Consumo pide etiquetar los productos procedentes de territorios «ilegalmente» ocupados por Israel como productos palestinos
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido a todas las empresas que importen productos desde territorios palestinos ocupados «ilegalmente» por Israel desde 1967 a etiquetarlos «adecuadamente» para que «reflejen de manera clara» el «origen y proveniencia» del mismo.
Así lo ha manifestado a la prensa minutos antes de su participación en el acto institucional por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El ministro ha explicado todos los detalles de esta directriz con la que su gabinete pretende «garantizar» que los consumidores «puedan ejercer su derecho a disponer de información veraz en todas sus decisiones de compra«.
En este contexto, Bustinduy ha recordado que «hace apenas unos meses», la Corte Internacional de Justicia «ratificó» en un dictamen la posición de la Unión Europea y de España respecto a esta materia e «instaba a todos los Estados a que, en sus relaciones comerciales, hagan lo que sea necesario para impedir que se perpetúe esa realidad», al tiempo que hizo hincapié en que España había solicitado «reiteradamente» la suspensión del acuerdo comercial con Israel por «la cláusula de violaciones de derechos humanos«.
Tras esto, Bustinduy ha defendido que, mientras la Unión Europea mueve ficha y lo «adopta», el «objetivo» de su departamento es que «todos los consumidores en España puedan disponer de esa información» para sus decisiones de compra, por si quieren «asegurarse de que no están contribuyendo al mantenimiento de esta situación ilegal de la ocupación y del genocidio en curso en Palestina«.
Cuando ha sido preguntado por qué productos y empresas importaban desde las zonas ilegalmente ocupadas, el ministro ha evitado dar nombres y tampoco ha detallado qué productos llegan desde allí.
Asimismo, ha señalado que la normativa «es bien clara» y que «todos los operadores y agentes económicos deberán atenerse a ella», porque, en el caso de que no sea así, «el Ministerio no dudará en ejercer su capacidad sancionadora«.
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