El ayuntamiento vallisoletano de Arroyo pide «la implicación» del Defensor del Pueblo y las federaciones de municipios «contra la okupación»

De ahí que Fernández exija la «implicación» de estas instituciones en «la denuncia y búsqueda de soluciones reales a la okupación de viviendas». «Ese asalto a la propiedad privada se ha convertido en un método indirecto para el acceso a una vivienda social sin que sus beneficiarios tengan que cumplir con el procedimiento establecido para beneficiarse de esa ayuda pública», señala el regidor en la remesa de misivas.

Un nuevo paso dado desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, una localidad que ya supera los 20.000 habitantes y cuyo pleno aprobó recientemente -con los votos a favor de todos los grupos, salvo la abstención del PSOE- una moción en la que conminaba al Gobierno central y a las Cortes generales «a la adopción de medidas y cambios legales para arbitrar herramientas para luchar contra esta compleja problemática».

«La okupación ha derivado en un perverso e ilegal sistema de acceso a la vivienda. Primero se asalta y ocupa ilegalmente una propiedad y, posteriormente, abusando del sistema de protección social, se obtiene el título para mantenerse de forma permanente en ella», censura el alcalde de Arroyo en sus cartas. Y el regidor, del partido Independientes por Arroyo (IPAE), apunta directamente al Gobierno de España, al que acusa de «promover políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario». Una situación que «no ocurre en ningún país de la Unión Europea y sobre lo que la FEMP guarda silencio», censura el alcalde.

La mitad, bajo okupación

Como ejemplo, señala, lo que ocurre en el propio Arroyo, donde en la comunidad Arroyoverda, sus más de 200 vecinos «llevan casi tres años soportando una situación de conflicto social motivada por la okupación de cerca de la mitad de las viviendas del edificio en el que residen». «Esto, lejos de resolverse, lleva camino de consolidarse debido a que los ocupantes ilegales están cerca de obtener su ‘premio’ con la conversión en viviendas sociales de estos inmuebles por las que abonarán un alquiler social al Sareb», recrimina, según han dado a conocer desde el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, critica con severidad el papel de esta entidad creada por el propio Estado en 2012 y que, afea Sarbelio Fernández, «parece haberse convertido en una suerte de inmobiliaria que regala alquileres sociales y convierte en públicos unos inmuebles que no se concibieron para tal fin, obviando el daño que causan al resto de propietarios; los legítimos, los que pagaron y pagan por vivir allí».

«Desde nuestro Ayuntamiento no estamos dispuestos a admitir que las perjudicadas sean las familias», advierte, por lo que ve «urgente arbitrar los procedimientos necesarios para proceder al desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente y revisar la aplicación de políticas que, de facto, legalizan okupaciones al amparo de los sistemas de protección social del que abusan los ocupantes ilegales».

Por todo ello, exige a las tres instituciones «una defensa firme de la autonomía municipal y autonómica en materia de vivienda, sin la interferencia del Estado, a través del Sareb», así como promover cambios legislativos para modificar «esta perversa Ley de Vivienda que favorece al okupa y castiga al propietario», así como la Ley de Bases de Régimen Local que viene obligando a los ayuntamientos a empadronar a los okupas.