El Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba rechaza la tasa de residuos «impuesta» por el Gobierno

En un manifiesto, el Consejo ha concretado que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha supuesto «un nuevo mazazo» para los ayuntamientos españoles y sus vecinos en el que «el Gobierno central ha demostrado, una vez más, falta de empatía, de diálogo y de capacidad de gestión respecto a un asunto importante en materia de economía circular y sostenibilidad que ha terminado convirtiéndose en un paso más hacia la asfixia financiera de la administración local».

Asimismo, señala que esta ley recoge el testigo de una directiva europea que propone calcular el consumo de residuos por hogar y los niveles de reciclaje, de tal forma que grave a aquellos que más contaminan, si bien matizan que la directiva europea «no establece el régimen de aplicación, por lo que cada Estado miembro decide cómo se articula».

«El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido regular esta directiva mediante la imposición de una tasa de recogida de residuos que cada ayuntamiento deberá repercutir a todos sus vecinos, con la dificultad añadida de que será también la administración local la que deberá adaptar su servicio a la necesidad de calcular el nivel de generación de residuos de forma individual, lo que se traduce en millones de euros de inversión en nuevos contenedores y maquinaria, sin ningún mecanismo de financiación extraordinaria», ha recriminado al Ejecutivo los alcaldes.

Estos representantes municipales del Partido Popular de la provincia de Córdoba consideran una «injusticia evitable por parte del Gobierno central, que sólo se acuerda de los ayuntamientos para delegar más servicios sin que vengan acompañados de recursos económicos».

Tributos propios

Ante esta situación, el Consejo de Alcaldes propone un aplazamiento del límite de ejecución establecido por la Ley para el pleno funcionamiento de esta tasa, actualmente fijado en el 1 de abril de 2025.

Además, pide respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, «permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal».