el caso del asesor detenido por poseer material pedófilo

No es la primera vez que estas mismas preguntas se formulan a una organización política en la que Yolanda Díaz ejerce un puesto de responsabilidad. En abril de 2016, durante su etapa como diputada autonómica en Galicia bajo las siglas de la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), agentes de la Policía Nacional irrumpieron en las instalaciones del grupo parlamentario para detener a uno de sus asesores más cercanos, Ramiro S. M., que estaba siendo investigado por presunta posesión y distribución de pornografía infantil.

Según acabó confirmando el detenido en sede judicial, utilizaba su ordenador del Parlamento para estas actividades, intercambiando material pedófilo con usuarios de otros países. El portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, se apresuró a anunciar ese mismo día el despido fulminante de este asesor, al que también se le suspendió de militancia; su entorno aclaró que procedía de Ferrol, del cupo de colaboradores que correspondía a la Esquerda Unida (EU) que entonces lideraba Yolanda Díaz.

Purga y expulsión

Al estupor del primer momento le siguió una creciente indignación entre la militancia de EU en Ferrol. Siete años antes, en febrero de 2009, dos militantes de la agrupación habían denunciado la aparición de búsquedas de contenidos pedófilos en un ordenador de la sede local de la calle del Sol. Entre los posibles responsables estaba Ramiro S. M., asesor ya en aquella época y que disponía de claves de acceso y de llaves de las instalaciones. «Era la única persona que vivía sola y las búsquedas se hacían a altas horas de la noche», relató hace unos años a ‘La Voz de Galicia’ una de las denunciantes.

Los militantes que descubrieron estos hechos los pusieron de inmediato en conocimiento de sus superiores jerárquicos, entre ellos Yolanda Díaz, coordinadora general de Esquerda Unida en Galicia. Ante la inacción de su organización, decidieron presentar una denuncia en la comisaría de Policía de Ferrol. Para su sorpresa, un mes más tarde, el consejo político nacional de EU abría una investigación interna pero, al mismo tiempo, les suspendía de militancia. Acabaron siendo expulsados del partido, a pesar de su larga y acreditada trayectoria.

Preguntada en su momento por este caso –que acabaría siendo archivado, al no poder identificarse al autor de las búsquedas pedófilas, que el juez acreditó que sí se produjeron– Díaz contestó que había sido ella la que había presentado también una denuncia. Fue la misma respuesta que dio a Santiago Abascal en el debate a tres de la campaña de las elecciones generales de 2023 cuando el líder de Vox le refrescó el caso. Sin embargo, la suya estuvo dirigida más contra quienes destaparon el asunto por una supuesta difamación de la imagen de EU que contra los posibles responsables del mismo.

Ramiro S. M. no era una persona cualquiera en el entorno de la hoy vicepresidenta del Gobierno. En aquel 2009 ya poseía una larga trayectoria en el seno de Esquerda Unida. En las autonómicas de 1997 había ocupado el sexto puesto en la candidatura en la que Díaz era la número nueve; en 2005 fue el octavo candidato de la lista que encabezó la también ministra de Trabajo. Eran malos tiempos para IU, que no logró representación.

El asesor fue candidato izquierdista a la alcaldía de Santiago de Compostela en 2003, con idéntico resultado. Y mientras Díaz cohabitó con el PSOE en el gobierno local ferrolano (2007-2008), éste ocupó la secretaría de su Tenencia de Alcaldía. Cuando la ferrolana alcanzó el Parlamento gallego se lo llevó como asesor de AGE. La cercanía era innegable. Tras su detención en 2016, Díaz no ocultó ni su sorpresa ni su indignación ante los hechos. Como en 2024.