El Gobierno vuelve a aprobar el techo de gasto

Pendientes del apoyo de Junts, ERC, Podemos o CC

La atención está de nuevo en Junts, que ya tumbó la primera senda de estabilidad presentada en la Cámara Baja. Entonces, la formación independentista lo achacó a la baja ejecución para Cataluña de los anteriores presupuestos y esta vez amenaza con hacer lo propio en caso de que no se cumplan los acuerdos alcanzados en materia de financiación.

Pero no son los únicos que muestran reticencias. También desde ERC recelan del cumplimiento de los acuerdos y no han garantizado aún su apoyo a unas nuevas cuentas públicas, como tampoco otros socios del bloque de la investidura como Podemos o Coalición Canaria, que en este caso amenaza con retirar el apoyo al Ejecutivo por la crisis migratoria.

Para atraer su voto a favor, desde el Gobierno insisten en que es una senda “buena” tanto para Cataluña como para el resto de comunidades, pues contempla una inyección adicional de 15.000 millones de euros para sus arcas públicas. Y critican al PP, que ya ha adelantado que se valdrá de su mayoría absoluta en el Senado para intentar frenar su tramitación.

«Fue el propio PP en el Senado quien votó en contra de parte de la senda de déficit con la que las comunidades y los ayuntamientos dejaron de percibir 15.000 millones de euros», ha señalado este lunes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en una entrevista en TVE al ser preguntada por la propuesta que los de Alberto Núñez Feijóo van a trasladar al gobierno en materia de financiación autonómica. 

Techo de gasto de récord

En cualquier caso, la senda de estabilidad 2025-2027, que fija los objetivos de déficit y deuda para dicho periodo, llegará este martes al Consejo de Ministros sin cambios respecto a la presentada en julio.

El límite de gasto no financiero alcanzará los 199.171 millones de euros, marcando un récord histórico al contar con los fondos europeos. Al mismo tiempo, el Ejecutivo prevé que la senda de déficit siga reduciéndose hasta el 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027; unas cifras que se asientan en unas previsiones de crecimiento económico del 2,4% este año, el 2,2% en 2025 y el 2% tanto en 2026 como en 2027.

Según destacó Montero durante su presentación, será la Administración Central quien asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos. Así, se contempla una flexibilización del déficit para las comunidades en el periodo 2025-2027, con una tasa del -0,1% y el equilibrio presupuestario para los ayuntamientos.

Presupuestos con o sin apoyos al techo de gasto

Una vez aprobada en el Consejo de Ministros, pasará al Congreso y, si el Ejecutivo reúne los apoyos suficientes, al Senado. Allí es previsible que la mayoría absoluta del PP tumbe la nueva senda, aunque esto ya no será un obstáculo para el Gobierno.

Cabe recordar que en junio la mayoría del Congreso aprobó, a través de una enmienda en la ley de Paridad, eliminar la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de estabilidad. La misma recoge que, en caso de ser rechazados por la Cámara Baja, se someterán a una nueva votación en el Congreso y quedarán aprobados si el Pleno los ratifica por mayoría simple. Frente a esta medida, el presidente del Senado, el ‘popular’ Pedro Rollán, anunció en agosto que recurrirán al Tribunal Constitucional.

También existe la posibilidad de que, como ocurrió en julio, el Congreso tumbe la senda de estabilidad y esta sea devuelta de nuevo al Gobierno. Sin embargo, esto no impediría la presentación de las cuentas, según recalcó la ministra de Hacienda: «Con senda o sin senda vamos a presentar Presupuestos«, afirmó. En este caso, explicó, se aplicaría la senda vigente, que fija unos objetivos de estabilidad más estrictos para comunidades autónomas y ayuntamientos que los propuestos, pero más laxos para el Estado. 

El desenlace se conocerá en paralelo a la aprobación del plan fiscal-estructural ajustado a las nuevas reglas fiscales europeas, que tras un parón por la COVID-19 se han retomado en este ejercicio. En este sentido, las instituciones europeas dirigieron a España una recomendación específica dirigida a limitar en 2024 el crecimiento del gasto primario, algo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que no cumplirá. Está previsto que el Ejecutivo las presente este otoño.