El Gobierno propone «blindar» el parque público de vivienda
«Es necesario blindar el parque público de vivienda, el suelo público y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre». Así lo ha defendido este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados, donde ha defendido la acción de su departamento y ha pedido apoyo a los grupos políticos y las comunidades autónomas para desarrollar la ley estatal de vivienda.
En su discurso, que ha comenzado admitiendo la «gravedad del problema», Rodríguez ha fijado como objetivo prioritario «ampliar» ese parque público y ha enumerado cinco ejes de su política de vivienda: el «refuerzo sin precedentes de los recursos económicos y la financiación destinada a la política de vivienda»; la regulación, con la ley antes citada y el reglamento de alquiler de temporada, aún en trámite; la fiscalidad y la movilización del suelo con protección del parque público; y el «diálogo».
«Lo que hemos hecho, tanto esta ministra como el conjunto del Gobierno, es no parar de trabajar», ha asegurado.
Los socios parlamentarios presionan al Gobierno
La comparecencia, solicitada por ERC, EH Bildu y el BNG y apoyada por PP y Sumar, llega después de las movilizaciones por el derecho a la vivienda en ciudades como Madrid o Valencia. Los grupos parlamentarios han cuestionado a la ministra por su «inacción» y «falta de medidas» ante la subida de los precios, presión que llega también desde dentro del Ejecutivo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó este martes en La hora de al 1 que considera que no están haciendo «todo lo que tienen que hacer» y fue más allá el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, al advertir a Rodríguez que está en una «encrucijada» que amenaza la legislatura: «O se está con los rentistas o con la Constitución», dijo, en la línea de pedir más intervención en el mercado que han mantenido hasta ahora.
En la víspera, Rodríguez se sentó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una treintena de organizaciones sociales y empresas del sector inmobiliario y de la construcción, en la tercera reunión para abordar el problema de la vivienda en España. No acudió el Sindicato de Inquilinas, que declinó la invitación por la presencia de la patronal inmobiliaria, que considera responsable del alza de precios del alquiler. El encuentro —positivo y propositivo, según la ministra— concluyó con la decisión de crear grupos de trabajo, mientras los activistas por el derecho anunciaron nuevas movilizaciones en noviembre en Sevilla, Málaga y Barcelona.
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