El gran estirón pendiente en el tejido empresarial español

Desde CEOE explican que no hay una única definición de gran empresa. «En la Unión Europea se considera que una empresa grande es aquella que tiene más de 250 empleados o cuyo volumen de negocio anual excede de 50 millones de euros. Sin embargo, para la Agencia Tributaria, aquella empresa que supera los 6.010.121,04 euros de facturación en un año, a partir del año siguiente pasa a tener la condición de gran empresa. Según el Directorio Central de Empresas (Dirce) del INE, y atendiendo al número de ocupados, en España hay 4.863 empresas grandes (con más de 250 empleados).

Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University, explica que las grandes empresas en España -alrededor de 5.000-, representan tan sólo el 0,20% del tejido de nuestro país. Emplean a más de 6.8 millones de trabajadores, lo que supone casi el 38% del empleo. Casi el 75% de las grandes empresas españolas opera en el sector servicios y su actividad exportadora supone más del 56% de la cifra de exportaciones», afirma.

Por cierto, que este mayor número de pymes frente a las grandes es también una tónica en Europa. Tal y como muestran los datos de Eurostat en 2022, el porcentaje español de grandes empresas con 250 trabajadores o más (0,14%) era muy similar a la media de la UE (0,16%). «En términos del empleo que generan las grandes empresas, hay que señalar que en España el 34% del empleo se encuentra en las grandes empresas, por debajo de la media de la UE (37%), de Alemania (44%) y de Francia (46%), aunque superando a Italia (25%)», explican desde CEOE.

No hay un único factor que explique por qué España no ha logrado consolidar en su estructura económica a las grandes empresas. Los expertos apuntan a una combinación de una cultura empresarial conservadora, barreras burocráticas y una dependencia de sectores de bajo valor agregado. La tardía industrialización española, en comparación con otros países europeos, provocó que nuestro desarrollo económico se centrara en sectores como el comercio, turismo y la construcción. Además, España tiene una gran tradición de empresas familiares, que suelen ser pequeñas y medianas, y que en su mayoría mantienen el control dentro de la familia, lo que dificulta su expansión a gran escala o la entrada de capital externo.

Crecer para mal

Pero, el factor que quizá más condiciona el reducido tamaño de nuestras empresas tiene mucho que ver con la llamada «maldición del empleado 50»: llegar a este número de trabajadores contratados conlleva una serie de obligaciones en materia sindical, que resultan disuasorias para el empresario. Algo similar ocurre en materia fiscal y de auditoría cuando la empresa sobrepasa los 6 millones de euros de facturación. «El aumento de las regulaciones y de la burocracia aplicable a partir de un determinado tamaño, generalmente los 50 trabajadores, es la principal barrera al crecimiento, pero esto es común a todos los países de nuestro entorno -explica Mª Jesús Fernández, economista senior de Funcas-. Algo a tener en cuenta en el caso español es la gran fragmentación de regulaciones autonómicas que tenemos, que constituyen una barrera para la expansión geográfica de la actividad empresarial. Además, la regulación laboral en España es más rígida que en la mayoría de los países y establece muchas trabas administrativas, laborales y fiscales para el crecimiento empresarial (presentaciones del IVA más regulares, fin de los métodos abreviados para las cuentas anuales, obligación de contratar auditorías, creación de comités de empresa..) e incentiva las pequeñas empresas para que no crezcan, pues hacerlo, les llevaría a perder las ventajas fiscales, laborales y regulatorias que les otorga la legislación».

Los expertos también consideran que existe una relación directa entre tamaño y productividad. Las empresas pequeñas tienen menos economías de escala, un acceso más caro y difícil a la financiación, menor capacidad para atraer y retener talento (tanto entre trabajadores como directivos), y todo ello influye en una menor productividad y menos capacidad para, por ejemplo, exportar. «Las condiciones laborales, sueldos, etc, también son peores que en las grandes empresas –explican desde Funcas–. Las pymes desempeñan un papel fundamental en el proceso de destrucción creativa, por el cual empresas nuevas, con nuevas ideas, más ágiles y dinámicas, compiten y arrebatan su posición de dominio a las grandes empresas establecidas. Pero este proceso, que es el que alimenta el crecimiento de la productividad y el progreso tecnológico a largo plazo ha dejado de funcionar adecuadamente en Europa y en España, debido, precisamente a las dificultades para aumentar de tamaño».

Desde CEOE consideran que para poner remedio a esta situación es primordial mejorar la calidad del marco institucional y regulatorio de manera que se eviten cargas administrativas y trabas tanto a la creación como al desarrollo de las empresas que son, en muchos casos, innecesarias e injustificadas. «Es importante subrayar que los continuos aumentos de las cargas administrativas o del exceso de gravamen que soportan las empresas, que en muchos casos quebrantan incluso los principios constitucionales más básicos y necesarios para el desarrollo empresarial, como es el principio de libertad de empresa, terminan generando incertidumbre e inseguridad jurídica, justo lo contrario de lo que sería conveniente».

Por otra parte, simplificar las normativas que rigen las fusiones y adquisiciones de empresas, así como la fiscalidad aplicable en estos procesos, resulta fundamental para fomentar un entorno empresarial en el que las empresas puedan expandirse. Las fusiones y adquisiciones son herramientas clave para que las empresas crezcan y ganen competitividad, ya que les permiten acceder a nuevos mercados, adquirir tecnologías innovadoras, optimizar costes y aprovechar economías de escala. También sería necesario ofrecer planes de financiación alternativos al crédito bancario para que las pequeñas empresas puedan acometer nuevos proyectos que aceleren el crecimiento empresarial.

«Habría que actuar sobre esas regulaciones para que algunas fueran pospuestas o introducidas de manera más gradual, de forma que no crearan un efecto frontera que desincentivara a las empresas a crecer -explican desde el IE-. También es importante mejorar la capacidad de gestión de sus equipos directivos, para que sean capaces de asumir la mayor complejidad en la gestión que implica el aumento de tamaño. Nuestra economía necesita a las empresas grandes porque estas poseen mayores recursos financieros, mejor acceso a financiación y mayor capacidad de inversión. Además, cuentan con plantillas con mayor capacitación, tienen mayor posibilidad de captar el mejor talento, y su productividad es mayor, tanto por la mayor formación de sus empleados como por el mayor acceso a bienes de capital y a tecnologías. Por último, pueden dedicar más recursos a proyectos de I+D y tienen una mayor propensión a exportar».

No solo eso, sino que también son importantes para las pymes. Es habitual que las pequeñas y medianas empresas formen parte de las cadenas de suministros, tanto en bienes como en servicios, para las grandes empresas, lo que supone una fuente de ingresos, en ocasiones relativamente estable para estas empresas de menor tamaño. «La colaboración con grandes empresas en ocasiones también permite facilitar o impulsar la internacionalización de otras empresas más pequeñas y el acceso a nuevos mercados. Además, desde un punto de vista propio de la competencia, la mayor agilidad de las pymes al detectar tendencias o nuevas necesidades les impulsa a complementar la oferta que realizan las grandes empresas o a focalizar dicha oferta en segmentos concretos de la población», explican desde CEOE. «Sin embargo, en los últimos años se ha visto un mayor interés en fomentar la innovación, el emprendimiento y la internacionalización, por lo que podrían surgir grandes empresas en el futuro, especialmente en sectores como el tecnológico y el energético», concluyen.