gerente del SAS y sus dos antecesores tras la querella de PSOE-A por contratos sanitarios

El juzgado requiere al SAS que aporte en el plazo de un mes expedientes tramitados por procedimientos de emergencia entre 2021 y 2023

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por «posibles irregularidades» en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.

Así se recoge en un auto del citado juzgado de Sevilla firmado con fecha del pasado martes, 12 de noviembre, y consultado por Europa Press, en el que se acuerda admitir a trámite la querella y la ampliación de la misma realizada por los parlamentarios del PSOE-A contra la actual gerente del SAS y los dos exgerentes.

El juez que firma el auto acuerda citar a estos tres gerentes del SAS de la etapa 2021-2024 «para que comparezcan» ante dicho juzgado de Sevilla «en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de las mismas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior».

Esta resolución del juez se pone en conocimiento del Ministerio de Fiscal y «demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días», precisa también el auto.

QUERELLA POR PRESUNTA PREVARICACIÓN

La resolución judicial relata que la treintena de parlamentarios del PSOE-A interpuso una denuncia en los juzgados de Sevilla contra los dos citados exgerentes del SAS «por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023».

El citado juzgado acordó, el pasado 1 de octubre, incoar diligencias previas «por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa». Posteriormente, «por escrito de 11 de octubre de 2024 se presentó querella por parte de la treintena» de parlamentarios socialistas «solicitando ser tenidos en calidad de acusación popular previo ofrecimiento de fianza».

El juzgado fijó en 5.000 euros la cuantía de esa fianza, que los diputados socialistas consignaron, lo que ha servido para que estos pasen a tener la consideración de «acusación popular» en este caso.

Asimismo, el pasado 11 de noviembre se presentó por parte de dichos diputados una «ampliación de querella» por «posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en el año 2024» contra la actual directora gerente del SAS, Valle García.

El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha entendido que dicha querella y su posterior ampliación reúnen «los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», y los relatos que se exponen en ella revisten «los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio del resultado de la investigación», por lo que ha acordado su admisión y citar a los tres querellados para que comparezcan ante el juzgado «en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024».

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AL SAS

Por otro lado, el mismo juzgado de Instrucción de Sevilla ha dictado una providencia, con fecha de este pasado miércoles, 13 de noviembre, en la que se acuerda la práctica de una serie de diligencias interesadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En concreto, el juez acuerda «que se requiera al Servicio Andaluz de Salud para que aporte en el plazo de un mes de forma sistemática y en soporte digital los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia por su Servicio Central en el periodo 2021-2023 en el ámbito del artículo 9 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo; así como cualquier documentación obrante en sus archivos relativos a dichos expedientes», como «informes jurídicos, consultas a la Intervención, comunicaciones con proveedores, borradores de contratos».

De la misma forma, el SAS, por requerimiento del juez, «deberá aportar cualquier expediente derivado de las contrataciones efectuadas bajo dichos expedientes», como «modificaciones en cuantía y plazo o en cualquier otro elemento de los mismos, justificación de la ejecución del contrato, reclamaciones o quejas derivadas de su objeto».

Asimismo, el juez de Instrucción ha acordado «requerir a la Junta de Andalucía para que aporte todo expediente derivado de los contratos reseñados en el párrafo anterior que hayan sido objeto de tramitación para acuerdos del Consejo de Gobierno».

Por otro lado, el juzgado pide «que se requiera a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que remita toda instrucción, dictamen, consulta o informe que haya elaborado en relación a la tramitación de expedientes por procedimiento de emergencia, adicionales al informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencias 2022-2023 de fecha 30 de julio de 2024 obrante en autos».

Otro requerimiento del juzgado es «que se oficie a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023, así como las solicitudes de informes realizadas desde el ejercicio 2020 por cualquier Consejería de la Comunidad autónoma andaluza».

También, «que se requiera a la Intervención Central del SAS para que aporte de forma sistemática y en soporte digital toda la documentación relativa a los trabajos de fiscalización –papeles de trabajos, comunicaciones con el ente auditado, memorándum, borradores– derivados de control financiero de los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia por el Servicio Central del SAS en el periodo 2020-2023 en el ámbito del artículo 9 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo; en particular los correspondientes a su informes de fecha 21 de noviembre de 2023, informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021 del SAS y de fecha 9 de noviembre de 2022, informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencias».

Asimismo, el juzgado ha acordado «que se requiera a la Junta de Andalucía para que aporte todo expediente tramitado para la aprobación por el Consejo de Gobierno del acuerdo de 6 de octubre de 2020, por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente».

Y «que se oficie a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que remita al juzgado la siguiente documentación relativa al Informe de Fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, ejercicio 2020 aprobado por el Pleno de la Cámara el pasado 26 de julio», así como «papeles de trabajo relativos a dicho informe, incluidos los sucesivos borradores elaborados del mismo», y la «relación de auditores y técnicos que hayan participado en su elaboración, con detalle de las labores realizadas».